Proscripción y amedrentamiento: las reformas electorales del PUSC

La fracción legislativa del PUSC presento proyectos que pretenden proscribir a todos los partidos pequeños e imponer multas millonarias a quienes no voten.

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Diputados del PUSC presentaron dos proyectos de ley para modificar el Código Electoral de forma que las reglas del juego estén hechas a la medida de los partidos grandes tradicionales, limitando las expresiones electorales alternativas. Son propuestas completamente antidemocráticas que tienen el objetivo de asegurarle a los partidos de la burguesía preservar la representación política aunque realmente no tengan tanto apoyo.

Uno de esos proyectos aumentaría la cantidad de adhesiones necesarias para constituir un partido político. Actualmente esa cifra varía dependiendo de la escala: para partidos nacionales son necesarias tres mil firmas, para provinciales mil firmas y para cantonales 500 firmas. La reforma transformaría el requisito en una cifra porcentual dependiendo de la escala y de la cantidad de población en el caso de los cantones.

Para los partidos nacionales se requerirá del equivalente al 0,5% del padrón nacional, es decir, se pasa de 3 mil firmas a 17,5 mil. Los provinciales necesitarán la firma del 1% de las personas inscritas en la provincia (por ejemplo, en el caso de San José se pasaría a requerir 11 mil). Finalmente, para las agrupaciones cantonales serán necesarias las firmas de entre el 2% y el 5% del padrón dependiendo de la cantidad de electores con respecto al total nacional.

La justificación del texto es que “la cantidad de adhesiones requeridas no son relativamente iguales entre las distintas escalas […] afectando así la eficacia de la libre participación”. Esto no tienen ningún sentido, ya que, aumentar los requisitos simplemente afecta a los partidos políticos pequeños que no tienen el aparato necesario y el ejercito de funcionarios para cumplir todas las exigencias burocráticas. Incluso así lo reconoce el proyecto al dejar en claro que los partidos que aspiran a la presidencia deben ser los que “poseen acceso a mayor cantidad de recursos y deben poseer una mayor estructura”.

En su esencia esta propuesta únicamente tiene la intención de sacar del juego a la multitud de expresiones electorales que han surgido en los últimos años, incluidos prácticamente todos los partidos de izquierda. Hay que recordar que la normativa también establece que para mantener la inscripción electoral los partidos deben tener una votación al menos igual a la cantidad de adhesiones que necesitó para crearse. Esto quiere decir, siguiendo con el caso de la provincia de San José, que para mantener la legalidad ya no se requerirán mil votos sino 11 mil. Así, esta es una medida proscriptiva.

El otro proyecto de ley pretende establecer sanciones económicas por no votar. Así, propone “sancionar a las y los ciudadanos que injustificadamente incumplan la función cívica primordial y obligatoria de emitir su voto en las elecciones”, para lo cual “se impondrá una multa de uno a tres salarios base, a quién sin tener una justificación válida según reglamento emitido por el Tribunal de Elecciones, no se presente a la Junta Electoral que le corresponda el día de las elecciones, para emitir su voto”. Esa multa actualmente sería de entre ₵462.200 y ₵1,38 millones.

La argumentación parte de un elemento real que es el alto abstencionismo, señalando incluso que en la elección que colocó a Rodrigo Chaves como presidente cuatro de cada diez votantes no emitieron su papeleta. Por eso, sigue el texto, “este porcentaje creciente de electores que no votan abre preguntas sobre la legitimidad de quien resulte electo como presidente”. Lo cual es cierto, Chaves fue electo con una minoría del padrón. Sin embargo, el método para abordar el tema es completamente incorrecto, es artificial, lo que propone es obligar a las personas a votar por miedo a un perjuicio económico que, como todo, tiene un claro componente de clase: ¿cuántos trabajadores o trabajadoras se pueden dar el lujo de arriesgarse a una multa que como mínimo corresponde a un mes de salario?

El abstencionismo también es una forma de expresión política y es una que demuestra que no se esta de acuerdo con ninguna de las propuestas partidarias o al menos no con las de los grandes partidos burgueses que son los que logran acaparar la vitrina electoral y comunicar sus proyectos ampliamente en los medios de comunicación. En su justificación el texto acepta que “la abstención política surge debido al malestar con la política”, pero eso es mucho mas profundo. Tiene que ver con que no existe un sistema realmente democrático, con que los grandes partidos únicamente expresan los intereses de los de arriba y con un largo historial de gobiernos que prometieron el sol y las estrellas pero solo se llenaron sus bolsillos y los de sus amigotes.

Dice el diputado proponente que con esta medida se “invocará una mayor participación […] de manera responsable y estudiando a los postulantes”, que permitirá “la plena participación ciudadana en las políticas públicas” y que “se creará un sentimiento de arraigo y cultural, logrando que el ciudadano se sienta más cercano a su municipio y partícipe incluso como fiscalizador de acciones y en rendición de cuentas”. Nada de eso es cierto, establecer la obligatoriedad del voto a punta de multas solo conllevará a que personas cumplirán con un trámite, sin mayor involucramiento. Es el amedrentamiento para mejorar un indicador.

Finalmente, esta medida también le es funcional a los partidos burgueses y conservadores, ya que, se suman grandes cantidades de votos de personas que usualmente no lo hacen y que coincide con los sectores mas despolitizados. Como ejemplo reciente se puede observar el proceso electoral constituyente en Chile. Para el plebiscito se reinstaló el voto obligatorio con lo que se “garantizó una sobre representación de los segmentos conservadores y despolitizados de la población, los cuales no participaron de la rebelión y resultaron mas susceptibles a la campaña de terror que desató la derecha contra la nueva constitución”.

Esta legislación debe englobarse en medio de una avanzada de la burguesía. No se puede desligar este ataque antidemocrático de las medidas antisindicales y prohibitivas de la huelga aprobadas en el gobierno anterior o del plan de ajuste económico y fiscal que las ultimas administraciones vienen implementando, lo cual incluye el empeño del país al FMI. Al final de cuentas todas estas medidas lo que aseguran es que los sectores trabajadores y populares sigan sometidos y pagando el costo de la crisis que no provocaron, mientras que los grandes empresarios siguen haciendo sus negocios y guardándose jugosas ganancias al costo de precarizar las condiciones de vida de la mayoría.

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