• Es urgente que el movimiento sindical organice la lucha contra ajuste fondomonetarista, aglutinando a más sectores sociales para resistir este brutal ataque e impedir su aprobación en la Asamblea Legislativa en los próximos meses.

Víctor Artavia

El 22 de enero, el gobierno anunció que llegó a un acuerdo con el equipo negociador del Fondo Monetario Internacional (FMI), por medio del cual el país accederá a un préstamo de $1.750 millones en tres años, a cambio del cual deberá aplicar un fortísimo ajuste fiscal mediante una serie de contrarreformas laborales en el sector público, el congelamiento de pensiones y recortes presupuestarios a las instituciones públicas, entre otras medidas.

Ante esto, es urgente que el movimiento sindical organice la lucha contra ajuste fondomonetarista, aglutinando a más sectores sociales para resistir este brutal ataque e impedir su aprobación en la Asamblea Legislativa en los próximos meses.

La consigna del gobierno: ¡que la crisis la pague la clase trabajadora!

Sin duda, la economía nacional afronta uno de sus peores momentos en las últimas décadas, producto de la crisis económica internacional (en curso desde 2008), la cual se potenció con la pandemia.

Ante esto, el gobierno de Carlos Alvarado, en representación de los intereses de la burguesía y las empresas transnacionales, apunta a descargar todo el costo de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora y los sectores populares. En este sentido, acordó con el FMI un ajuste fiscal que rondará el 5% del PIB, con el cual pretenden alcanzar un superávit del 1% y bajar la deuda pública de un 70% a un 50% del PIB, todo esto en cuestión de tres años.

Tomando nota de las fuertes movilizaciones que desató el primer borrador de negociación con el FMI en octubre pasado, debido al aumento y creación de impuestos que afectaban a pequeños propietarios (campesinos, transportistas, pescadores, etc.), en esta ocasión el gobierno concentró el ajuste contra los trabajadores y trabajadoras del sector público por medio de recortes al presupuesto público, las cuales representan el 60% del ajuste fiscal. Esto no deja por fuera a los sectores populares, pues el deterioro en los servicios públicos producto de los recortes, afectará el acceso a la educación y salud pública de calidad.

Aún son susceptibles de precisar las medidas, pero ya son públicos varios de los acuerdos generales entre el gobierno y el FMI, los cuales explicamos a continuación:

  1. Recortes al gasto público. Esto constituye el centro de la propuesta del gobierno, pues para 2025 proyecta que representará el 60% del ajuste fiscal. Claramente, esto redundará en fuertes limitaciones para el funcionamiento de las instituciones estatales, pues no podrán gastar en bienes y servicios más del 67,5% de lo que ejecutaron en 2020. Esto se complementa con la aplicación de la regla fiscal a partir de 2022, la cual impondrá medidas de austeridad en gastos corrientes (salarios, servicios, etc.) y gastos de capital (inversión de obra pública y equipamiento); por ejemplo, los salarios del sector público permanecerán congelados indefinidamente hasta que la deuda baje del 60% del PIB.
  2. Congelamiento de pensiones. Unos de los proyectos del gobierno es congelar el aumento por costo de vida de las pensiones cargadas al Presupuesto Nacional que superen los ¢462.000 mensuales y, al igual que con los salarios del sector público, se mantendrá hasta que la deuda baje del 60% del PIB. Con esta medida esperan ahorrar ¢84.000 millones anuales, equivalentes a un 0,23% del PIB.
  3. Reforma al empleo público. Con esta ley se impone el salario global, suprimiendo los componentes salariales que son producto de décadas de organización y luchas sindicales. Con esta medida, se espera ahorrar el equivalente del 1,4% del PIB.
  4. Reducción de exoneraciones. Se pretende reducir tres incentivos fiscales para recaudar un 0,41% del PIB. Por ejemplo, se quiere suprimir la exoneración del impuesto de renta a los salarios escolares iguales o superiores a ¢840.000; otro caso es subir el impuesto a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas (incluye los ahorros de sus miembros); además, elevar temporalmente el impuesto a las ganancias y rentas de capital por dos años.
  5. Aportes de empresas estatales. Mediante un proyecto de ley, se pretende forzar a catorce empresas estatales a girar hasta el 30% de sus ganancias al gobierno por cuatro años, suma que representaría un 0,20% del PIB por año.
  6. Impuesto a premios de lotería. Se pretende cobrar un impuesto del 25% a los premios que superen los ¢225.000, aspirando a recaudar un 0,12% del PIB.
  7. Impuesto a casas de lujo. Se impondría un impuesto anual del 0,5% sobre el valor de casas valoradas en más de 150 millones de colones, con la expectativa de recaudar el equivalente a un 0,8% del PIB.
  8. Venta de cartera crediticia de Conape. El gobierno plantea vender esta cartera a un banco público y generar ¢175.000 millones; además, alega que no se va a privatizar la institución ni se producirán despidos.
  9. Renta global. En principio es una medida progresiva, pero, a diferencia de las anteriores, se limita a una propuesta genérica y poco concreta, sujeta a ser aprobada en una Asamblea Legislativa reacia a cualquier proyecto que afecte los intereses de los grandes capitalistas.
  10. Inspección de mercadería en Aduanas. Es conocido que el control aduanero del país es sumamente débil para favorecer la evasión fiscal; para eso se plantea implementar nuevas tecnologías para escanear los contenedores y cargamentos. Esto es una medida progresiva, pero hay que tener claro que esa discusión se arrastra desde hace muchos años, pero existe una reticencia para avanzar en la materia por parte de las autoridades de turno, pues eso afecta a los grandes grupos capitalistas del país.

¡Por un Encuentro Nacional de Lucha contra el ajuste del gobierno y el FMI!

El acuerdo entre el gobierno y el FMI está diseñado bajo una visión “austericida” y, por lo tanto, representa un ataque frontal contra la clase trabajadora y los sectores populares; pone en riesgo el desempeño eficiente de importantes instituciones estatales, a la vez que deja intactas las verdaderas causas de la crisis, como la evasión y elusión fiscal, o los exagerados privilegios fiscales para las zonas francas.

Solo para ilustrar esto último, señalemos que las zonas francas están exentas del pago del impuesto sobre la renta, bienes inmuebles (por 10 años), asociados con la exportación o reexportación de producto, sobre las remesas al extranjero y de patentes municipales (por 10 años); en 2019 esto sumó ¢375.784 millones, equivalente a 1,04% del PIB, la mitad de lo que pretende recaudar el gobierno y el FMI con el ajuste fiscal (2,11%).

Por otra parte, este plan pareciera contar con el aval de los principales partidos burgueses y conservadores en la Asamblea Legislativa, así como de las cámaras empresariales; es una propuesta más “equilibrada” desde el punto de vista burgués, pues concentra el ajuste en los recortes al gasto y no en la creación de nuevos impuestos; además, el gobierno desistió (por ahora) de eliminar la exoneración a las pensiones, porque era un tema que no contaba con apoyo entre las bancadas legislativas. Todo esto denota se reconstituyó el frente burgués en torno al ajuste fiscal, diferente a lo que sucedió en octubre-noviembre pasados, cuando estallaron pugnas entre los de arriba con relación al primer plan de negociación con el FMI y debilitó al gobierno para enfrentar las protestas sociales.

Ante esto, las dirigencias sindicales burocráticas sostienen una orientación derrotista, apostando todo a las mesas de diálogo, incluso reuniéndose con el FMI en los días previos a que se hiciera público este brutal ajuste fiscal, lo cual justificaron como una “táctica” para desenmascarar al gobierno cuando denunciaron que era éste (y no el FMI) el que insistía en los ataques contra el sector público. Esto confirma que la burocracia sindical no está a fondo contra el FMI y, por eso, enfoca la presión contra el gobierno con la (ingenua) ilusión de lograr una mejor negociación en la Asamblea Legislativa en medio de un año pre-electoral, renunciando de entrada a preparar una gran huelga general contra los ataques del FMI y la administración Alvarado.

Con relación al Frente Amplio (FA), su principal referente, el diputado José María Villalta, a esta altura del partido no logra articular la frase “Fuera el FMI”, bandera histórica de la izquierda latinoamericana; sus posturas son propias del “cretinismo parlamentario” reformista que, llamando a debates racionales (¡con los representantes de la burguesía y los conservadores!), apuesta a moderar las medidas de ajuste fiscal. Es una orientación similar a la que sostienen las burocracias sindicales, la cual conduce a una nueva derrota del movimiento sindical y social costarricense.

Por todo esto, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) planteamos que es necesario organizar la lucha para derrotar por completo el ajuste fiscal del gobierno y el FMI, para evitar que se apruebe en la Asamblea Legislativa en los próximos meses (para eso el gobierno presentará diferentes proyectos de ley). Es urgente que las organizaciones sindicales, en conjunto con el Movimiento Rescate Nacional, convoquen de inmediato a un Encuentro Nacional de Lucha amplio y democrático, que permita reunir a delegaciones de todas las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, sociales y agrupaciones de izquierda, para acordar un plan de lucha unitario contra el FMI y, a la vez, exigiendo que la crisis la paguen los ricos con impuestos a las fortunas y grandes empresas.

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