• Cuestionemos no solo a la OCDE en sí misma, sino al plan de ajuste del gobierno en su totalidad.

Johan Madriz

En la sesión de la Corte Suprema de Justicia de este lunes el magistrado presidente, Fernando Cruz, cuestionó que el gobierno utilice la reciente incorporación del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como excusa para las reformas fiscales y salariales.

Cruz expresó que “hemos entrado a la OCDE y solo selectivamente sirven las referencias para lo que interesa en la agenda, pero la agenda que se define en otros lugares y no lo que uno pensaría es prioritario, pero eso lo definen altas esferas políticas”[i].

Estas declaraciones ni por asomo se deben entender como un viraje progresivo del magistrado o de la Corte, ni nada por el estilo. Simplemente muestra la fragmentación entre diferentes sectores de la burguesía. Lo cierto es que el Poder Judicial ha jugado un rol trascendental para avanzar en los ataques hacia los sectores populares, legitimando jurídicamente las embestidas del gobierno.

Mas allá de esto, estas declaraciones son una excusa para que desde la izquierda anticapitalista cuestionemos no solo a la OCDE en si misma, sino al plan de ajuste del gobierno en su totalidad.

La OCDE es un organismo creado en 1961 y que esta integrado por las principales economías del mundo, en años recientes se ha abierto a países menos desarrollados, y tiene como objetivo la promoción y aplicación de políticas publicas que resguarden los intereses económicos de los sectores empresariales. Es decir, establece estándares globales para maximizar la explotación capitalista en sus países miembros.

En el proceso de incorporación el país se vio sometido a 22 comités que evaluaron todos los ámbitos del gobierno: desde las políticas comerciales y fiscales hasta la agricultura y la salud. Resultado de las “recomendaciones” la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas legales iniciales para armonizar la legislación del país con la del resto de países miembros. Entre otros, se reformaron aspectos del sistema educativo y de salud, políticas regulatorias y fiscales.

Amparado en esto, y en conjunto con el FMI, Carlos Alvarado esta llevando adelante un plan de ajuste gubernamental que implica la precarización del empleo público, la mercantilización de la educación, el desfinanciamiento de las pensiones y los recortes en el gasto social para priorizar el pago de la deuda.

Donde se evidencia este ajuste es en el presupuesto nacional que para el 2022 estará atado al escenario mas restrictivo de la regla fiscal, lo cual implica la contención del gasto corriente y de capital. Solo crecerá 1.94% y el 43.2% estará destinado a pagar la deuda y sus intereses. Ante cualquier cuestionamiento el gobierno solo dice que es necesario para cumplir con los compromisos de la OCDE y el FMI.

Si estos son los impedimentos, pues la solución debería ser sencilla: romper con ambos organismos, pero esta no es una opción para el gobierno que debe cumplirle a la burguesía sus exigencias de retroceder en los derechos de los sectores populares para mantener y agrandar sus ganancias. Entonces, la solución debe pasar por otro lado, por medidas anticapitalistas que cuestionen el sistema que propaga pobreza, desempleo, desigualdad y explotación.

[i] “Presidente de la Corte dice que país usa la OCDE solo para justificar reformas fiscales”. En www.crhoy.com