• El gobierno de Carlos Alvarado, en acuerdo con la UCCAEP encontró en la pandemia un elemento “dinamizador” de su agenda anti-obrera.

Por Víctor Artavia

La agudización de la crisis económica internacional, producto de la pandemia de Covid-19 y las medidas de cuarentena, es la excusa perfecta para que los empresarios y gobiernos capitalistas ataquen a la clase trabajadora.  Nuestro país no es la excepción, pues el gobierno de Carlos Alvarado, en acuerdo con la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), encontró en la pandemia un elemento “dinamizador” de su agenda anti-obrera, cuyo objetivo es proteger las ganancias de los capitalistas a costa de los sectores explotados y oprimidos.

 

Reducción de jornadas y suspensión de contratos en el sector privado

A pocos días de iniciada la cuarentena, la UCCAEP solicitó al gobierno una ley para reducir las jornadas de trabajo y, por consiguiente, el pago de los salarios. El gobierno no tardó en complacer a los patrones, pues el 18 de marzo la Ministra de Trabajo presentó, ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de “Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional”, la cual fue aprobada por los diputados y diputadas el 21 de marzo (con el vergonzoso apoyo de José M. Villalta del Frente Amplio) y publicada en la Gaceta dos días después. Así, en cuestión de seis días naturales, fue legalizada la exigencia de la UCCAEP para reducir las jornadas laborales y salarios en un 50% o 75%.

Igual de eficiente fue el gobierno cuando la UCCAEP exigió agilizar el procedimiento para la suspensión de contratos de trabajo, lo cual ya estaba estipulado en el Código de Trabajo, pero que implicaba un mayor control administrativo. Nuevamente, el Ministerio de Trabajo se puso a trabajar en función de las patronales y confeccionó un reglamento más sencillo para garantizar las solicitudes de suspensión de contratos que, para efectos prácticos, es un despido temporal donde el patrón no paga el salario ni prestaciones laborales (cesantía, preaviso, vacaciones, aguinaldo), dejando a la persona trabajadora totalmente desamparada durante los meses que se extienda la medida.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo (al 10 de junio) un total de 5.704 empresas recurrieron a estas medidas: 2.729 suspendieron contratos, lo cual afectó a 33 mil trabajadores y trabajadoras; 2.975 rebajaron las jornadas de trabajo, afectando a otras 61 mil personas.  Para empeorar el cuadro, hay miles de solicitudes pendientes de resolver en los próximos días: 2.647 para suspensión de contratos y 3.847 para reducción de jornadas laborales.[1]

Esto es injusto, porque las personas trabajadoras dependen por entero de sus salarios para sobrevivir y afrontar los gastos de comida, alquileres, pago de servicios, etc. Por otra parte, los grandes empresarios, aunque vean afectadas sus ganancias temporalmente por las medidas de cuarentena, NO VAN A PASAR HAMBRE PORQUE SON MILLONARIOS.

 

Repartidores: más precarización para los más explotados

El trabajo de repartidores de aplicaciones se tornó muy importante durante la pandemia, pues las medidas sanitarias de confinamiento representaron un crecimiento en la demanda de comida para el hogar. Debido a esto, las empresas de aplicaciones aumentaron sus ingresos significativamente en los últimos meses, pero aprovecharon el clima de ataques contra los derechos laborales para precarizar más a los repartidores. Por ejemplo, la empresa Glovo varió la tarifa base de 600 a 250 colones, reduciendo los ingresos de los repartidores que, para completar el ingreso, realizan jornadas de 12 o 14 horas diarias. Asimismo, las empresas no aportaron ningún tipo de implemento de seguridad sanitaria a los repartidores durante la pandemia (exponiéndolos al contagio).

Este sector es uno de los más precarizados de la nueva clase trabajadora, compuesta mayoritariamente por jóvenes que no cuentan con seguridad social, derecho a vacaciones o aguinaldo, así como a las prestaciones laborales (cesantía, preaviso). De acuerdo a las empresas de aplicaciones, los repartidores son “colaboradores” y, por lo tanto, no existe una relación laboral de dependencia entre las partes.

Por estos motivos, los repartidores se organizaron para exigir a las empresas mejores condiciones de trabajo, implementos sanitarios, aportes para el mantenimiento de las motocicletas, bicicletas y teléfonos móviles, así como la formalización de la relación laboral. En mayo realizaron dos movilizaciones que, a pesar de ser pequeñas, son muy progresivas porque denotan un esfuerzo por la organización gremial en el sector privado (desafiando la “dictadura de las patronales”) y como parte de un movimiento internacional de repartidores para organizarse.

 

Piñas y pandemia: el trabajo esclavo en la agro-industria

Algo similar sucede con los obreros de las piñeras, donde las condiciones de explotación laboral rayan en la esclavitud. Los trabajadores de la agroindustria, en su mayoría migrantes indocumentados nicaragüenses, están sometidos a condiciones brutales en las fincas, donde laboran jornadas de 10 horas por tres mil colones diarios o, en otros casos, reciben solamente 1.500 colones por la recolección de una terraza, lo cual requiere ocho horas de arduo trabajo[2]. A esto se suma la falta de seguridad social, por lo que cuando sufren accidentes laborales (comunes debido a la actividad), no tienen como atenderse y, peor aún, son regañados por sus empleadores por “no cuidarse”.

Este régimen de explotación laboral se sustenta legalmente con la figura del “contratista”, un tercero que es contratado por las empresas para adquirir los servicios de los peones, quienes laboran en las fincas pero no en calidad de trabajadores directos de la plantación. Así, los empresarios pagan salarios miserables por debajo del mínimo y no aseguran a los obreros, pues en teoría eso está cubierto por el servicio que vende el contratista, los cuales hacen el trabajo sucio para preservar la buena imagen de los empresarios de la UCCAEP.

Estas condiciones de esclavitud laboral explican que las piñeras y otras agroindustrias sean actualmente el principal foco de contagio de la pandemia, pues en las fincas no existe la menor preocupación por la salud de los obreros. Los medios de comunicación y autoridades explotan la xenofobia para responsabilizar a los obreros nicaragüenses de la propagación de la pandemia en la zona norte, pero callan sobre la responsabilidad de los empresarios agroindustriales que no garantizan ningún tipo de protocolo sanitario en las plantaciones.

 

Recortes presupuestarios y ataques a los salarios en el sector público

En medio de la pandemia quedó demostrada la importancia de las instituciones estatales para enfrentar una crisis sanitaria de tal magnitud. Además del aporte de la CCSS, hay que destacar el papel de la Universidad de Costa Rica (UCR) que, por medio de sus institutos y laboratorios especializados, realiza importantes aportes científicos. Por ejemplo, el Instituto Clodomiro Picado de la UCR (especializado en sueros antiofídicos), elaboró un suero para el tratamiento del coronavirus a partir del plasma de pacientes recuperados.

A pesar de esto, el gobierno quiere recortar 20 mil millones del presupuesto para la educación superior (FEES), tal como propuso el Ministerio de Hacienda, que se suma a los 13 mil millones que dispusieron las universidades para la atención de la pandemia. Por si esto fuera poco, desde la Asamblea Legislativa se presiona para reformar constitucionalmente el financiamiento para las universidades públicas, sometiéndolas a la regla fiscal (ver nota p. 6). Algo similar ocurrió con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), al cual el gobierno recortó un 60% del presupuesto que de mayo a diciembre, dejando a la institución con un déficit de 5,4 mil millones de colones. Además, Patricia Mora, avaló dirigir el superávit de la institución (4 mil millones de colones) al IMAS para atender necesidades de la emergencia frente a la pandemia.

Junto con esto, el gobierno aprovecha la pandemia para atacar los salarias del sector público. Primero, con el congelamiento del aumento salarial por los próximos cuatro años para ahorrar 92 mil millones de colones; segundo, con la propuesta de imponer el impuesto de renta a los salarios escolares (ver nota p. 6).

 

¡Retomemos las calles!

El gobierno y la UCCAEP aprovechan la crisis de la pandemia para imponer su agenda contra la clase trabajadora. Sus llamados para “apretarnos la faja para sacar avante el país”, significa más ataques contra los de abajo para mantener (y profundizar) los privilegios de los de arriba.

El insoportable capitalismo del siglo XXI no tiene nada que ofrecer a los sectores explotados y oprimidos. Al momento de escribir este editorial se desarrolla una imponente rebelión popular en los Estados Unidos, el epicentro del capitalismo mundial (ver nota en sección internacional), donde la juventud encabeza una histórica pelea contra el racismo, pero también en repudio a las duras condiciones de vida que enfrentan los sectores explotados y oprimidos.  Su ejemplo de lucha (como también del pueblo chileno, por citar otro caso), marca el camino de lucha que hay que seguir: ¡retomar las calles para pararle la mano a los gobiernos y empresarios, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias!

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) hacemos un llamado al activismo sindical, estudiantil, feministas, ecologista y de izquierda en general, para que retomemos las calles (con las medidas sanitarias apropiadas) para detener estos ataques y exigir que sean los grandes capitalistas quienes más aporten para enfrentar la crisis económica.

¡Por impuestos directos a las grandes fortunas y las exportaciones!

¡Por el no pago de la deuda a los bancos y empresas privadas!

¡Derogación de la regla fiscal y el IVA, mecanismos para desfinanciar las instituciones públicas y saquear los bolsillos del pueblo trabajador!

¡Medidas efectivas contra la evasión y elusión fiscal!

 


[1] Algo preocupante dado el bajo número de casos rechazados: para la suspensión de contratos se contabilizan 45 rechazos, mientras que para la reducción de jornadas laborales de trabajo la cifra es de 33 (datos al 10 de junio).

[2] Al respecto ver “C.R. cultiva piñas con peones esclavos”, reportaje que brinda algunos detalles sobre las condiciones en las piñeras. En https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/401522/cr-cultiva-pinas-con-peones-esclavos (Consultada el 12 de junio de 2020).

 

DEJAR UN COMENTARIO

Ingresar comentario
Ingrese su nombre