• Al menos 500 puentes se encuentran en condición crítica y el gobierno, por lo pronto, no girará recursos para su mantenimiento.

Johan Madriz

Informes del Lanamme y del Instituto Tecnológico dan cuentas de que al menos unas 500 estructuras se encuentran en condiciones deficientes, de un total de 1.669 analizadas. Sin embargo, la cantidad puede ser aun mayor ya que la última inspección se realizó entre 2014 y 2018 y sus resultados se presentaron recién en 2019.

Por su parte, el Conavi señala que son 495 los puentes que necesitan alguna reparación y de estos 179 están con prioridad alta.

Los principales daños detectados tienen que ver con problemas en las sobrecapas de asfalto, agrietamientos, problemas con las juntas de expansión, socavamiento en los bastiones o desgaste de barandas.

A pesar de que se encuentran identificadas las estructuras y los trabajos necesarios, en mas de dos años el Conavi no ha realizado ningún trabajo de mantenimiento, contribuyendo a un mayor desgaste de la infraestructura y aumentando la vulnerabilidad ante los eventos climáticos que afectan al país.

Según Giannina Ortiz, coordinadora del Programa de Puentes del TEC, “no podemos esperar un año, ya estamos tarde. Durante muchos años no se ha dado atención a los puentes, hemos invertido en mantenimiento en el pavimento, pero ¿y los puentes?”.

La ausencia de mantenimiento se debe al faltante de recursos que enfrenta la institución. Producto del déficit fiscal y de la aplicación de la regla fiscal los recursos para infraestructura se han reducido, teniendo que priorizar la nueva obra sobre el mantenimiento, aunque esto a mediano plazo pasará su factura.

La situación se agrava aun mas si se considera que para el presupuesto del próximo año se aplicará el escenario mas restrictivo de la regla fiscal que limita no solo el gasto corriente sino también el de capital, es decir, la inversión en infraestructura.

Para el presupuesto del próximo año el Conavi enfrenta un recorte del 11% de sus recursos (unos ₵29 mil millones), por lo que su presupuesto será de ₵160 mil millones.

A esto se le suma el hecho de que este año se han destapado dos casos de corrupción y malversación de recursos en la construcción de obra pública: Cochinilla y Diamante. De esta forma, no solo se malgastan miles de millones destinados a infraestructura para enriquecer a unos cuantos empresarios que entregan obras deficientes, sino que, golpea políticamente al MOPT ante la reticencia para girarle recursos.

Estos casos demuestran que el problema tiene que ver con el modelo de concesión de obra pública al sector privado. Lo que corresponde es castigar a las empresas y funcionarios corruptos, no sacrificar la inversión en obra pública.

De esta forma, es necesario acabar tanto con la regla fiscal que limita arbitrariamente los recursos como con la ley de concesiones que es un asidero legal para tramas de corrupción y despilfarro de recursos. Además, es necesario afrontar los problemas desde su raíz y, para el caso de las finanzas del país, esto implica reconocer que el déficit fiscal se debe a la deuda que en nada ha beneficiado a la clase trabajadora y los sectores populares, por lo que no se debe continuar pagando.