Con la implementación del modelo de exportaciones en Costa Rica, sectores claves de la economía nacional pasaron a manos de empresas privadas y las pocas áreas que la clase trabajadora logró defender se encuentran en la mira de la burguesía. Los tratados de libre comercio y la aprobación de la Ley de Concesión de Obra Pública han potenciado este proceso en los últimos años. 

La agenda de implementación del TLC con Estados Unidos y la incorporación a organismos como la OCDE someten al país a los mandatos del consenso neoliberal mundial, lo que atenta contra la soberanía y coloca al Estado en función de los intereses de los grandes grupos capitalistas nacionales e imperialistas. 

Los seguros, las telecomunicaciones, la banca y las carreteras fueron abiertos a la especulación de las empresas. Los puertos, aeropuertos, edificios de universidades públicas y hasta el de la Asamblea Legislativa se encuentran en manos privadas. Todo bajo la lógica de la ganancia y no de las necesidades.

En ese mismo sentido, la pandemia de la Covid-19 evidenció, una vez más, las contradicciones del capitalismo. Mientras la humanidad urge de la producción masiva de vacunas, y existe la capacidad instalada para su producción, su desarrollo es limitado por el derecho que se les ha concedido a las empresas privadas sobre las patentes. De esta forma su producción y comercialización está supeditada a la ley de la oferta y la demanda en lugar de a suplir las necesidades, unas pocas empresas se enriquecen mientras millones en el mundo mueren.

Por todo esto, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) planteamos: 

1. Separación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este organismo internacional de países desarrollados impulsa una serie de ajustes a la estructura política, educativa, social, ambiental, etc., que introducen en Costa Rica estándares de explotación de países como Estados Unidos, Chile o Alemania. La planificación del desarrollo del país debe estar acorde a los intereses de las grandes mayorías, es decir, de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. 
2. Ruptura de los Tratados de Libre Comercio. Costa Rica tiene aprobados 15 acuerdos comerciales, los cuales solo benefician a los grandes empresarios e imponen los estándares de explotación internacionales con presión hacia la reducción de los salarios.
3. Liberación de las patentes. La propiedad privada de las vacunas contra la Covid-19 en función de las ganancias de las grandes farmacéuticas es una vergüenza política al derecho a la salud. El país se ha endeudado para lograr la compra de las vacunas enriqueciendo a unos pocos empresarios, por esto es necesario que se liberen las patentes para que la producción aumente y se vendan al costo.
4. Control de precios de los medicamentos. En Costa Rica los medicamentos son entre un 30% y un 50% más caros que en el resto de los países de Centroamérica y según el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) en 2019 el mercado privado comercializaba 550 millones de dólares, asimismo, durante el 2020 las ventas aumentaron un 15%. Esta situación se produce por la concentración del mercado en unas pocas empresas y la nula regulación en los precios. Es necesario regular el mercado de medicamentos y establecer un sistema de fijación de precios.
5.  Eliminar la producción eléctrica privada. A pesar de que el sector de electricidad es un monopolio estatal en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la ley 7.200 autorizó la producción en la empresa privada de hasta un 30% de la capacidad instalada en el sistema. Hay que derogar esta ley para que la generación realmente sea producida por el ICE y se eviten los multimillonarios contratos a las empresas que solo buscan obtener ganancias.
6. Transporte estatal. El transporte público en todas sus modalidades debe ser desarrollado por el Estado y administrado por los trabajadores y las trabajadoras. Actualmente los servicios de autobús, cabotaje y aerotransporte son concesionados al sector privado.
7. Nacionalización de sectores. La nacionalización bajo control de los trabajadores y las trabajadoras de las siguientes industrias para el desarrollo de la economía nacional: 

a) Industria del cemento. Esta es una industria estratégica para el desarrollo del país que mueve ¢325 mil millones al año. Los casos de corrupción ligados al Cementazo y los informes sobre la baja calidad del producto demuestran que esta industria no debe estar en manos privadas.

b) Industria del asfalto. El 90% de la red vial nacional está realizada con asfalto, sin embargo, en el país la producción del producto recae sobre 12 empresas privadas que también son constructoras y compiten por las concesiones de obra pública. Una pequeña parte es producida en cuatro planteles del MOPT. Constantes informes del Lanamme señalan una baja calidad del producto aplicado en las carreteras, por lo que es necesario centralizar y especializar su producción en el MOPT.

c) Banca, telecomunicaciones y seguros. Estos sectores son esenciales para el desarrollo de la economía y con la llegada de los TLC fueron abiertos los monopolios estatales del ICE y el INS. Amplios rangos del espectro radioeléctrico ya están en manos privadas, estos deben regresar a ser administrados por el ICE.

d) Puertos y aeropuertos. Los puertos y aeropuertos del país se encuentran en concesión. El manejo de las puertas de entrada y salida de productos y personas debe estar bajo control estatal.

e) Carreteras. Ante la crisis fiscal del país el gobierno opta por entregar las nuevas carreteras o las ampliaciones a las empresas privadas. Las vías de comunicación son fundamentales no solo para el desarrollo económico sino para la movilidad, por lo que deben regresar a manos estatales.

6) Revisión Técnica Vehicular. Durante 20 años la revisión del estado de los automotores del país ha permanecido en manos de una empresa privada española, generándole millonarias ganancias. Esta función debe ser realizada por alguna institución estatal.

Colocar la AEC en función del desarrollo científico. Este año se creó la Agencia Espacial Costarricense (AEC), sin embargo, fue establecida como un ente público no estatal por lo que su financiamiento durante los primeros cinco años será mediante el aporte de los superávits de instituciones públicas, pero, luego su continuidad dependerá del desarrollo de productos y servicios con fines comerciales, sometiéndola a la voluntad empresarial. Hay que transformar la AEC en una institución pública, asegurándole presupuesto y que este en función del desarrollo técnico y científico para toda la humanidad.