Medidas anticapitalistas para enfrentar la crisis ecológica

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La vida humana no se puede comprender separada de la naturaleza, somos parte de ella y provenimos de los mismos procesos evolutivos que han dado vida a todas las especies. Entre la humanidad y la naturaleza se da un proceso de metabolismo que permite el intercambio de materia y energía, mediado por el trabajo humano, la construcción de instrumentos, la transformación de la naturaleza y el conocimiento de sus leyes, todo lo cual, además, nos transforma a nosotros y nosotras mismas. En este proceso de metabolismo socio-natural se van complejizando las formas culturales de relacionarnos con la naturaleza, hasta el punto al que hemos llegado, a un sistema capitalista devorador de sus dos fuentes de riqueza: naturaleza y clase trabajadora.

La transformación del medio natural en materia prima para la producción de mercancías en el marco del sistema del capitalista es profundamente devastadora, lo que se ejemplifica con el desarrollo de la industrialización, la contaminación de las ciudades, la pérdida de fertilidad de los suelos, el calentamiento global por la polución de la atmósfera, entre otros. La naturaleza en el capitalismo se convierte constantemente en mercancía, lo que implica la privatización de los bienes naturales permanentemente

Sabemos que el capitalismo en términos socioeconómicos es desigual, evidenciado en la enorme riqueza acumulada por unos cuantos multimillonarios del mundo que contrasta con la enorme pobreza de la mayoría de la población. En términos ecológicos sucede exactamente igual, unos cuantos millonarios son los que más consumen materia y energía con lo cual además se enriquecen, mientras es una inmensa mayoría de la humanidad la que se ve cada vez más limitada para acceder al recurso hídrico, bosques, energía o alimentos. Sumemos a esto que la carga de los desastres siempre la sufren en mayor medida los sectores trabajadores más empobrecidos y vulnerables. 

Por otra parte, la extracción de recursos y materias primas para el mercado capitalista no es equilibrada, porque siempre se anteponen los intereses del capital, por encima de los criterios de sustentabilidad ecológica. Actualmente se consume mucho más de lo que la naturaleza puede renovar en un año, e incluso más de lo que realmente se necesita. La FAO ha reconocido que en el mundo se produce el doble de alimentos necesarios para la población mundial, y aun así hay 800 millones de personas que padecen la desnutrición. 

Esto ya degeneró en una crisis ecológica mundial, evidenciada en el calentamiento global, extinción de especies, contaminación de las aguas, reducción de la masa boscosa, profundas sequías, agudización de los desastres socioambientales, proliferación de nuevas enfermedades, derretimiento de los polos, entre muchas otras. 

En la historia de Costa Rica se puede ver ejemplificado en el modelo agroexportador de inicios del siglo XIX, donde se priorizó la producción de café y banano para el mercado mundial, lo que detonó en una deforestación de bosques de miles de hectáreas, la destrucción de fuentes de agua, ecosistemas, paisajes, así como la inevitable dependencia económica hacia los países del centro imperialista. Recientemente, lo podemos ver con el estilo de desarrollo neoliberal, donde la empresa privada está llamada a ocupar el espacio que ocupaba el Estado, como es notorio con la apertura de la producción eléctrica en manos de empresas privadas, o la reciente legitimación de miles de pozos ilegales para el abastecimiento de hoteles, campos de golf y zonas agrícolas, que de manera descontrolada están secando nuestros mantos acuíferos. 

En el país viene creciendo de manera importante la conflictividad socioambiental, dadas las atrocidades de las empresas cuando no cumplen ni siquiera con la endeble legislación nacional. Así también genera disputas la evidente complicidad del Estado con los sectores burgueses, que se expresa en posiciones políticas para favorecer a las empresas, sus actividades y sus permisos de operación o construcción de infraestructura, así también en la incapacidad, negligencia o incompetencia para actuar ante las demandas interpuestas por actividades contrarias al ambiente natural.

De manera particular, las mujeres sufren en mayor medida las consecuencias de la devastación capitalista de la naturaleza, por ejemplo, las migraciones climáticas se dan principalmente en mujeres que además tienen personas a cargo. Asimismo, la pobreza es una problemática ambiental, que se agudiza con el fenómeno de la feminización de la pobreza, lo que se expresa en limitaciones de acceso a los recursos ecológicos y en la vulnerabilidad ante desastres.

Ante la crisis ecológica mundial los capitalistas han intentado aparentar alguna preocupación, mediante poses como el “capitalismo verde” o el “desarrollo sostenible”, que solo buscan hacer potable sus prácticas antiecológicas, para garantizar la “sostenibilidad” de sus ganancias en un mayor periodo de tiempo, tomando medidas blandas que no resuelven el problema de fondo. Desde nuestro punto de vista, es imposible que el capitalismo asuma criterios de producción ecológicos, porque atentaría contra su forma específica de relacionarse con la naturaleza, donde priman los intereses del capital y no los de la humanidad ni la naturaleza.

En respuesta a este devastador tipo de desarrollo, comunidades, movimientos ecologistas, campesinado, comunidades indígenas, estudiantes, entre otros, han salido a luchar por la defensa de sus bienes naturales, como la comunidad de Sardinal por la defensa del agua, la gente de San Rafael de Pérez Zeledón y Turrialba contra los proyectos hidroeléctricos privados y públicos en los ríos San Rafael y Bonilla respectivamente. También las valiosas experiencias realizadas por las y los indígenas en recuperaciones de tierras contra terratenientes invasores y usurpadores, o en la lucha por la defensa de la Loma Salitral, el último parche de bosque en el Gran Área Metropolitana.

Por todo esto, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) proponemos:

  1. Apoyo a las luchas sociales. Apoyamos a los movimientos sociales, comunales, indígenas y ecologistas que defienden su medio natural y sus condiciones de vida. Nos posicionamos en favor de las luchas de recuperaciones de tierras indígenas que buscan recuperar lo que les pertenece para ponerlo en función del ambiente y de sus culturas.
  2. Aprobación del Acuerdo de Escazú. Diferentes sectores políticos y empresariales se oponen a la ratificación del acuerdo alegando que afecta los intereses del sector productivo. Se requiere su aprobación en cuanto este es un acuerdo para América Latina y el Caribe que aborda el derecho a la información ambiental, participación de las comunidades en las decisiones en esta materia, acceso a justicia y protección de las personas defensoras de la naturaleza. 
  3. Plan de ordenamiento territorial. El uso del territorio no puede ser dirigido por el mercado, que ha demostrado ser desordenado, disperso y propenso a desastres socioambientales. Los sectores populares deben decidir la mejor forma de ordenamiento, involucrando a las universidades públicas en el desarrollo y ejecución de planes territoriales, que planifiquen zonas de residencias, de comercio, de producción, de protección y de recreación y cultura. 
  4. Reordenamiento territorial. Hay que modificar el modelo de ordenamiento territorial, que ha provocado una urbanización horizontal extensiva, que genera ciudades dormitorio alejadas de los centros de trabajo, lo que implica un uso excesivo del automóvil. La contaminación atmosférica alcanza hasta un 150% más que la norma internacional en varios puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM), la mayor parte de esto es por el uso de combustibles fósiles de automóviles y transporte en general. 
  5. Repoblamiento de ciudades. Por una política de repoblamiento de las ciudades, con el desarrollo de edificaciones verticales, de bajos costos, ecológicas y para la clase trabajadora, la juventud estudiantil y los sectores populares. 
  6. Fortalecimiento del transporte público y colectivo. Proponemos el fortalecimiento del INCOFER para el desarrollo de la infraestructura y ampliación de la capacidad de transporte de trenes, y el traslado hacia las fuentes eléctricas. Cuatro de cada 10 pasajeros del tren son chóferes de autos que prefirieron usar transporte público y no sus vehículos. El transporte público descongestionará la red vial nacional y reducirá las emisiones de carbono y la contaminación atmosférica de nuestros centros urbanos.
  7. Nacionalización del transporte público. Eliminar las concesiones de autobuses a las empresas privadas para que sean gestionadas estatalmente y con el control de los trabajadores y las trabajadoras. Además, implementar su traslado hacia una flotilla eléctrica, así como el reordenamiento de las rutas, sectorización de las líneas y reducción de los costos de los pasajes subvencionadas por el Estado. 
  8. Cambio de matriz energética. Costa Rica cuenta con una de las mejores infraestructuras para la producción de energía eléctrica en el mundo. No puede ser que sigamos dependiendo de los combustibles fósiles para nuestras actividades económicas y sociales, teniendo la posibilidad de aprovechar toda nuestra electricidad. Además, hay que plantear una moratoria a la producción de hidroelectricidad, pues actualmente el país produce el doble de la demanda energética. Hay que estudiar la posibilidad de recuperar ríos que han sido represados para construir pequeñas hidroeléctricas de empresas privadas que no son significativas en términos de producción, pero si destruyen ríos y ecosistemas al cortar el libre correr de los ríos.
  9. Desarrollo del alcantarillado sanitario. Impulsar el desarrollo de la infraestructura necesaria para el tratamiento de aguas residuales, que actualmente solo cubre a un 4.2% de la población, financiado con impuestos al gran capital.
  10. Gestión de los residuos sólidos. Garantizar una adecuada gestión de residuos sólidos a cargo de las municipalidades, las instituciones competentes del Estado y los sectores trabajadores y populares, que impulse el manejo separado de los residuos y la reutilización de estos. Prohibición de los plásticos de un solo uso. Por el financiamiento de la investigación científica y tecnológica para la invención de nuevas formas de aprovechamiento de los residuos valorizables. Por un plan nacional en manos de la clase trabajadora, para el aprovechamiento de todos los residuos que se puedan reutilizar y revalorizar. Nos posicionamos en contra de la incineración de basura que libera una gran cantidad de polución tóxica y contaminante.
  11. Derecho al agua. Defender el derecho al agua para el consumo humano como prioridad. Protección de las nacientes de agua, mantos acuíferos, ríos y lagos, así como una planificación de su uso y gestión según lo decidan los pueblos democráticamente. El agua debe ser un recurso de acceso público, sin precio, ni costo, pero con una estructura en manos del Estado para garantizar su acceso, consumo, saneamiento y gestión, todo bajo la dirección democrática del pueblo trabajador. 
  12. Gestión comunitaria del agua. Apoyamos la organización comunitaria para la gestión y protección del recurso hídrico en las comunidades del país, siempre con independencia de los intereses del gran capital, de la acumulación privada de riqueza, así como los intereses mezquinos que alienta el sistema capitalista. Que sean las comunidades, la clase trabajadora y los sectores populares, quienes decidan cómo se gestiona el agua como un recurso de toda la población. No queremos a ninguna empresa vendiéndonos agua que es nuestra.
  13. Fortalecimiento de las instituciones del sector ambiental. Por la creación y fortalecimiento de nuevas instituciones gestoras de las zonas ambientales protegidas, así como sus zonas de amortiguamiento, controladas democráticamente por sus trabajadores y trabajadoras, para garantizar una gestión ambiental adecuada, ecológica y sustentable de las zonas protegidas, en vínculo con las poblaciones locales, sus necesidades y capacidades productivas.
  14. Fortalecimiento de SETENA. Nos oponemos a la transformación regresiva de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), así como, a sus labores en favor de las actividades productivas privadas y expoliadoras de la naturaleza. Por el fortalecimiento de los controles de impacto ambiental y cultural controlado democráticamente por los sectores trabajadores y populares.
  15. Plan Agrícola. Establecer un plan en manos del campesinado, profesionales de la agricultura ecológica e instituciones del sector agrícola, que sea diversificado en cuanto a productos, planificado democráticamente y que ponga como prioridad productiva la satisfacción de las necesidades alimenticias de la población, no en función del mercado y de sus intereses privados.
  16. Moratoria a la expansión piñera. El monocultivo de piña que destruye nuestros bosques, tierra, fuentes de agua superficial y subterráneas. En Costa Rica hay 66 mil hectáreas sembradas de piña, más de 1% del territorio nacional y de estas, 1.500 hectáreas se encuentran en áreas silvestres protegidas. No más monocultivos que destruyen amplias extensiones de tierra y bosques. Fuera las piñeras de las áreas silvestres protegidas. 
  17. Impuesto a la exportación de piña. Establecer un impuesto a este producto igual al del banano, de un dólar por caja, lo que generaría ingresos por 91.000 millones de colones.
  18. Protección de Parques Nacionales y Áreas Silvestres Protegidas. Fortalecimiento de la planilla de guardaparques y trabajadores y trabajadoras para las funciones de protección, vigilancia, educación ambiental, acompañamiento en la investigación científica, atención de emergencias, patrullaje, atención al turismo,  entre otros, que ha sido tan debilitada por los últimos gobiernos con intenciones privatizadoras de las zonas protegidas patrimonio del Estado y que se han profundizado con las políticas de recortes, la regla fiscal y el abandono estatal de la protección ambiental. Se necesita, además, fortalecer en términos de infraestructura, vehículos, lanchas, radares, drones, armas, equipo, instalaciones, educación ambiental, entre muchos otros insumos para estas labores.
  19. Reforestación. Detener y revertir la deforestación pues entre 1987 y 2013 se perdió 600 mil hectáreas de bosque maduro, siendo que entre 6 y 8 de cada 10 hectáreas fueron incorporadas a actividades ganaderas. Plan de reforestación y protección de bosques a nivel nacional, con corredores biológicos que conecten las zonas de vida que hoy se encuentran aisladas, para el intercambio genético entre las especies silvestres.
  20. Alto al uso de agroquímicos tóxicos. Costa Rica ocupa el primer lugar en el uso de agroquímicos en el mundo con una media de 18,2 kg por hectárea. Estos contienen químicos peligrosos que afectan los mantos acuíferos y la salud de las personas. Impulso a la producción de bio-insumos y técnicas de agricultura orgánica, ecológica y sustentables.
  21. Prohibición del glifosato y el paraquat. Ambos agrotóxicos han sido muy cuestionados por la ciencia como productos que son probablemente cancerígenos, por lo cual varios países están prohibiendo su uso. Costa Rica debe avanzar hacia este rumbo incluso con otros agroquímicos tóxicos.
  22. Políticas contra la fumigación. Políticas de control ante la fumigación aérea de pesticidas y prohibición de fumigación a menos de 1.000 metros de escuelas, centros de salud y poblacionales.
  23. No a la exploración y explotación de oro, petróleo o gas natural. Prohibición de estas actividades en territorio costarricense e impulso a las fuentes de energías con los menores impactos ambientales posibles. 
  24. No a la minería. Prohibición de la minería a cielo abierto y fortalecimiento de la conservación para evitar la minería ilegal artesanal como sucede en Crucitas y el Parque Nacional Corcovado.
  25. No a la pesca de arrastre. Prohibición definitiva de la pesca de arrastre que captura especies indiscriminadamente y ocasiona destrucción de ambientes y comunidades en el fondo marino. Se estima que se arrojan 4 mil toneladas de producto descartado por año, siendo que el 79% son especímenes juveniles menores a los 20 cm, con lo cual se perjudica la conservación de las especies. Por una propuesta integral de empleo para las zonas costeras, que aprovechen los recursos marinos de manera equilibrada y sostenible, con actividades turísticas, de gestión comunitaria, de producción local, de agricultura diversificada y aprovechamiento de la diversidad cultural, gastronómica y artística de todas las regiones, para beneficio de las mismas comunidades.
  26. No a la privatización de semillas. No a la privatización ni patentización de las semillas criollas que pretenden los capitalistas. Las semillas son un bien natural desarrollado durante milenios por diferentes culturas y son un bien básico para garantizar la alimentación de toda la humanidad, su control e intercambio democrático le pertenece al campesinado, a los pueblos originarios y al personal profesional de las actividades agrícolas, no a las empresas explotadoras y privatizadoras.
  27. Cierre de los zoológicos. Por el inmediato cierre de los zoológicos, no más cárceles para animales. Traslado de estos a centros de rescate. El discurso del “país verde” debe ser coherente con la realidad y no fomentar la violencia hacia las especies animales.
  28. Impuestos progresivos. Este plan se puede llevar a cabo mediante el financiamiento logrado a través de impuestos a las grandes empresas, las grandes agroexportadoras y las empresas contaminadoras. 

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