• A partir del 2022 se congelan, por al menos 10 años, todas las remuneraciones salariales del sector público y las pensiones solo podrán aumentar por la inflación.

Johan Madriz

Imagine una empresa en la que por 10 años no se invierta en tecnología. Rápidamente sus sistemas quedarían obsoletos. Que en 10 años no financie infraestructura o no se aumenten los salarios, la planta física y las personas trabajadoras no durarían mucho. En esa década las ventas suben, pero tiene operar con la misma cantidad de materia prima que al inicio porque no puede disponer de más dinero. Simplemente esta empresa comenzaría a incumplir sus contratos.

A los empresarios siempre les gusta hacer una comparación entre empresa y Estado como forma de demostrar la necesidad de eficientizar el gasto, de mejorar los números y de generar ganancias. Una igualación reaccionaria para “accesibilizar” su discurso ajustador y recortista. Bueno, utilicemos esa analogía para demostrar lo que la regla fiscal le está provocando al Estado.

La regla fiscal es un mecanismo legal para aplicar recortes en el presupuesto publico de forma arbitraria y según los intereses del gobierno. Este mecanismo esta ligado al crecimiento de la economía y a la deuda pública, siendo que se establece una relación entre el porcentaje de la deuda con respecto al PIB y el porcentaje nominal del crecimiento. Junto a esto, una norma de porcentajes de crecimiento del presupuesto determina el incremento para cada año.

La regla no toma en consideración que crecimiento de la economía no significa distribución de la riqueza o quién y para qué se asume la deuda. Tampoco admite excepciones, no importa si hay una pandemia, si se requiere reforzar la educación o si el desempleo afecta a un quinto de la población. Es un elemento técnico político para asegurar el pago de la deuda y garantizar la continuidad de los negocios de las grandes empresas, sin evaluar el costo social.

De esta forma para el 2022 se entra en el escenario más restrictivo, donde la deuda supera el 60% del PIB (el 2020 cerró en 67,5%). Esto implica que el presupuesto no puede superar el 65% del crecimiento promedio del PIB en los últimos cuatro años, lo que se traduce en una tasa de crecimiento de 1,96%. Como parte de esa contención tanto el gasto corriente como el de capital son restringidos, se congelan todas las remuneraciones salariales del sector público, que ni siquiera serán ajustadas por el costo de la vida, y las pensiones solo podrán aumentar por la inflación.

Según el Ministerio de Hacienda el crecimiento del presupuesto estará por debajo de 2% hasta 2025, pero esto es debido a los pronósticos de crecimiento económico y no por disminución del déficit, lo que implica que los recortes continuarán. El gobierno le planteó al FMI que se bajaría la deuda al 50% hasta 2035, es decir, al menos por los próximos 10 años se aplicarían las pautas más restrictivas.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, justificó durante la exposición del presupuesto 2022 que “siempre se desea generar una cantidad importante de programas y obras en beneficio del país, pero habrán tiempos mejores para llevarlos adelante”[i]. Tiempos mejores que no llegarán porque con la aplicación de la regla fiscal hoy se está empeñando el desarrollo del país y las condiciones de vida de millones de personas.

Es ahora cuando hay una crisis educativa de consecuencias aun no esclarecidas, a pesar de eso el MEP fue la institución a la que se le redujo nominalmente más el presupuesto para el próximo año (₵300 mil millones) con respecto a su plan de gastos original, lo que provocará que a partir del próximo setiembre se comiencen a dejar de pagar becas, trasporte o comedores. Es ahora cuando la FANAL no puede producir todo el alcohol que se necesita. Es ahora cuando 6.200 viviendas para familias pobres no se pueden construir. Es ahora cuando el IAFA debe dejar desatendida a miles de personas o que el sistema 911 deba cerrar el diciembre.

La regla fiscal es el verdugo de las instituciones publicas y con ello se cercenan los derechos que se han conquistado a través de los años con las luchas en las calles. Es necesario traerse abajo ese mecanismo ajustador, que puede ser un primer paso para cuestionar todo el plan de ajuste del gobierno y el FMI. La crisis no la deben pagar los sectores trabajadores y populares, que sean las grandes empresas y fortunas las que paguen por la crisis que generaron.

[i] “Regla fiscal impone fuertes limites al gasto en próximos cuatro años”. En www.nacion.com