Por Marcela Ramírez Aguilar, coordinadora de la regional 15 de APSE

El sábado 7 de setiembre se realizó una sesión ordinaria del Consejo Nacional de APSE donde se discutieron las acciones a seguir para enfrentar el proyecto de ley antihuelgas 21.049 aprobado en primer debate el martes 3.

Este proyecto vendría a limitar el derecho a huelga definiendo, entre otras cosas, a la educación como un servicio de importancia estratégica donde se debe asegurar un funcionamiento de los centros educativos garantizando el aseo, la seguridad y la atención de la educación especial. Además, se establece un máximo de 21 días naturales continuos o 10 discontinuos, tras lo cual se deben suspender los movimientos. Por otro lado, se limitan las huelgas políticas contra medidas del gobierno y se establece el rebajo de salarios desde el inicio de la huelga.

La discusión final en segundo debate fue suspendida debido a la presentación de una consulta facultativa de constitucionalidad para determinar si el proyecto tiene vicios de procedimiento o de fondo con la Constitución. En este trámite la Sala IV tiene un plazo máximo de 30 días para resolver.

Anterior a la presentación de esta consulta en APSE se habían definido acciones de protesta para los días 9, 10 y 12 de setiembre. Sin embargo, tras la suspensión del trámite legislativo el Consejo Nacional mayoritariamente aprobó mociones para dejar sin efecto estas convocatorias a la espera del dictamen de la Sala IV, y en su lugar coordinar peñas culturales, perifoneo y marchas sábados, domingos y fuera del horario laboral entre semana.

Si bien estas medidas funcionan para informar y atraer simpatías hacia el movimiento, tienen un peso menor y se desnaturaliza el objetivo de la huelga que es suspender el trabajo como una medida de presión y de lucha. Es una pena enorme que la mayoría del Consejo Nacional haya votado en ese sentido, porque así no nos mantenemos en latencia de huelga y no hay medidas de presión que cambien la correlación de fuerzas para que la justicia falle a favor de la clase trabajadora.

En medio de esto, los neoliberales siguen atacando nuestros derechos y es ingenuo pensar que se puede confiar en las resoluciones judiciales, que ya han demostrado muchas veces que se posicionan en contra de los intereses de la clase trabajadora, vivo ejemplo la venia para la aprobación del Plan Fiscal.

Por mi parte, propuse hacer durante todas las semanas, de aquí a que se emita esta resolución y se convoque el segundo debate, un día de huelga para realizar actividades regionales y nacionales, una semana cada una. De esta forma nos mantendríamos en estado de huelga activa y con una posición beligerante en defensa de la huelga y, también, en defensa de las pensiones que son los proyectos que están en fila de discusión.

Sin embargo, tras la sesión del Consejo el sindicato no sale con ninguna medida de huelga, para exigirles en las calles a las magistradas y magistrados que se pronuncien por la inconstitucionalidad del proyecto antihuelgas.

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