• La Junta Directiva de la CCSS dio a conocer un plan de reformas al régimen de pensiones. Estas se basarían en la modificación de cuatro elementos: los retiros anticipados, la cantidad de salarios de referencia, el monto de la pensión y los aportes de las personas cotizantes.

Johan Madriz

La seguridad social y las pensiones están en el punto de mira de los gobiernos desde hace años; son unas de las últimas conquistas de la clase trabajadora que aún se mantienen a pesar de los golpes que sufren a instancia de los sectores empresarios que ven en la salud y las jubilaciones un gran negocio por explotar.

Con ese antecedente, la pandemia y la crisis económica son el punto de apoyo para avanzar en una agenda contra la clase trabajadora cuyo centro es que los salarios y las pensiones son los causantes del desequilibrio financiero del gobierno. Esto es contradictorio, ya que la crisis sanitaria más bien vino a reafirmar la necesidad de sistemas de salud públicos, universales y con presupuesto suficiente para atender emergencias de este tipo.

Según estudios de la CCSS, el déficit estimado que afectaría a la institución resultado de la emergencia por la pandemia podría llegar hasta los ¢720 mil millones. Para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que maneja las pensiones, el faltante de recursos podría ser de hasta ¢417 mil millones.

A pesar de esto, el gobierno de Carlos Alvarado no se detiene ni un minuto y, en lugar de reforzar la institución, más bien continúa los planes para debilitarla, ahora de la mano de los planes de ajuste estructural que implicaran los acuerdos con el FMI y la “mejores prácticas” de la OCDE, que van en el sentido de reducir el aparato estatal.

De esta forma, en agosto la Junta Directiva de la CCSS dio a conocer un plan de reformas al régimen de pensiones. Estas se basarían en la modificación de cuatro elementos: los retiros anticipados, la cantidad de salarios de referencia, el monto de la pensión y los aportes de las personas cotizantes. Para ello presentaron tres planes que analizamos a continuación.

Fuente: La Nacion

Con la primera propuesta solo se eliminaría la posibilidad de retiro anticipado. Esta es una opción que tienen aquellas personas que han realizado un “alto esfuerzo contributivo”, es decir, que han cotizado durante muchos años, pero no cumplen el requisito de edad de 65 años. En la actualidad esta opción está permitida para hombres con 61 años y 11 meses con 462 cuotas y mujeres de 59 años y 11 meses con 462 cuotas. Actualmente esta opción es bastante pasmosa, desde el punto de vista del esfuerzo laboral, ya que implica que una persona debe haber trabajado (y cotizado) sin descanso desde los 21 años (en el caso de las mujeres, para los hombres desde los 23 años).

En el segundo escenario aumenta la edad para el retiro anticipado: para los hombres a los 64 años (con 363 cuotas) y a las mujeres a los 62 años con 444 cuotas. Además, se tomarían como referencia para el cálculo todos los salarios de la vida laboral, actualmente este se hace sobre los últimos 240 salarios (el equivalente a 20 años). Pero, además, se disminuye el monto de la pensión constituyendo solo tres categorías: 40%, 45% o 50%. En la actualidad el monto puede variar desde un 43% hasta un 52.5% del salario de referencia.

Finamente, en el tercer supuesto se elimina el retiro anticipado para los hombres y solo se les permite a mujeres con 63 años y 405 cuotas. Propone, al igual que el anterior, todos los salarios para el cálculo y disminuye el monto de la pensión a un 45% para todas las personas.

Por último, todos los planes tienen una propuesta sobre el aporte al fondo. En la actualidad las cotizaciones representan un 10.66% del salario (5.25% patrono, 4% trabajadores y 1.41% Estado). La CCSS ya tiene aprobado un plan para aumentar esta cotización cada tres años en 0.50% hasta llegar al 12.16% en el 2029. En el caso de la propuesta 1 este plan no se modifica y con las opciones 2 y 3 se elevaría aún más el monto hasta llegar a un 15.16% en 2047, momento en que el aporte obrero seria del 5.50%.

Esta propuesta forma parte de la avanzada anti-obrera del gobierno, la cual afecta los bolsillos de los sectores populares con impuestos regresivos al consumo, congelamientos salariales, reducción de programas sociales y ahora un golpe a las pensiones. Este ajuste tiene un objetivo claro y es que sean las y los de abajo los que paguen la crisis para granjear el enorme déficit fiscal sin tocar un solo céntimo a los tenedores privados de deuda.

Es así como hay que exigir que el gobierno y las patronales cancelen las millonarias deudas con la CCSS (¢1.67 billones y ¢444.776 millones, respectivamente a abril), que no se pague la deuda externa y en manos privadas y que se impongan impuestos a las grandes riquezas y a las ganancias empresarias. Que sean los grandes capitales los que financien las pensiones de los sectores trabajadores que se dejan la vida bajo la explotación capitalista. Y, por supuesto, nada de esto puede ser realidad si nos mantenemos en la virtualidad, hay que retomar las calles (con todas las precauciones necesarias) para exigir este plan.

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