• Pretende que las instituciones religiosas sean solidariamente responsables en el cumplimiento de las reparaciones monetarias que los juzgados determinen cuando sus miembros cometan delitos.

Johan Madriz

Un proyecto de ley propone modificar el articulo 106 del Código Penal para incorporar a las iglesias y organizaciones religiosas como responsables solidarias en cuanto a la reparación civil cuando sus ministros sean declarados culpables de hechos punibles.

Actualmente este artículo establece que “es solidaria la acción de los participes de un hecho punible, en cuanto a la reparación civil. Están igualmente obligados solidariamente con los autores del hecho punible, al pago de daños y perjuicios” e indica una lista quienes están sujetos a esto, entre ellos, las empresas de transporte, las personas jurídicas, los dueños de establecimientos, el Estado y todas sus instituciones.

El proyecto adiciona un inciso: “Las iglesias, organizaciones y asociaciones religiosas, así como las personas jurídicas que utilicen para sus negocios, actividades y dueñas de sus inmuebles, cuyos representantes, sacerdotes, pastores o ministros religiosos cometan un hecho punible”.

De esta forma, se pretende que las instituciones religiosas sean solidariamente responsables en el cumplimiento de las reparaciones monetarias que los juzgados determinen cuando sus miembros cometan delitos. Esto debido a que “en casos de violación religiosa, generalmente los agresores no tienen fortuna y las indemnizaciones resultan incobrables, pues no existe norma alguna que obligue a sus iglesias y organizaciones religiosas a cubrir esas indemnizaciones”.

Es de sobra conocido que las iglesias encubren los abusos realizados por los miembros de su clero para evitar los escándalos y los procesos judiciales, por lo que también son cómplices de los delitos. Por ejemplo, recientemente tres hombres demandaron civilmente al arzobispo de San José, a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José y a la Conferencia Episcopal por supuestamente encubrir delitos sexuales en su contra cometidos por el exsacerdote Mauricio Víquez Lizano cuando eran menores de edad. Cada uno de estos procesos demanda el pago de ₵100 millones por daños y perjuicios ya que la iglesia habría conocido de los hechos desde 2002 y 2003 sin que tomaran ninguna acción.

Esta es una forma en que las victimas logren algún tipo de reparación económica, sin embargo, el trauma físico y psicológico es irreparable. A contramano, esa misma Asamblea Legislativa con sus posiciones retrogradas y conservadoras es la que asegura la continuidad del Estado confesional y un sistema de justicia que es cómplice y garante de la impunidad.

Hay que tener en claro que dentro de un Estado burgués todas sus instituciones están marcadas por la división de clases y responden a la burguesía y sus aliados (iglesias mediante), es así como se explica que no todas las personas “son iguales ante la ley” y reciben tratos diferenciados. por ejemplo, Víquez tuvo acceso a información y medios para huir del país y tratar de evadir ser juzgado y eso no lo logró solo o por suerte. Por esto nunca hay que confiar en la Poder Judicial y, más allá de lo que diga el papel, hay que luchar contra la violencia patriarcal en las calles.