Registran 60 acciones de protesta durante octubre

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  • A pesar de los altos niveles de pobreza, desempleo, precarización y desigualdad que registra el país los niveles de protesta están contenidos.

Johan Madriz

El Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR registró en su Cronología de la Protesta Social 60 acciones durante el mes de octubre. Ese mes muestra una baja con respecto a las 68 registradas en setiembre.

Dentro de estos eventos sobresalen las declaraciones publicas que corresponden al 61,7% del total de acciones. Le siguen las concentraciones que fueron el 20%, las denuncias ante entidades nacionales y/o internacionales que representaron el 6,7% y los bloqueos con el 5%. Durante setiembre las declaraciones publicas fueron el 55,9%, las concentraciones el 14,7% y los bloqueos el 11,8%.

Por sector, la mayor cantidad fue de organizaciones de trabajadores y trabajadoras que fueron el 43,3% (en setiembre 35,3%), mientras que los sectores empresariales representaron el 26,7% (30,9% un mes antes).

La fiscalización de la función pública y rendición de cuentas fue la demanda mayormente exigida (40%), seguido de la defensa del trabajo y las condiciones laborales (21,7%) y en favor o en contra de leyes (20%). En setiembre la fiscalización también se posicionó en el primer lugar con un 39,7%, seguido del posicionamiento ante leyes (22,1%) y la defensa laboral (13,2%).

En cuanto al actor demandado los primeros tres lugares los ocupan el Poder Legislativo (23,3%), el gobierno en general (21,7%) y las instituciones autónomas (15%). Setiembre fue encabezado por demandas al gobierno (19,1%), el Congreso (17,6%) y las instituciones autónomas (13,2%).

Por su parte, el Informe Estado de la Nación (2021) señala que “la reactivación de la protesta social en el marco de una crisis fiscal y una pandemia que ha generado una importante destrucción de riqueza y empleos y empobrecido a amplios segmentos de la población, plantea, en el marco de una crisis de representación política, la posibilidad de que se desencadenen episodios de alta conflictividad en el país” (pág. 396).

A pesar de los altos niveles de pobreza, desempleo, precarización y desigualdad que registra el país los niveles de protesta se contienen, además, están circunscritos a elementos puntuales y, en su mayoría, a acciones no confrontativas como las declaraciones públicas. Sin embargo, existe una gran potencialidad producto de la acumulación de elementos objetivos (como los ataques por parte del gobierno) pero que para desarrollarse es necesario abordar la subjetividad de los sectores trabajadores.

Esta circunstancia podría ser explicada por el debilitamiento de las organizaciones obreras y la disgregación y desorganización de la clase trabajadora. Durante los últimos años el gobierno se ha encargado de limitar al máximo las posibilidades de protesta y huelga. No es casual que este tipo de acciones, que generan un mayor impacto, estén criminalizadas (los bloqueos) o excesivamente normativizadas (las huelgas). A esto se le suma un ataque histórico hacia los sindicados y un discurso divisionista que ha contrapuesto al sector público del privado.

Asimismo, la clase trabajadora no tiene representación política que funcione como una palanca para la organización y la lucha. Por un lado, se encuentran las burocracias sindicales que son pasivas, derrotistas y circunscritas a las acciones legales y el lobby parlamentario. Por otra parte, el reformismo (Frente Amplio) se adaptó completamente al régimen democrático burgués tratando de ser una izquierda “propositiva” y directamente ha traicionado a los sectores populares.

La izquierda anticapitalista es pequeña y aun no posee alcance y convocatoria de masas, sin embargo, logra tener inserción en algunos sectores que se colocan como los mas combativos en este periodo. Es así como resulta imperativo impulsar a la izquierda anticapitalista con un programa en función de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud que le haga frente al ajuste del gobierno y las patronales.

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