La baja en el impuesto al arroz ¿a quién beneficia?

Las medidas de Chaves no son para ayudar a los sectores populares ante la inflación, son para recompensar a sus amigotes relacionados con la importación de arroz.

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Rodrigo Chaves, cumpliendo con su promesa de campaña, lanzó la “Ruta del Arroz”, un plan para la liberalización del producto que, hasta ahora, era el único que mantenía un precio fijado por decreto debido a la importancia en la dieta de la mayoría de las personas en el país. Esta ruta se enmascara bajo el halo de bajar los precios y beneficiar a los consumidores. Aunque inicialmente puede tener ese efecto, la verdadera intención de esta legislación es favorecer a los grupos importadores en detrimento de la producción nacional.

Hasta el momento el presidente ha propuesto tres decretos relativos al tema. El primero es sobre la fortificación del grano en el país. La legislación establece que todo el arroz comercializado en el país debe estar fortificado con ácido fólico, selenio, cinc y vitaminas B12, E y del complejo B, proceso que, en el caso del producto importado, debía realizarse en el país de origen. Este decreto cambia esa orden y abre la posibilidad de la importación sin ese requisito para que el proceso se realice en alguna planta nacional. Esto implica que el valor sobre el que se calculan los aranceles de importación será menor, ya que, tiene un valor agregado más bajo al ingresar al país.

La siguiente orden es la que elimina el esquema de fijación de precios. Previamente el Ministerio de Economía realizaba un estudio del mercado y decretaba una tarifa. Este proceso “técnico” era completamente parcial, ya que, se le delegaba a Conarroz (un ente público no estatal en manos de los grandes productores) el establecimiento del precio mínimo que los agroindustriales les pagan a los productores por su cosecha y sugerir el precio del arroz en granza y los subproductos, además, emitía una recomendación del precio comercial del producto pilado (descascarado y procesado para consumo). Si bien la fijación del precio estaba completamente sujeta a los intereses de los grandes industriales, la liberalización no resuelve el problema de que los productores reciben una miseria y el grueso del precio final se lo comen los comerciantes, por el contrario, agravará tal situación.

Finalmente, el ultimo decreto reducirá el arancel de importación del arroz pilado de 36% a 5%. Esto le abre las puertas a los importadores y sus negocios, que, junto a las medidas previas, mantendrán una ventaja en la comercialización. Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica de la UNA, señaló que actualmente hay unos 400 pequeños y medianos productores que abastecen el 35% del consumo nacional, los cuales estarían condenados al cierre: “inmediatamente esa baja significa que el industrial comprará la granza importada y no al productor nacional. […] en un país donde la productividad del arroz es baja y hay grandes ineficiencias por costos más altos que el resto de América Latina, significa el cierre técnico de la producción de arroz en casi 400 productores”.

Este producto mantiene un cierto nivel de protección debido a su trascendencia como el principal grano de la canasta básica alimenticia. Pero esa tutela se estableció desde la óptica burguesa de resguardar los intereses de unos pocos industriales, es decir, los productores quedaron expuestos a la voluntad de los primeros. Ahora, el gobierno de Chaves con su visión neoliberal y aperturista se enfrenta a esta vieja burguesía en favor de una nueva ligada al comercio internacional. El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, así lo dejó en claro al explicar que las medidas están: “en línea con las recomendaciones que al efecto derivan de reputadas organizaciones nacionales e internacionales, como la COPROCOM, la FAO y, desde luego, la OCDE”.

La liberalización de este producto inicialmente podrá tener el efecto de una baja en el precio, pero esta será una consecuencia temporal, mientras se redefinen y estabilizan las nuevas condiciones. Al respecto Vargas, señala que: “además se argumenta que el decreto es a favor del consumidor, pero por cuanto tiempo se van a mantener los mercados de alimentos, los cuales son mercados de excedentes. Ese excedente desaparecerá, vendrá la escasez, tendremos precios más altos y, ya sin arroceros e industrias, los consumidores pagaremos el precio del mercado mundial más alto”. Incluso, figuras como Luis Felipe Arauz, exministro del MAG, estiman que los precios podrán aumentar hasta un 34%.

La Ruta del Arroz en realidad tiene toda la intención de beneficiar a un grupo de capitalistas específicos que son los importadores. La disputa hace parte de la pugna interburguesa que el actual gobierno está procesando. Bernal Jimenez, uno de los grandes financistas de la campaña electoral de Chaves y un empresario importador de arroz, sínicamente analizó que: “siempre tiene que ver con la entrada, si usted la cierra, restringe la competencia y el capitalismo funciona menos bien, entonces, la única manera de que usted controle a un capitalista es poniéndole otro capitalista que lo persiga, entonces, entre más capitalistas hay persiguiendo a los otros, mejor”.

Esto no es cierto, la historia ha demostrado que el capitalismo tiene la tendencia hacia la monopolización y el acaparamiento. Oscar Campos (político ligado al PLN y Rescate Nacional, con el cual no compartimos posturas) recordó acertadamente que: “lo mismo vimos con el tema de los frijoles, dijeron que cuando liberáramos los frijoles y les quitáramos los aranceles a los frijoles íbamos a tener frijoles baratos y no solo no tenemos baratos, no producimos frijoles, no llegamos ni al 17% de producción de frijoles”. Además, aludió a que: “primero cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, se le dio a Estados Unidos una oportunidad para ir reduciendo el precio del arroz, eso ya ha metido está en un 16% el arancel ya no está en el 35%, está en 16% por que ha ido generándose una desgravación arancelaria”.

Justamente la transformación que está guiando el gobierno es de pasar de un oligopolio dominado por los industriales, a uno en que serán los importadores los que determinen las condiciones. Aunque ahora será aún más drástico, ya que, ni siquiera existirá una fijación de precios. Se está virando a un modelo que es exactamente igual al de los medicamentos, donde un reducidísimo grupo de empresarios controla el mercado e impone los precios (altos) en todo el país. Con las nuevas reglas se eliminan los márgenes de ganancias fijos que cada actor obtenía (7% para agroindustria, 5% para mayorista y 7% para detallista) y deja por la libre su fijación. Si bien el modelo previo ya era perjudicial para los sectores campesinos porque son los que menos ganan, la fijación antojadiza del mercado es aún más peligrosa, al respecto Conarroz señaló que “lo que ha existido en el país en productos agrícolas en condición liberada ha sido un severo abuso en los márgenes de intermediación”, con casos de más 200%.

Los productores auguran que máximo en un año la mayoría estarán quebrados, afectando a las cerca de 33 mil personas que trabajan en el sector. Ante esto, el gobierno, cumpliendo el protocolo de manual, anunció que les brindará asistencia técnica y distribuirá por una única vez ₵2.800 millones en subsidios. Estos serían de ₵300 mil para quienes siembran una hectárea y de ₵12,5 millones para 100 hectáreas, una miseria con la que no se resuelven los problemas de productividad. Además, está condicionado a que la Asamblea Legislativa apruebe una excepción a la regla fiscal, ya que, en el escenario actual dicho mecanismo prohíbe los subsidios o rescates financieros.

Rigoberto Vega, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria critica que: “como país es irrazonable poner la seguridad alimentaria en manos de unos muy pocos importadores que buscan hacer su negocio a costa de arrasar con nuestro sector agropecuario e invocando impropiamente a un consumidor que no representan”. Esto es cierto, pero también lo es que el grupo empresarial que representa tampoco estaba preocupado por la seguridad alimentaria del país o por los consumidores, por el contrario, tienen décadas haciendo negocios multimillonarios con un producto básico en la alimentación nacional.

En respuesta a la pregunta inicial hay que decir que son los grandes importadores los que saldrán ganando. En un primer momento los precios del arroz podrán bajar, pero solo mientras la producción nacional se desbarata. Es la táctica para sentar una base sólida para limpiar el camino, con lo cual, posteriormente, cuando los precios suban, no existirá otra opción más que pagar lo que pidan, porque no hay alternativa. Esa es la “persecución” del capitalismo, persiguen ganancias sin importar qué o cómo.

No hay que caer en la dicotomía de que hay que apoyar al gobierno o a los industriales arroceros, esa es una falsa polarización que solo le es funcional a la burguesía. Desde abajo hay que posicionarse anticapitalistamente, denunciando que el plan de Chaves es regresivo, empobrecedor, que generará desempleo, quebrará campesinos y hará al país más dependiente en cuanto a los alimentos. Todo para privilegiar a sus “amigotes”, a este sector empresarial que está peleando por quedarse con una mayor tajada del pastel. Pero también hay que tener claro que lo que había antes tampoco era beneficioso para la clase trabajadora, era un pequeño grupo de industriales que se hacían con la producción de arroz a precios bajos y se aseguraban grandes ganancias.

La salida debe pasar por proteger al pequeño y mediano campesinado que no puede competir contra los gigantescos subsidios de otros mercados ni contra los grandes agroproductores que explotan a los trabajadores agrícolas y arrasan con la naturaleza. Para esto se requieren medidas proteccionistas y subsidios que les permitan producir y mejorar progresivamente sus rendimientos. De la mano, el comercio debe colocarse en control y en función de los sectores trabajadores para mantener precios accesibles y que se tomen acciones que ayuden a combatir la inflación que carcome los salarios. En estos momentos es necesaria la organización y la lucha en las calles contra el gobierno neoliberal ajustador: aumento del salario mínimo a los ₵500 mil, control del comercio exterior y del mercado de divisas, control de precios, aumento de impuestos a las grandes empresas y fortunas y el no pago de la deuda externa.

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