Impuestos a las fortunas y las grandes empresas

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Para el 2020 el déficit fiscal alcanzó el 8,10% del Producto Interno Bruto (PIB), el más alto en más de cuatro décadas. Para el 2022, a raíz de las grandes medidas de ajuste del gobierno, se proyecta que será de 6,57% del PIB. 

Más allá de las alzas y bajas porcentuales anuales, los problemas fiscales del país son de carácter estructural y guardan una estrecha relación con la implementación de un modelo de desarrollo sometido a los intereses de los grupos exportadores nacionales y transnacionales, por lo cual los sectores capitalistas con mayores ganancias cuentan con enormes exoneraciones fiscales. De hecho, los desbalances entre ingresos y egresos (déficit fiscal) comenzaron desde los años ochenta y, salvo el período 2002 al 2006, cuando hubo superávit fiscal, el resto de los años siempre hubo déficit fiscal

Esto explica el comportamiento permisivo del Estado costarricense ante la evasión y elusión fiscal, prácticas muy comunes dentro del ambiente empresarial. De acuerdo con el Informe sobre el Estado de la Nación (IEN, 2016), la evasión fiscal representa un 8,2% del PIB y sólo el incumplimiento de las empresas en el pago del impuesto de renta es del 5,8% del PIB. Asimismo, las exenciones fiscales suman un 5,8%, muchas de ellas creadas en beneficio de las grandes empresas privadas nacionales y transnacionales. 

Por otra parte, el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Ministerio de Hacienda presentado en enero de 2018 señala la brecha tributaria de Costa Rica (diferencia entre el ingreso potencial fijado por la normativa y la recaudación efectiva) producto de la evasión, elusión y mora en los impuestos de Renta y Ventas, que fue del 4,6% del PIB en 2016, distribuidos de la siguiente manera: 1,9% del PIB por incumplimiento tributario en ventas y el restante 2,7% por el pago del impuesto de renta para personas jurídicas.

La diferencia de datos entre ambos informes radica en que utilizaron metodologías diferentes, por lo tanto, no es correcto compararlos, tal como hicieron algunos medios de comunicación burgueses durante la huelga contra el Plan Fiscal alegando que los datos brindados por algunas organizaciones sindicales sobre la evasión y elusión fiscal (sustentados por el IEN) eran falsos. Lo que sí es factible deducir es el peso que la evasión, elusión y mora fiscal tienen dentro de la composición del déficit en ambos informes, lo cual confirma que cualquier intento serio para resolverlo pasa por combatir esas fuentes

Según el documento “Análisis de las finanzas públicas en Costa Rica”, elaborado por Mauricio A. Soto Rodríguez para el IEN (2017), si el Gobierno frenara la evasión fiscal y suprimiera las exoneraciones fiscales, la carga tributaria aumentaría significativamente, alcanzando el 26,36% del PIB

Junto con esto, las empresas exportadoras gozan de enormes privilegios, pues prácticamente no pagan impuestos sobres sus exportaciones. De acuerdo con el listado de impuestos vigentes del Ministerio de Hacienda, en nuestro país, de al menos 110 impuestos, solamente hay siete a las exportaciones, la mayoría establecidos en los años sesenta y setenta a productos agropecuarios: al café (Ley n° 2.762 de 1961); al banano (Ley n° 5.515 de 1974), al ganado en pie (Ley n° 5.135 de 1972, Ley n° 6.247 de 1978 y Ley n° 7.837 de 2015) y a los productos de pesca y acuicultura (Ley n° 7.384 de 1994). Además, un impuesto general de exportaciones que salgan por vía terrestre (Ley n° 9.154 de 2013). 

Estos impuestos corresponden a la vieja estructura agropecuaria del país, previa al desarrollo del modelo de exportaciones, por lo cual no se tasan a los principales sectores exportadores de la actualidad y, por si fuera poco, los impuestos existentes son con tasas ridículas, por ejemplo, un dólar por cada 40 libras de banano o 25 colones por cada tonelada métrica de carne. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior en 2020 las exportaciones totales fueron por 11.683 millones de dólares, siendo los principales sectores el de equipo de precisión y médico (34%), agrícola (24%), industria alimentaria (14%) y el sector químico farmacéutico (6%). El único sector que mostró un crecimiento positivo fue el de zonas francas que se encuentra libre de impuestos.

El Ministerio de Hacienda calcula el gasto tributario, es decir, los ingresos que se dejan de recibir por exenciones u otros beneficios impositivos, en 1,7 billones de colones para 2019, lo que equivale al 4,73% del PIB de ese año. De ese monto un 2,3% corresponde al impuesto sobre la renta y principalmente se debe a las exoneraciones de las zonas francas que dejan de pagar 375 mil millones de colones al año (un 1,04% del PIB 2019).

Debido a esto el país tiene una baja carga tributaria, de apenas el 15,5% del PIB (2019) distribuida de la siguiente manera: recaudación del impuesto sobre la renta y utilidades un 4,9%, mientras que impuestos al consumo un 8,2%. Así, estos datos dan cuentas del carácter regresivo de la estructura tributaria, siendo que el 53% de los ingresos fiscales corresponden a impuestos indirectos que, proporcionalmente a sus ingresos, implican mayores gastos para las personas más pobres. ¡En Costa Rica los que tienen más, pagan menos y los que menos tienen, pagan más!

Esta estructura tributaria regresiva es resultado del modelo de exportaciones impulsado por los gobiernos del PLN y el PUSC a lo largo de los últimos cuarenta años. Ante esto, los gobiernos del PAC no tomaron ninguna medida para avanzar hacia una propuesta fiscal progresiva. Por el contrario, asumieron las medidas planteadas por los partidos tradicionales de la burguesía y las cámaras patronales, particularmente durante la administración de Carlos Alvarado con la aprobación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los constantes ataques contra los salarios y las pensiones del sector público y privado. 

El crecimiento de la economía durante el 2020 fue negativo, el PIB se redujo un 4,5%. Los ingresos totales tuvieron una caída de 10,94% (equivalente a 1,68% del PIB), pasando de representar el 14,78% del PIB en 2019 al 13,70% en 2020. Los ingresos tributarios cayeron un 11,22%, siendo la mayor disminución desde la crisis de los años ochenta. Esta situación se debió, en buena medida, a la decisión del gobierno de aplicar una moratoria en el pago de los tributos a las empresas, que explica un 11% de esta disminución.

En cuanto al gasto del gobierno hubo una disminución del 0,57% del PIB, a pesar del aumento en los gastos relacionados con la pandemia. Esto se explica por un ajuste en el presupuesto público que colocó la tasa de crecimiento del gasto para 2020 en un 1,51%, cifra muy inferior al límite, ya arbitrario, establecido en la regla fiscal de 4,67%.

Estas medidas están orientadas contra la clase trabajadora, porque profundizan el carácter regresivo de la estructura tributaria y responsabiliza a los trabajadores y las trabajadoras del sector público del déficit fiscal, además, resultan insuficientes para subsanar el déficit gigantesco que agobia la economía nacional. 

En cuanto al IVA, durante los debates del Plan Fiscal se valoraron dos escenarios: si se aprobaba con el aumento al 15% se recaudaría un 2,2% del PIB, o si se mantenía la tasa del 13% donde se recaudaría el 1,5%. Al final se aprobó la última opción, pero desde ya varios sectores apuntan a aumentarlo a 15% para enfrentar la crisis económica agudizada por la pandemia. 

En cuanto al proyecto de Ley de Empleo Público, el gobierno presentó en mayo del presente año un texto sustitutivo con el cual pretende recortar 70 mil millones de colones anuales, equivalente a un del 0,7% del PIB, un porcentaje muy bajo del déficit fiscal, a costa de precarizar a las y los empleados públicos y con la consecuente caída en la capacidad de consumo, medida sumamente perjudicial para el mercado interno.

De esta forma, los nuevos ingresos y recortes generados por el IVA y la eventual aprobación de la Ley de Empleo Público sumarían un 2,2% del PIB, la cuarta parte del déficit fiscal del 2020. Definitivamente esa no es la solución al problema de déficit, y su carácter es eminentemente antipopular, pues para una propuesta realista sería necesario afectar los privilegios fiscales de los grupos capitalistas y tomar medidas efectivas para contrarrestar la evasión fiscal. 

Por todo lo anterior, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) sostenemos que la crisis fiscal la tienen que pagar las grandes empresas, las fortunas y los corruptos, no la clase trabajadora con sus salarios. En este sentido planteamos las siguientes medidas fiscales progresivas para solucionar el déficit fiscal del país: 

  • Aumentar el impuesto de renta. Actualizar las escalas del impuesto sobre la renta de forma progresiva, aplicando tarifas de hasta 50% a los mayores ingresos. Este impuesto se debe aplicar sobre las ganancias y utilidades de grandes empresas y fortunas, no sobre los salarios de la clase trabajadora.
  • Establecer la renta mundial. Los Papeles de Panamá demostraron que la evasión también se produce a nivel internacional, por lo que se debe establecer la renta mundial, mecanismo mediante el cual el Ministerio de Hacienda contaría con herramientas para calcular el pago del impuesto de la renta según el total de riqueza generada tanto dentro como fuera del país.
  • Establecer la renta global. Establecer el pago del impuesto de renta según la renta global, es decir, sumando los ingresos de todas las actividades para evitar la evasión resultado de la fragmentación de declaraciones.
  • Modificar la norma de subcapitalización para endeudamientos ficticios. Establecer la no deducibilidad de intereses y gastos financieros del impuesto de renta resultado del endeudamiento fraudulento entre grupos económicos.
  • Impuestos a las zonas francas. Eliminar las exoneraciones de impuestos de este sector y equipararlos a los del Régimen Definitivo. Nos oponemos a los proyectos de ley que pretenden crear nuevos beneficios fiscales para este sector, tal como, el de zonas francas fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) que incluso les libraría del pago de cargas sociales hasta por diez años.
  • Impuesto a las exportaciones. Reinstaurar el impuesto del 24% a las exportaciones (vigente en 1983) para generar ingresos cercanos al 3,2% del PIB.
  • No a la reducción de impuestos al comercio exterior. Los sectores exportadores pretenden que se flexibilicen las bases de cálculo de los impuestos aduaneros, sea mediante el valor FOB o a índices de referencia de años anteriores. Nos oponemos a esta medida.
  • Impuesto a la iglesia católica. Debido a la confesionalidad del Estado la iglesia católica goza de exenciones de impuestos y en el Presupuesto Nacional se le asigna recursos para el mantenimiento de sus templos, subvenciones a los centros educativos que administran y otros rubros. Entre 2014 y 2016 percibieron aproximadamente 7.660 millones. Es necesario anular las exoneraciones de que gozan y eliminar las transferencias gubernamentales.
  • Gravar herencias y donaciones. Gravar las herencias y donaciones de lujo que son un indicativo de riqueza y pueden servir para evadir obligaciones tributarias.
  • Impuesto a los inmuebles ociosos. Un impuesto de 5% a los inmuebles ociosos, es decir, fincas, edificios o casas que se encuentren desocupadas o no sean utilizadas.
  • Publicidad de accionistas. Establecer como de acceso público la información de accionistas, beneficiarios finales y declaraciones de impuestos de las empresas.
  • Quitar los impuestos al consumo. Derogación del IVA y oposición a cualquier tipo de impuestos indirectos, como el de transacciones financieras, que se pretenda imponer.
  • Establecer una canasta básica de necesidades. Transformar la canasta básica tributaria en una canasta básica de necesidades, incluyendo tanto productos y servicios de consumo general, como los necesarios para asegurar mejores condiciones de vida, además, hay que eliminar los impuestos que afecten la canasta básica, de forma tal que sea completamente exenta.
  • Eliminar exoneraciones al capital privado. Revisión a fondo de las exoneraciones fiscales que representan un 5,8% del PIB. Planteamos la supresión inmediata de todas las exoneraciones al capital privado.
  • Medidas contra la evasión. Cobro inmediato a los empresarios morosos al fisco y a la seguridad social. Confiscación de bienes y cuentas a quienes no paguen. 
  • Medidas contra la elusión. Establecer legislación que tipifique las maniobras elusivas de forma equivalente a la evasión fiscal.
  • Supervisión bancaria costeada por la banca. La supervisión del sistema bancario nacional le cuesta al país cerca de 20 mil millones anuales y los bancos solo aportan el 20%. El monto total debe ser cubierto por los bancos públicos y privados.
  • Abajo las tasas de usura. La Ley de Usura impuso límites a los intereses y comisiones sobre los préstamos, sin embargo, aun así, se mantienen tasas de hasta 47% para microcréditos.  Hay que bajar ese monto a un máximo de 10%.

Estas medidas fiscales generarían nuevos ingresos, los cuales podrían emplearse para financiar la construcción de obra pública y generar empleo, inversión en educación y seguridad social, en la red de apoyo contra los femicidios, etc.  

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