• La Ley Empleo Público contiene medidas contra el sector público según las demandas neoliberales de la OCDE.

Por Heidy Valencia Espinoza

La Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido ingresó este 18 de mayo a la Asamblea Legislativa un texto sustitutivo del nefasto proyecto “Ley Marco de Empleo Público” bajo el expediente 21.336 que contiene medidas contra el sector público, tales como: un único régimen de empleo público para las ocho familias de puestos que lo integran, el salario único llamado “salario global” que son salarios iguales para las ocho familias de puestos, despidos de los empleados públicos con dos evaluaciones consecutivas inferiores a 70 y autoriza al Mideplan como ente rector del sector público para garantizar el salario único, con miras a transformar el servicio público y la reforma del Estado.

Este texto sustitutivo recoge estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es decir, se ajusta a las demandas neoliberales. Las declaraciones de la ministra Garrido confirman que el ingreso a la OCDE marca la hoja de ruta del gobierno de Carlos Alvarado, quien sigue al pie de la letra lo que le ordena ese organismo internacional, incluso algunos préstamos otorgados por el BID están condicionados a la aprobación de la “Ley Marco de Empleo Público”.

Veamos algunos aspectos medulares del texto sustitutivo

Régimen general y salario único. En el artículo 12, Régimen General de Empleo Público, se establece que existirá un único régimen general de empleo público, el cual a su vez estará conformado por ocho familias de puestos. Con base en este único régimen, el proyecto establece que existirá una columna salarial global (artículo 29) para crear un régimen salarial unificado para todo el servicio público (artículo 30). Este proyecto tiene como objetivo la reducción de los salarios, mediante la eliminación de los componentes salariales (anualidades, carrera profesional, zonaje, incentivo didáctico y otros), por eso se establecen estímulos no monetarios por productividad a partir de la calificación Muy Bueno (artículo 32), es decir, no habrá ningún componente salarial, únicamente el salario base que será igual para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de los años laborados.

Reducción de planilla. El Mideplan será el nuevo gestor del reclutamiento y selección (artículo 13), así como de despidos. El proyecto establece que es motivo de despido la obtención de dos evaluaciones del desempeño consecutivas anuales, inferiores a una calificación del 70%”, artículo 19, inciso c). Dicha calificación la asigna la jefatura inmediata. Ese es otro objetivo de este proyecto, la disminución de la planilla de los trabajadores y trabajadoras del sector público con despidos de forma expedita.

Ataques al salario y despidos expeditos. En el artículo 7, inciso e), se dice que es competencia del órgano rector (Mideplan) emitir lineamientos y principios para la evaluación del desempeño, pero no se establecen criterios. Se menciona el principio de equidad salarial y el principio de excelencia en el servicio, entre otros. No obstante, estos eufemismos hacen referencia a recortes al salario y a despidos expeditos para la reducción de derechos laborales y conquistas históricas del sector público, la llamada “equidad salarial” no es más que equiparar los salarios hacia abajo, sin componentes salariales, es decir, se equiparan a los del sector privado donde por carencia de organización sindical no cuentan con estos derechos. Por su parte, el despido expedito es un propósito asociado a la reducción del Estado, como parte de las reformas impuestas por organismos internacionales a los que se acopla el gobierno de Carlos Alvarado.

 

¡Retomemos las calles contra los ataques al salario!

Aunque la ley afectaría a los nuevos empleados públicos, no se debe permitir su aprobación porque perjudicaría a las nuevas generaciones que ingresen al sector público. Además, con el precedente de ataque a los derechos del sector público podrían justificar un eventual recorte de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras del sector. A pesar de que -según la misma Ministra- estiman que este proyecto ahorraría apenas un 0,7% del PIB en el sector público no financiero. Bajo la misma lógica utilizada con el plan fiscal nos ajustan, aunque para las finanzas públicas nos sea cuantitativamente significativo, pero impera el ajuste contra los sectores trabajadores.

No podemos permitir que este gobierno utilice la pandemia para arremeter contra nuestros derechos. Tampoco podemos tolerar que las dirigencias sindicales estén pasivas. Hay que pararle la mano a este gobierno de los de arriba y a la jauría neoliberal de la Asamblea Legislativa. Es urgente que todas las organizaciones sindicales se unan y organicen junto a las bases un plan escalonado de lucha contra el proyecto de ley de empleo público para defender los derechos de trabajadores y trabajadoras del sector público, para eso es necesario que todas las dirigencias sindicales se posicionen en rechazo rotundo al proyecto de empleo público y que se impulse la lucha contra el ajuste del gobierno de Carlos Alvarado.

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