• El gobierno está aplicando la misma receta de los años ochenta con una reestructuración que da indicios de una nueva generación perdida.

Johan Madriz

Este forma parte de una serie de artículos donde examinamos los resultados del Informe Estado de la Nación (IEN) 2021 que fue publicado a mediados de noviembre.

El deterioro de las finanzas publicas es evidente y la pandemia agravó los indicadores de la deuda, sin embargo, esto se debe a la decisión gubernamental de sacrificar la inversión social y la infraestructura para pagar la deuda, en ese sentido, a pesar del desequilibrio fiscal se tomaron medidas fiscales privilegiadas hacia los sectores empresariales.

“Entre el 2019 y 2020, el déficit fiscal pasó de 6,6% a 8%, mientras que la deuda pública aumentó de 57% a 67% del PIB, el resultado fiscal más crítico desde la crisis de inicios de la década de los ochenta” (pág. 63). Así, “en diciembre del 2020, la deuda pública del Gobierno general, el BCCR y las sociedades no financieras públicas fue de 29,8 billones de colones, lo que significa un crecimiento nominal del 11,3% con respecto al 2019. La mayor parte de este aumento fue impulsada principalmente por el endeudamiento del Gobierno Central, que representa el 83,7% del saldo de la deuda pública. Además, el saldo de la deuda del Gobierno Central aumentó de 21,3 a 24,4 billones entre el 2019 y el 2020. En junio del 2021, este indicador aumentó a 26,3 billones de colones” (pág. 326).

El pago de la deuda es el rubro más importante dentro del presupuesto nacional. “El componente que genera más presiones sobre el gasto total es, sin duda, el pago de intereses por la deuda pública que el país ha adquirido en el pasado. Este rubro aumentó 10,8% y, en el 2020, significó 1.681.308 millones de colones, lo que equivale a un 59% del total de transferencias públicas y a casi cuatro veces del gasto público en capital” (pág. 326).

“El perfil de la deuda pública se caracteriza por una mayor tendencia hacia la moneda nacional (60%), a tasa fija (75%) y con vencimientos entre uno y cinco años o más (90%)” (pág. 327). Existe una gran presión sobre los pagos por la colocación a corto plazo, “su plazo promedio pasó de 7,7 años a 7,2 [… y] casi la mitad de la deuda vence en los próximos cinco años” (pág. 327).

Además, existe un proceso de acumulación de deuda interna por el sector público, es decir, el gobierno está adsorbiendo la liquides de las empresas estatales, los bancos públicos y los fondos de pensiones. “Históricamente, las necesidades de financiamiento del Gobierno en el mercado local han sido absorbidas mayoritariamente por el sector privado. Entre diciembre del 2018 y del 2019, un 68% del aumento en la deuda interna bonificada fue captado por el sector privado no residente. Por el contrario, entre diciembre del 2019 y del 2020, se observa un cambio fundamental en la estructura: un 53% es absorbido por la banca pública y un 34% por el resto del sector público, además, el sector privado redujo su participación (pág. 327).

Según el IEN, este cambio se explica por la política monetaria expansiva del Banco Central que ha dispuesto más recursos en el mercado pero que en lugar de dirigirse a financiar las actividades productivas y los medios de producción para el desarrollo de la actividad económica han ido a parar al financiamiento estatal. “Es importante señalar que el aumento en las facilidades de crédito que se otorgó a los bancos no se canalizó por completo en un aumento significativo de los créditos, sino que sirvió para aumentar la liquidez en la economía y facilitar las condiciones de financiamiento del Gobierno” (pág. 327).

El aumento en el déficit fiscal se debe a dos componentes: la adquisición de nueva deuda y la reducción de los ingresos tributarios. Con respecto a lo primero, “durante el 2020, se aprobaron y desembolsaron seis créditos por una suma total de 1.401,7 millones de dólares de entidades multinacionales, de los cuales cuatro fueron préstamos de apoyo presupuestario” (pág. 327). Por su parte, “entre el 2016 y 2019, el crecimiento de los ingresos fiscales fue de 6,4%, y en el 2020 este indicador pasó a -10,8%. Asimismo, el rubro de gasto se redujo, en correspondencia con la fuerte contracción en la recaudación tributaria, pese a las demandas derivadas de la atención de la pandemia. Sin embargo, esa reducción (-2,1%) fue insuficiente para evitar el fuerte deterioro de las finanzas públicas” (pág. 323).

Esta reducción de ingresos desembocó en una disminución de la carga tributaria del país. “Entre el 2019 y el 2020, la carga se redujo de 14,2% a 13,2% del PIB, este es el nivel más bajo que se ha registrado desde el 2000” (pág. 324). Sin embargo, impuestos indirectos como el IVA se mantuvieron y mas bien mejoraron su recaudación, esto evidencia un sistema tributario regresivo que afecta mas a quienes menos recursos tienen. “En el 2020, todas las categorías de impuestos se contrajeron con la excepción de impuesto sobre las ventas internas, que creció un 7,2% como efecto residual de la implementación del impuesto al valor agregado, (IVA) en julio de 2019” (pág. 324).

Esto se explica por las medidas tomadas por el gobierno para contener los efectos de la pandemia con disposiciones atinentes solo para el empresariado. “El Ministerio de Hacienda concedió moratorias del impuesto sobre el valor agregado, del impuesto selectivo de consumo y de aranceles, así como la eliminación de los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades y la exoneración del impuesto al valor agregado en arrendamientos comerciales, entre abril y junio de 2020. Además, la Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional (9982) permitió la reducción temporal de las jornadas laborales y de esta forma se redujo la base imponible de los impuestos ligados a los salarios” (pág. 324).

En cuanto al gasto, existe una política de contención sustentada principalmente en la regla fiscal, sin embargo, el gobierno sobrecumple las limitaciones establecidas aun en medio de una pandemia y una caída histórica de la producción. “En el 2020, el límite del incremento del gasto corriente era de 4,7%; sin embargo, el crecimiento real fue de 1,5%. Esto refleja que la contención de los egresos fue mayor que lo establecido por la regla fiscal” (pág. 325).

Además, el gobierno suscribió un acuerdo de ajuste con el FMI. “El principal compromiso de Costa Rica con el FMI es eliminar el déficit primario en el año 2023, y bajar gradualmente la deuda al 50 % del PIB en el 2035. […] Los compromisos fiscales acordados entre las autoridades costarricenses y las del FMI, generarían un ajuste fiscal tal que, en el 2023 el balance primario sería de 1% del PIB. En ese año, las medidas por implementar representarían un ajuste de 3,4% del PIB, de las cuales dos terceras partes serían consecuencia de una reducción en el gasto público” (pág. 329).

De esta forma, “el gasto total del Gobierno central se redujo en -2,1% respecto al año anterior” (pág. 325). “La contención del gasto en el 2020 se explica principalmente por la contracción en el crecimiento de las transferencias corrientes, remuneraciones y gasto de capital. Los gastos en salarios del Gobierno se mantuvieron prácticamente inalterados respecto del 2019, la tasa de crecimiento de este rubro pasó de 3,4% a 0,2% entre el 2019 y 2020. El gasto de capital fue el rubro con la mayor contracción, con un decrecimiento de -38,3%, lo que implica menor inversión pública en sectores estratégicos como infraestructura. En el caso de las transferencias corrientes este indicador pasó de 9% a -2,4%, entre el 2019 y 2020. Esta contracción en las transferencias generó una menor inversión social en instituciones clave como Fodesaf, así como en el sector educación” (pág. 328). Son los salarios y la inversión social sobre los que ha recaído el peso del ajuste fiscal.

El “camino de la consolidación fiscal” es uno que esta conduciendo a las grandes mayorías a la miseria para asegurar un “entorno competitivo” para las empresas. El gobierno esta aplicando la misma receta de los años ochenta con una reestructuración que potencialmente puede forjar una nueva generación perdida. El sistema tributario cada vez se vuelve mas regresivo, prolongando los privilegios y las exoneraciones al capital, con lo cual se perpetúan las condiciones que en primer lugar generan el déficit.