• Se aprovechan de la desregulación que facilita el Estado costarricense, al no tomar medidas para garantizar derechos a las personas que trabajan, seguridad para los usuarios, ni tributos que paguen las empresas sobre sus ganancias netas.

Deby Calderón Vega

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), muestran que, entre setiembre y noviembre del año anterior, 516.542 personas se encontraban desempleadas (un 21,3% de toda la fuerza laboral) y que, en comparación al año anterior, aumentó 8,8%. El subempleo (las personas que trabajan menos de 40 horas a la semana y desean trabajar más) se estimó en 22,7%. Además, del total de personas ocupadas (1 906 286) en un empleo, casi la mitad, 849 601 (44,5%) están en condición de informalidad, es decir, carecen de seguro social, aguinaldo, vacaciones, etc. (1)

Estos datos empeoraron en comparación con los previos al impacto de la pandemia en el país; por ejemplo, entre enero y marzo de 2020, el desempleo representaba un 12,5%. Esto conllevó a muchas personas a ingresar a mercados laborales desregulados, informales y precarizados.

Las economías de plataformas de transporte, como Didi o Uber, son la única opción para muchos trabajadores y trabajadoras que perdieron sus empleos o pequeños comercios. Con la pandemia la cantidad de chóferes de plataformas aumentó considerablemente (solo uno de los grupos de FB tiene 17mil miembros), pero, al mismo tiempo, disminuyó la demanda del servicio, consecuencia de la caída de ingresos de la mayoría de personas que utilizan el servicio.

Además de esto, las plataformas tomaron medidas (sin consulta alguna) de disminución de las tarifas que afectan a los llamados “socios conductores”, lo cual es una imposición de sus políticas. Así, un viaje de 6 km que antes pagaba a conductores 2 mil colones aproximadamente, ahora Uber paga 1.200 colones; un viaje de 12 km que antes pagaba 3.500 ahora lo está pagando en 2.200. (2)

Por su parte, Didi durante varios meses de la pandemia disminuyó el porcentaje que cobra de comisión por viaje a un 10%, pero lo volvió a incrementar a un 15% en noviembre, como si los ingresos de los conductores ya se hubieran normalizado.

A esto le hemos denominado esclavitud moderna, pues obligan a los chóferes a trabajar 12, 14 o más horas para recibir ingresos cercanos a los que antes hacían, mientras las empresas siguen acumulando enormes riquezas que se llevan al extranjero.

Se aprovechan de la desregulación que facilita el Estado costarricense, al no tomar medidas para garantizar derechos a las personas que trabajan, seguridad para los usuarios, ni tributos que paguen las empresas sobre sus ganancias netas.

Mientras el Estado permite que las empresas sigan acumulando ganancias e imponiendo sus políticas de esclavitud moderna, persigue a los conductores con policías de tránsito y altas multas por querer trabajar.

Hay que organizarnos desde abajo con mecanismos de democracia y de toma de decisión colectivas, donde prioricemos la presión callejera para imponer nuestros intereses ante el Estado y las empresas explotadoras del transporte desregulado.


(1) INEC. (2021). Encuesta Continua de Empleo. Principales indicadores. Tomado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/ece_trimestre_movil_son_2020.pdf

(2) http://izquierdaweb.cr/nacional/uber-precariza-tarifas-conductores-se-organizan/

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