• Crece la bronca, organización y movilización entre la juventud precarizada.
  • Repartidores denuncian el proyecto 21.567 de Paola Vega el cual no responde a sus reclamos y está hecho a sus espaldas.

Deby Calderón Vega

Las concentraciones y manifestaciones crecen en el sector de repartidores de aplicaciones, dada la falta de respuesta de las empresas y el Estado ante sus reclamos, las precarias condiciones de trabajo, así como el no reconocimiento de derechos sociales y laborales para este sector.

El pasado jueves 24 de setiembre nuevamente se realizó una concentración, esta ocasión en la Rotonda de la Hispanidad, con cerca de 40 personas, entre ellas repartidores, conductores de aplicaciones, activistas y militantes de izquierda, así como representantes de organizaciones ligadas a trabajadores de reparto y conductores de aplicaciones.

Durante la pandemia por el Covid-19 que vivimos, este trabajo se ha hecho cada vez más necesario e importante, ya que las instituciones de salud, el gobierno y las políticas de restricción a la circulación han generado un aumento exponencial de los servicios a domicilio.

En la concentración se denunció el proyecto de ley 21.567 presentado el 29 de agosto por Paola Vega del partido de gobierno. Según uno de los participantes de Repatidores Unidos, “este proyecto no toma en cuenta las problemáticas del gremio, fue hecho a espaldas de las personas que trabajan y demuestra que las empresas de aplicaciones están negociando por detrás con el gobierno y sus diputados”.

Por su parte, la organización “Repartidores Unidos” señaló que a pesar de “un crecimiento cercano al 60% en las ganancias de las empresas de aplicaciones de reparto, las empresas Glovo, UberEats, Rappi y otras no responden a correos ni llamados para reuniones con el Ministerio de Trabajo y repartidores, reuniones que se han negociado con el ministerio en movilizaciones anteriores”.

Así, las empresas amparadas en la desregulación legal de la actividad económica, hacen caso omiso a los llamados a negociar por parte de sus llamados “colaboradores”, con lo cual demuestran el desinterés por el bienestar, condiciones de trabajo, seguridad y derechos de las personas repartidoras. Bajo la careta de la palabra “colaborador” esconden la hipocresía y la explotación, porque en realidad las ganancias de las empresas son producto de condiciones laborales de “esclavitud del siglo XXI”.

La precarización en el trabajo “delivery” crece en razón directa con los ataques del gobierno, la Asamblea Legislaiva, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las grandes empresas hipócritas y explotadoras.

Ante esto debemos organizarnos y luchar mediante Comités de Trabjadores Precarizados, en miras al reconocimiento legal de la relación obrero-patronal, el reconocimiento de derechos, la regulación pactada entre empresas y repartidores de tarifas justas y dignas, sin manoseos por parte de las empresas. Que sean las personas trabajadoras las que decidan sobre su propio trabajo y condiciones, y no las empresas expoliadoras que no pagan impuestos y se llevan la riqueza del país.

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