Rescate de la CCSS y la seguridad social

0
21

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es una conquista histórica de la clase trabajadora costarricense que garantiza la gratuidad y universalidad de la salud en el país. Sin embargo, como parte de las contrarreformas y ajustes de la burguesía, esta institución está siendo desmantelada para que esos enormes recursos pasen a manos privadas. 

Cada vez más se avanza en la tercerización de servicios, principalmente con la licitación de la atención primaria a empresas privadas. Entre 2014 y 2020 los EBAIS de Montes de Oca, Curridabat, San Juan, San Diego y Concepción fueron administrados por la Unibe por lo cual se le pagaban 4.904 millones anuales, sin embargo, recientemente una auditoria reveló que, los costos de laboratorio clínico, odontología y la mayoría de los materiales seguían siendo suministrados por la CCSS, configurando un gran negocio para la universidad privada a costa de la seguridad social.

Con la pandemia de la Covid-19 se hizo aún más patente la necesidad de un sistema de salud publico robusto. En el caso de Costa Rica, a pesar del debilitamiento que ha sufrido la seguridad social, se ha logrado manejar la pandemia sin llegar a colapsos como en Estados Unidos o Italia. Sin embargo, el vaciamiento de la CCSS impide que se brinde una mejor atención, lo cual se ve reflejado en las enormes listas de espera, donde se calcula hay 68 mil personas aguardando cirugías. 

La responsabilidad de esto es del gobierno con sus medidas de ajuste, ya que, a pesar de todas las dificultades el personal médico logró brindar 17 millones de consultas entre enero de 2020 y junio de 2021 y solo en el primer semestre de este año se realizaron 838 mil procedimientos, con un aumento de 121 mil con respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar de esto, a agosto del 2021 para una consulta externa se debe esperar unos 150 días y para una intervención quirúrgica unos 538 días. 

Esto es el resultado de la desidia de los gobiernos de turno que no han invertido suficiente en infraestructura y tecnología.

Además, la CCSS, a través del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), maneja los recursos del principal y más grande régimen de pensiones donde cotiza la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del país, cuenta con 1,5 millones de cotizantes y 300 mil personas pensionadas. Ese dinero está secuestrado por el gobierno. A junio de 2021 el IVM tiene el 88% de sus reservas de 3,07 billones de colones invertidos en bonos del Ministerio de Hacienda.

El sistema jubilatorio se encuentra bajo ataque. El verso burgués del empresariado les achaca a las cargas sociales la culpa por la falta de competitividad de las empresas, además, el gobierno señala a las pensiones como uno de los principales generadores del desbalance financiero del país. Por eso en los últimos años se han presentado múltiples propuestas de ajuste para “encontrar el equilibrio” actuarial del sistema, sin embargo, todas las propuestas tienen como eje atacar las condiciones de la clase trabajadora.

En agosto se aprobó una reforma al IVM con tres elementos: 1. Eliminar la posibilidad de jubilación anticipada; 2. Modificar el cálculo de la pensión, aumentando de 240 (20 años) a 300 (25 años) cuotas las que se toman en consideración para el monto de referencia; y 3. Aumentar la cantidad de cuotas necesarias para acceder al reconocimiento por postergación de 240 a 300. Según la gerencia de Pensiones de la CCSS estas medidas reducirán entre un 5% y un 7% el monto de la pensión.

La Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley para condonarle deudas, multas, recargos e intereses a trabajadores independientes y patronales. Se estima que las deudas de estos sectores ascienden a 543 mil millones, montos que no estarían ingresando a la seguridad social.

Por otra parte, el Banco Central elaboró un estudio con diferentes escenarios de reducción de cargas sociales. Este es muy bien visto por el gobierno y el sector empresarial, si bien por el momento no se ha presentado ningún proyecto de ley en este sentido es probable que suceda pronto. En las propuestas se evalúan disminuciones de 25%, 50%, 75% y 100% de las cargas sociales. La opción que parece generar más consenso en la burguesía es una rebaja del 25%, lo cual implicaría que el gobierno deba cubrir un hueco de 240 mil millones de colones (0,63% del PIB). Todo para que los empresarios aumenten aún más sus ganancias.

Mientras se ataca el sistema de pensiones en favor de los intereses empresariales un 62% de las personas jubiladas por el IVM reciben un monto mensual inferior a 200 mil colones mensuales, es decir, una pensión de hambre. De esta forma es necesario avanzar hacia el establecimiento de una pensión básica, que tome como base el sistema de pensiones no contributivas. De esta forma quienes no cotizaron del todo o lo realizaron insuficientemente recibirían un monto mínimo para vivir.

La culpa del desbalance financiero de la seguridad social es de las medidas propatronales que adopta el gobierno y las enormes deudas que se mantienen con la CCSS. Según la Dirección de Cobros de la CCSS, Sicere, al 26 de setiembre de 2021 el monto adeudado del sector privado (patronales e independientes) es de 519 mil millones de colones. Por su parte el Estado mantiene una deuda de 2,2 billones de colones al 31 de marzo de 2021 (aunque el Ministerio de Hacienda solo reconoce 191 mil millones de colones), además, la Contraloría advirtió que en el primer cuatrimestre del año las transferencias corrientes del gobierno hacia la CCSS disminuyeron un 34,20%.

Por eso desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) proponemos:

  1. Eliminar la presidencia ejecutiva. Eliminar la figura de la presidencia ejecutiva que solo garantiza el control del gobierno de turno sobre la CCSS. Que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes escojan la Junta Directiva.
  2. Acabar con las listas de espera. Atender con prioridad las listas de espera, girar los recursos necesarios para procurar oportunamente los procedimientos requeridos por la población.
  3. Desarrollo de infraestructura. Construcción y equipamiento de EBAIS, CAIS y hospitales regionales según las necesidades.
  4. Alto a las concesiones. Eliminar las concesiones de la atención primaria a las empresas privadas y que todos los servicios sean asumidos por la CCSS.
  5. Control de los hospitales privados. Control estatal sin pago de los hospitales privados para la atención de las listas de espera, consultas, procedimientos y exámenes médicos. En medio de la pandemia los hospitales Cima, La Católica, La Bíblica y Metropolitano “negociaron” con la CCSS el pago de 2.400 millones de colones para atender pacientes no covid en casos de saturación hospitalaria, demostrando la primacía de los negocios sobre la vida.
  6. Establecer una pensión básica. Establecer el acceso a una pensión por vejez con un monto de 300 mil colones para todas las personas que no cotizaron, lo realizaron de manera insuficiente o cuyo cálculo de pensión sea inferior a este monto.
  7. Jubilación a los 60 años. Disponer que la edad de jubilación sea a los 60 años.
  8. Aumentar la cuota patronal. Aumentar la contribución patronal al IVM y al SEM del actual 14,50% al 18%.
  9. No a la reducción de las cargas sociales. Nos oponemos a cualquier iniciativa que reduzca las cargas sociales que pagan las patronales.
  10. No a la condonación de dudas. Rechazo a las iniciativas de ley que pretenden condonarle deudas a las patronales y, en su lugar, garantizar las acciones necesarias para el cobro de estas.
  11. Atacar la morosidad. Embargo de cuentas y propiedades a los deudores de la seguridad social para recuperar los montos adeudados por los empresarios. Además, establecer la responsabilidad solidaria de los dueños o socios con estas deudas.
  12. No a la prescripción de deudas. No a la prescripción de las deudas con la seguridad social por las cuotas obrero-patronales, actualmente prescriben a los 10 años. 
  13. No a las contrarreformas al IVM. Las pensiones son un derecho de las personas trabajadoras y por tanto rechazamos cualquier reforma que aumente el monto de cotización obrera, la edad de retiro o que desmejore las condiciones de las pensiones. 
  14. Impuestos y cargas al capital. Para poder llevar adelante estas propuestas en materia de salud y pensiones es necesario la aplicación de impuestos y cargas al gran capital y las fortunas como las contenidas en este programa.

Sumate a la discusión dejando un comentario:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí