El Índice de Precios al Consumidor aumentó en julio 1,42%, con lo cual suma una variación de 8,52% en lo que va del año y de 11,48% con respecto al mismo mes del año pasado. Tales aumentos no se registraban desde la crisis económica del 2008. El índice general se colocó en 112,099, mientras que un mes antes había sido de 110,894.

De los 289 bienes y servicios que conforman el IPC el 72% aumentó, el 10% se mantuvo estable y el resto disminuyó. Los bienes con mayor efecto positivo fueron el tomate (56,17%,), la cebolla (67,22%) y la papa (40,86%). En cuanto a las divisiones, de las 13 que existen, 9 aumentaron sus precios. Las que mayor aporte positivo tuvieron, al ponderarlo según la variación porcentual y su efecto, fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (1,103) y bienes y servicios diversos (0,108).

De esta forma, se expresan las fuertes alzas de los combustibles aprobadas en los últimos meses y su efecto en el resto de la cadena productiva. La división de alimentos es de los principales rubros a los que se destinan los presupuestos familiares de la clase trabajadora y justo una de las que mayores incrementos ha sufrido, lo que implica una afectación directa en sus bolsillos. La inflación interanual de los alimentos es de 21% y sobresalen productos como el tomate (145,7%), la papa (73,6%), el aceite (64,8%), el café (54,8%) y los huevos (28,8%).

La inflación hace mucho sobrepasó el límite superior del rango meta del Banco Central que era de 3% más un punto. En la revisión del del Informe de Política Monetaria de julio el banco señaló que “la inflación, subyacente y general, se ubicaría en valores superiores al rango de tolerancia alrededor de la meta (3% ± 1 p.p.) en lo que resta del 2022 y en el 2023” y oficializó una caída en la producción al menos hasta el segundo semestre del 2023.

La desbandada inflacionaria afecta fuertemente a los sectores trabajadores por su conjugación con otros factores como un país sumamente caro, una acelerada devaluación del colon, salarios bajos que se mantienen estancados (decreciendo en términos reales) y el efecto de enganche que tiene la inflación para rubros como el precio de los combustibles o los alquileres.

A diferencia de los precios, que no paran de crecer, los salarios están por debajo que hace 10 años. Entre enero del 2021 y julio de 2022 la inflación registrada es de 12,07%, a pesar de esto los aumentos salariales del sector privado son de solo 3,63%, es decir, van 8,44% atrás que el costo de la vida. Por su parte, en el sector público no hubo ningún ajuste, sustentado en las medidas de contención del gasto para el pago de la deuda. Según información del BCCR en mayo se cumplieron 17 meses seguidos en que los salarios reales vienen cayendo, su nivel actual es el más bajo desde 1991 y el quinto peor desde 1984.

Este tema más allá de ser simplemente económico (como pretende hacer creer la burguesía) es político. Todos los índices responden a presiones sociales. Es así como la inflación se constituye en un impuesto a la vida que afecta principalmente a los sectores trabajadores que no ven sus salarios aumentar en la misma proporción. Es necesaria la organización y la lucha en las calles contra el gobierno neoliberal ajustador y por medias anticapitalistas: aumento del salario mínimo a los ₵500 mil, control del comercio exterior y del mercado de divisas, control de precios, aumento de impuestos a las grandes empresas y fortunas y el no pago de la deuda externa.