• Este monto representaría el 19% del fondo de reserva y que tendría que comenzar a utilizarse para cumplir con los pagos mensuales de 290 mil personas.

Por Redacción

El presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, informó que la perdida esperada a diciembre para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sería de ¢417 mil millones.

Este monto representaría el 19% del fondo de reserva que asciende a ¢2.2 billones y que tendría que comenzar a utilizarse para cumplir con los pagos mensuales de 290 mil personas.

Esta situación agravaría el estado del régimen ya que según el último estudio actuarial de julio de 2019 (que no contemplaba el escenario de una pandemia) la reserva permanecería intacta hasta 2030, cuando tendrían que comenzar a utilizarse sus fondos, y se agotaría en 2037.

Esta situación se genera por tres elementos. El primero y más evidente es el aumento del gasto por la atención de la emergencia. El segundo es la desaceleración económica del país resultado de la cuarentena y el distanciamiento social provocando una disminución de ingresos y el tercero tiene que ver con las medidas impulsadas por la Junta Directiva de la institución (avaladas por Casa Presidencial) para “aliviarle” las condiciones al empresariado.

Estas disposiciones tienen que ver la suspensión hasta el 30 de junio de las gestiones de cobro a patronos e independientes morosos, la reducción de la base contributiva del SEM y el IVM en un 75%, medidas de flexibilización en la readecuación de convenios de pago y reducción de tasas de interés.

En sintonía con estas medidas, que son en beneficio de la clase poseedora, también se aprobaron leyes para permitir la suspensión de contratos de trabajo y la reducción de jornadas y salarios en hasta el 75%. Medidas que afectan los ingresos de las y los trabajadores y evidentemente también las contribuciones hacia la CCSS que ve reducidos los aportes.

Por otro lado, el gobierno le debe a la CCSS ¢1.67 billones, es decir, más del doble del hueco que la pandemia le podría provocar a la institución. Por su lado, las patronales e independientes tienen una deuda al 5 de abril de ¢444.776 millones.

Es un contrasentido que en medio de una emergencia se reduzcan los recursos de la institución que está dándole la cara a la pandemia. Ahora más que nunca es necesario fortalecer la seguridad social, por eso es necesario prohibir los despidos, suspensiones y reducciones, la crisis no debe caer sobre la clase trabajadora. Se debe eliminar la moratoria de cobros a las grandes empresas para que salden sus deudas al igual que el Estado como principal deudor y se deben establecer impuestos solidarios al gran capital que hasta el momento ha gozado de todas las protecciones para que sus ganancias no sean afectadas.

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