• Medio de comunicación victimiza a los terratenientes y criminaliza a los pueblos indígenas y sus luchas por recuperar sus tierras.
  • Los reportajes del medio incluyen únicamente entrevistas a los usurpadores no indígenas y a sus representantes legales, desinformando a la población.

 

Por Alejandro Arguedas

La tarde del miércoles 12 de febrero, el noticiero Telenoticias, propiedad de la empresa Televisora de Costa Rica, transmitió un reportaje cargado de un discurso racista, mentiroso y malintencionado. Este reportaje, titulado “Finqueros desalojados en Salitre aseguran que policía colabora con indígenas” es la continuación de otra publicación del medio transmitida 2 días antes y trata sobre la lucha de los indígenas bribri por recuperar sus territorios en Salitre, pero contada únicamente desde el punto de vista de los invasores terratenientes.

Solo con analizar el titular se pueden estimar las verdaderas intenciones de este reporte, que en primer lugar se refiere a los terratenientes y empresarios como finqueros, un término mucho más humilde, para luego describirlos como desalojados, convirtiéndolos así en las víctimas despojadas de las tierras. Finalmente, el mencionar la supuesta colaboración entre policías e indígenas como algo inusual e incluso inaceptable se puede llegar a prestar para que los espectadores vean a los indígenas como los malos.

El contenido del reportaje termina entregando lo que el título ofrecía: una serie de entrevistas realizadas únicamente a los terratenientes, a sus abogados y representantes legales, y a vecinos de la zona conocidos por ser afines a los intereses de estos terratenientes, a quienes el reportero prefiere llamar indígenas bribri que se oponen a la violencia cometida por algunos grupos. En las entrevistas, estos actores no hacen más que quejarse de los indígenas que, mediante supuestas acciones violentas que ni siquiera se molestan en ejemplificar, intentan quitarles las tierras que, según argumentan, les pertenecen por derecho o las han tenido por varias décadas. 

Sucede que hay dos detalles que tanto el reportero Álvaro Sánchez como los entrevistados no toman en cuenta. El primero es el contenido de la ley indígena de 1977, apenas mencionada en el reportaje. El artículo 3 de esta ley dice: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para quienes los habitan. Los NO INDÍGENAS no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas…todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso (…)”.

En conclusión, ninguna propiedad dentro del territorio indígena de Salitre le puede pertenecer ni por derecho ni por ley a ningún empresario, terrateniente o persona no indígena; independientemente de por cuánto tiempo la haya usurpado. El segundo detalle es que el reportaje ignora el punto de vista de los indígenas y las usurpaciones violentas que ellos han sufrido por parte de los terratenientes.

 

Breve crónica sobre la lucha de los pueblos indígenas de Salitre por sus territorios

 

Desde la aprobación de la Ley Indígena 6172 en el año 1977, que pretendía permitir a los campesinos indígenas Bribri y a sus familias ser dueños de sus propias tierras dentro de una zona delimitada, no ha parado de haber ocupaciones masivas ilegales de terratenientes no indígenas en la zona. Uno de estos casos es el de los ataques dirigidos contra el indígena bribri Mainor Ortiz Delgado. Según un comunicado de prensa del Consejo Dtisö Iriria Ajkönuk Wakpa, en 2013 diez hombres no indígenas lo hirieron con un machete en la oreja izquierda para después quemar su pecho con un hierro ardiendo (de marcar ganado) y dispararle en el muslo de su pierna izquierda. A pesar de identificar a sus atacantes y a pesar de testimonios de otros Bribri presentes, el Estado desestimó el caso por no existir prueba suficiente para individualizar al responsable de los hechos.

Mainor Ortiz y su familia lograron recuperar una tierra en el año 2015, lo cual los convirtió a todos en un blanco de los hermanos no indígenas Eliodoro y Rodrigo Figueroa Uva, conocidos y denunciados por la comunidad por portar armas de fuego y usarlas para amenazar a los hijos de Mainor y otros niños que habitan la zona, y provocar daños a la propiedad de campesinos Bribri. Ese mismo año, debido a la amenaza que representaban los usurpadores no indígenas para los Bribri, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió tomar acción y emitir una serie de Medidas Cautelares, ordenándole al Gobierno de Costa Rica que las ejecutara para proteger las vidas e integridad física de los Bribri y sus vecinos, los Brörán.

La evidencia empírica ha demostrado que el gobierno no tomó esas medidas. En 2016 varios desconocidos destruyeron el rancho de madera y techo de zinc con plástico de Mainor, arrancando las bases y el techo. Este caso terminó siendo archivado. En 2017, el día antes de proporcionar testimonio oficial en una audiencia contra otro agresor no indígena, Mainor recibió llamadas por una persona diciendo “yo te conozco, en cualquier momento te voy a agarrar a balazos; deja de comportarte como un hombre”. El número de teléfono se le dio al Ministerio de Justicia y Paz, nadie fue sancionado.

Sin embargo, la mayor prueba de la falta de acción del gobierno se mostró el día 18 de marzo de 2019, cuando el líder indígena Sergio Rojas murió asesinado por 15 disparos mientras estaba en su casa. Telenoticias tuvo el descaro de mostrar este acontecimiento como la causa principal de que el conflicto entre indígenas y finqueros se intensificara, cuando en realidad es más una consecuencia de este y de la negligencia del gobierno.

El domingo 9 de febrero de 2020, casi un año después del asesinato de Sergio, Eliodoro Figueroa Uva le disparó en la pierna a Minor Ortiz Delgado, quien en ese momento se encontraba  trabajando en su finca, acompañado por su hermano, su pareja, y sus tres hijos menores de edad. Dicha finca justamente es parte del terreno que él logró recuperar en 2015. Figueroa Uva fue detenido y acusado por el delito de tentativa de homicidio, pero fue liberado el lunes 10 de enero con la medida cautelar de no molestar, perturbar, ni agredir al ofendido y su familia; resolución que fue apelada por el Ministerio Público. Múltiples organizaciones indígenas rechazan esa resolución y consideran insuficientes y negligentes las medidas impuestas al agresor, ya que, él mismo vive a menos de 1 km del ofendido, de hecho, Mainor Ortiz y su familia tienen que pasar por el camino que pasa al frente de la tierra que usurpa Figueroa Uva. Este caso reciente muestra que el gobierno aún no ha tomado las Medidas Cautelares necesarias.

 

Por un periodismo popular en favor de los sectores explotados

 

Es nuestro deber denunciar este tipo de casos en donde los medios de comunicación hegemónicos actúan bajo los intereses de sectores privilegiados y criminaliza a los grupos históricamente oprimidos que luchan por la justicia social y por su propia autodeterminación. No hay que olvidar que los medios de comunicación tienen la importante tarea de mantener informado al pueblo y por lo tanto el deber moral de darle información verídica y crítica. Mantener al pueblo desinformado como pretenden es más una muy eficiente vía para explotarlo y alienarlo.

Para que los medios de comunicación cumplan con su verdadero propósito, el objetivo es conformar un modelo de periodismo popular, del pueblo para el pueblo, donde sean las y los trabajadores (periodistas) quienes gestionen las agencias de noticias en lugar de empresarios nacionales o extranjeros, y donde estas agencias respondan a los intereses del pueblo al que tienen el deber de informar y no al de alguna élite o sector privilegiado. De momento, continuar denunciando los medios de (des)información hegemónicos tradicionales podría ser la primera tarea para realizar este objetivo.

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