SE VENDE: Empresas públicas a remate para pagar deuda

La venta del BCR, el INS y Bicsa tienen el objetivo político de consolidar las medidas ajustadoras impulsadas por el gobierno y abriría las puertas para que vengan por todo.

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Rodrigo Chaves aprovechó el espectáculo que montó en ocasión de sus cien días en el gobierno para marcar algunas de las líneas de ajuste que impulsará en lo venidero. Entre estas destacaron los anuncios de su intención de privatizar tres empresas estatales: el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa). En el caso de los dos bancos su propuesta es vender la totalidad de las acciones y el 49% de las del INS.

El BCR es una de las instituciones financieras mas antiguas del país, se fundó en 1877 y fue nacionalizado en 1948. Actualmente es el segundo banco más grande del país con 1,8 millones de clientes, activos por ₵7,26 billones y una cartera de crédito por ₵4,10 billones. Además, tiene 128 oficinas en todo el país y emplea a 3.987 personas. En 2021 tuvo ganancias netas por ₵54 mil millones, estas posterior al pago de un 33% de las utilidades brutas que se destinan a cargas parafiscales que benefician a instituciones como Conape (prestamos estudiantiles), CNE (atención de emergencias), Infocoop (cooperativas) e IVM (seguridad social).

El INS es la aseguradora más grande del país y de Centroamérica, tiene un patrimonio de ₵1,14 billones y activos por ₵2,35 billones, además, el año pasado reportó utilidades por ₵198 mil millones. Esta institución mantiene la exclusividad en los seguros obligatorios de trabajo y de vehículos. Después de la CCSS es el ente que más atención medica brinda en el país, incluso en 2020 donó ₵75 mil millones a la atención de la pandemia. Además, es el responsable del Cuerpo de Bomberos y del Museo de Jade (con la mayor colección de piezas precolombinas en el país de este material). Finalmente, Bicsa es un pequeño banco domiciliado en Panamá y cuyos propietarios con el BCR (mayoritario) y el Banco Nacional. En 2021 registró ganancias por ₵2,5 mil millones.

A estas instituciones se le suman otras propuestas que en los últimos años impulsan privatizaciones de bienes estatales. Recientemente un grupo de parlamentarios presentó un proyecto para vender el 49% de la Fabrica Nacional de Licores (Fanal). En este caso la argumentación es un completo sinsentido, ya que, la excusa es que la empresa no produce suficiente, manteniendo desabastecido al mercado, pero esta situación es así porque la regla fiscal le impide comprar más materia prima. Por otra parte, el año pasado se impulsó otro proyecto que procura la venta de bienes “ociosos” del Estado, los cuales definen como los que “no generen utilidades, beneficios o rentabilidad”. Esto incluye los bienes de dominio público tales como parques o playas. Cada institución pública tendría que remitir anualmente una lista de estos bienes al Ministerio de Hacienda para su remate y se estima que se venderían ₵140 mil millones en cuatro años.

La venta de estas instituciones se publicita con el propósito de abonar a la gigantesca deuda pública del gobierno, que ascendió a ₵28 billones al cierre del 2021 y que consume el 40% de presupuesto nacional. Se estima que por las tres instituciones se obtendrían ₵1,8 billones, lo que supone apenas el 6,5% del monto de la deuda. Con esta propuesta se abre el camino para avanzar con la reducción del aparato estatal a punta de regalarle enormes negocios al empresariado. Tan ruin es este plan que se pretende apropiarse de una significativa cantidad de recursos de los sectores trabajadores al aspirar a que sean las Operadoras de Pensiones las que compren el INS.

Estas ideas no son nada nuevas: Chaves en su tiempo como ministro de Hacienda impulsó la venta de Fanal, el BCR se intentó vender en la administración de Figueres Olsen y Otto Guevara presentó proyectos en la misma línea. Lo novedoso es el ambiente político y el gobierno ultraneoliberal que las impulsa. El actual es un gobierno autoritario, con cierta popularidad social y una Asamblea Legislativa que en su mayoría esta alineada con los trazos gruesos del ajuste. Asimismo, en este momento las burocracias sindicales están derrotadas y completamente sumisas, lo cual abona al mantenimiento de una relativa y superficial calma social donde no se expresa la bronca que hay por abajo en las calles. Esta mezcla de factores es peligrosísima para los sectores populares.

Las privatizaciones son una propuesta clásica de las burguesías como parte de sus medidas de ajuste y esta no es la excepción, sin embargo, en el asunto no solo tiene que ver un elemento monetario de rematar estos activos para pagar la deuda, sino también hay un componente político que no se puede perder de vista. En última instancia estos anuncios forman parte de un plan más amplio para asestarles un duro golpe a los sectores trabajadores y avanzar en el desmantelamiento estatal (desde una perspectiva burguesa reaccionaria). De aprobarse estas medidas no hay duda de que el gobierno posteriormente irá por el ICE, por Recope y por la CCSS. Lograr las privatizaciones instalará en la conciencia de los sectores populares (mayormente despolitizados) la idea de que ese el camino. Sería una conquista de la ideología burguesa muy significativa y va de la mano con la visión de que el Estado solo debe cumplir un rol de mero garante de las relaciones sociales, es decir, de defensor de la propiedad privada y represor de los sectores populares, dejando el cumplimiento de las necesidades y derechos a quien pueda pagarlos.

Desde abajo hay que plantarse en contra de estas medidas, no por una defensa incondicional de las instituciones por sí mismas, ya que, dentro del Estado burgués estas no están colocadas en beneficio de la clase trabajadora, por lo que también hay que luchar por democratizarlas, por que estén bajo control de la gran mayoría. Sino en el entendido de que cada paso adelante del gobierno es un retroceso para las y los de abajo. Cada propuesta de Chaves lleva consigo un ataque para los salarios, para las condiciones de vida o para los derechos. El gobierno de Chaves engloba un programa integral de ajustes, por lo que hay que luchar contra él en su totalidad. Para esto es necesaria la organización y la discusión desde abajo para tomar medidas en las calles y derrotar el ajuste.

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