• Un impuesto solidario a las grandes fortunas, con el cual financiar un programa de subsidios para mantener el ingreso de todas las personas trabajadoras e impedir la quiebra de los pequeños negocios.

Victor Artavia

Los estragos económicos de la pandemia azotan con más fuerza a la clase trabajadora, producto del oportunismo del gobierno y la UCCAEP por aplicar un brutal ajuste aprovechando la crisis sanitaria y la desmovilización social generada por el temor al contagio.

Pero también los pequeños negocios están en números rojos por los cierres de la economía. De acuerdo a la Cámara de Comercio las pérdidas en el sector alcanzan los 1.850 millones de dólares, aproximadamente un 3,2% del Producto Interno Bruto nacional, siendo las empresas pequeñas las más perjudicadas: “Una encuesta realizada entre 380 negocios (90% Mipymes) reveló que entre el 26 de junio y 2 de julio al 85% de los comercios se le cayeron las ventas, un 11% las logró mantener y solo un 4% las aumentó (…) Adicionalmente, el 34% de las empresas afirmó que estas pérdidas superan el 50% de sus ventas y un 20% enfrenta pérdidas superiores al 75% de sus ventas anteriores”[1].

Esto también afectó a 137.794 trabajadores y trabajadoras del sector: 35.544 despidos, 35.331 suspensiones de contratos y 66.919 reducciones de jornadas laborales.

Por este motivo se realizaron movilizaciones de este sector en varios lugares del país. Por ejemplo, el 20 de julio se congregaron representantes de gimnasios y salones de belleza en las afueras de Casa Presidencial y, al día siguiente, hubo movilizaciones en cantones como San Ramón y Santa Ana. La exigencia general de las protestas fue la reapertura de las actividades económicas bajo controles sanitarios.

¿Qué posición tomar ante estas movilizaciones y su llamado por abrir la economía? De entrada señalamos que no apoyamos el llamado de rebajar las medidas sanitarias bajo la presión económica, pues eso propició el aumento de la curva de contagio luego de Semana Santa, pasando de 3 casos diarios a más de 500 o 600 en la actualidad. Pero tampoco obviamos que esa reivindicación es producto de la desesperación de cientos de miles de personas que dependen de sus negocios y los trabajos que generan para sobrevivir, ante lo cual el gobierno les impone un cierre sin garantizar ningún tipo de compensación económica para hacerle frente a los gastos cotidianos.

Ante esto, es necesario que las organizaciones de la clase trabajadora impulsen una consigna que tienda puentes con estos pequeños empresarios, ganándolos hacia una política que desnude el carácter pro-burgués del gobierno de Carlos Alvarado, el cual está en función de los grandes grupos capitalistas de la UCCAEP y las empresas transnacionales.

En esta coyuntura la mejor forma de hacer eso es a través de un impuesto solidario a las grandes fortunas, con el cual financiar un programa de subsidios con el objetivo de mantener el ingreso de todas las personas trabajadoras del sector e impedir la quiebra de los pequeños negocios, sector que en el sistema capitalista está destinado a ser devorado por grandes empresas y corporaciones, justamente a quienes protege el gobierno.

En este último caso es preciso establecer algunos criterios básicos, como que no estén morosos con la CCSS (el “Cobrador de la CCSS” denunció que los gimnasios de George Ángulo adeudan 41.8 millones de colones a la institución).

Por su composición social, estos pequeños empresarios fácilmente pueden ser instrumentalizados por la UCCAEP para presionar por la apertura de la economía en detrimento de la salud de la población. Es necesario distinguir entre la codicia de los grandes capitalistas con la desesperación de los pequeños propietarios al borde del precipicio.


[1] Sergio Arce, Pandemia ha causado una pérdida en el comercio de Costa Rica de $1.850 millones. En https://observador.cr/noticia/pandemia-ha-causado-una-perdida-en-el-comercio-de-costa-rica-de-1-900-millones/ (Consultada el 21 de julio de 2020).

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