• Mientras el gobierno y los empresarios aprovechan la situación para implementar más medidas de ajuste, la mayoría de las dirigencias sindicales hacen poco para denunciar los ataques y quienes denuncian lo hacen con pasividad. 

Por Marcela Ramírez Aguilar, coordinadora de la regional 15 de APSE

La situación económica y social del país se ha agravado por la pandemia del COVID-19. El gobierno y la Asamblea Legislativa han tomado decisiones económicas bajo las cuales siempre salen ganando los grandes empresarios pero pierden las personas que trabajan para ganarse la vida. Los ataques al salario han sido los primeros elementos gestados. Como primer paso, las y los diputados avalaron la flexibilización laboral en el sector privado.

Los ataques son innumerables. Desde intentos de agregar un nuevo impuesto al salario de quienes ganen más de un millón de colones (ya  este sector paga un significativo impuesto sobre sus ganancias), amenazas de no pagar el aguinaldo en general ni el salario escolar en el sector público (que es un dinero de las y los trabajadores retenido por el estado y depositado en enero), amenazas de recortes salariales a quienes hacen la cuarentena en el sector público y de no pagar la anualidad al sector público con las excepciones del sector salud y las policías. Semanas atrás se decretó que no se pagará el aumento por costo de la vida al sector público.

Es decir, la clase trabajadora obligadamente hace un gran aporte desde sus salarios. A la vez, ya el sector público hace frente a la emergencia desde sus puestos de trabajo en múltiples instituciones estatales.

El Plan Proteger no protege a nadie

Recientemente el gobierno anunció El Plan Proteger como una medida para enfrentar la crisis. Este plan está financiado con los aportes de las y los trabajadores señalados anteriormente. Pero este plan es insuficiente y no protege a nadie realmente pues los monto de “ayuda” son reducidos. Además deja por fuera al 12% de la población nacional que está desempleada.

Una de las propuestas para financiar el Plan Proteger es un proyecto de ley para fijar el precio de los combustibles mientras que internacionalmente estos van hacia la baja. Al final los precios de los combustibles incrementarán severamente y con esto subiría el precio de todos los servicios y bienes. Este sería un golpe certero y directo al bolsillo de las personas trabajadoras y sectores populares.

Los grandes empresarios proclaman más sacrificios para las y los  trabajadores

Mientras tanto, los grandes empresarios que acumulan riquezas millonarias no se cansan de seguir señalando que sea la clase trabajadora la que aporte más y que sea solidaria. Pero ellos son todo menos solidarios. No basta con que hagan donaciones de productos. Eso se queda insuficiente mientras, que no paguen justamente sobre sus millonarias ganancias, y la elusión y la evasión continúan. Proclaman sacrificios para las y los trabajadores, justamente los sectores que tienen tres décadas de estar cargando la crisis en sus hombros.

Una vez más vemos cómo el gobierno del PAC emplea los valores como la solidaridad contra la clase trabajadora. Así como pidieron el voto en el 2018 en nombre del amor y los derechos humanos, hoy el PAC gesta garrote para las personas trabajadoras con la excusa de la alerta sanitaria.

Propuestas de acción

Mientras el gobierno y los empresarios aprovechan la situación para implementar más medidas de ajuste, la mayoría de las dirigencias sindicales hacen poco para denunciar los ataques y quienes denuncian lo hacen con pasividad. Da la sensación de que esperan pacientes sin ninguna propuesta de organización hacia sus enérgicas bases para denunciar los ataques y salir adelante de la crisis para las personas trabajadoras.

No han señalado los ataques a las personas trabajadoras del sector privado quienes legalmente podrían perder hasta el 75% de sus salarios en empresas cuyos ingresos sean afectadas por la emergencia. Los sindicatos del sector estatal deben denunciar enérgicamente que las y los trabajadores del sector privado pueden perder incluso sus aguinaldos.

Las y los trabajadores necesitan que quienes representan nuestras organizaciones sindicales levanten la voz fuertemente contra todas las medidas de ajuste y que señalen que las y los trabajadores del sector privado y público somos compañeras y compañeros de clase, que los empresarios tratan de dejar a las personas trabajadoras del sector público como enemigas del sector privado pero que al final lo hacen para que quienes trabajan en el sector privado también les quieren cobrar la crisis. Es urgente retomar el sindicalismo bajo la bandera de la conciencia de clase trabajadora.

Es necesaria una campaña enérgica y sistemática de todas las organizaciones sindicales en redes sociales para denunciar los intereses de los grandes empresarios y el gobierno de profundizar las medidas de ajuste sobre la clase trabajadora y los sectores populares. Durante el confinamiento, las redes sociales son una forma de comunicación y denuncia activa y se pueden emplear para defender a la clase trabajadora.

También es necesario levantar la exigencia de la prohibición de despidos, suspensiones y reducciones. Para salir de la crisis el país debe dejar de pagar la deuda externa para destinar esos recursos a la atención sanitaria y económica de la emergencia. Conjuntamente se generar impuestos al gran capital y a los salarios de los jerarcas del gobierno como el presidente, ministros así como las y los diputados. .

Finalmente, planteamos al activismo y todas las organizaciones sindicales, populares, sociales, de mujeres, de indígenas, estudiantiles que, posterior a las medidas de distanciamiento físico, la necesidad de realizar un encuentro nacional, democrático y por la base de todos los sectores para organizar acciones de lucha contra las medidas de ajuste y definir pautas para la reconstrucción del país desde los sectores de abajo.