Este viernes Recope anunció un nuevo aumento de precios en los combustibles, que aplicaría a partir de inicios de junio si finalmente es aprobado por la Arecep (lo cual es prácticamente seguro, ya que, es un trámite de rutina).

Justifican el alza debido a los aumentos en los precios internacionales del crudo, producto de la guerra en Ucrania y las sanciones aplicadas por Estados Unidos y compañía contra Rusia, además, de la acelerada devaluación del colón en los últimos meses.

Con este ajuste se rompe por primera vez la barrera simbólica de los mil colones por litro. La gasolina super y el diésel aumentarán ₵104, la primera pasando de ₵956 a ₵1.060 y el segundo de ₵905 a ₵1.010. La gasolina regular llegará a los ₵1.022 con una suba de ₵91.

Estos ajustes presionarán aún más el Índice de Precios al Consumidor que viene escalando desbocadamente. En abril el indicador tuvo una variación positiva de 7,15% con respecto al mismo mes de 2021. Los bienes con las mayores variaciones fueron justamente los relacionados al petróleo: diésel (16,36%), el gas licuado (10,83%) y la gasolina (10,45%).

Los combustibles tienen la característica de ser una materia prima que afecta los precios de toda la cadena productiva. Por ejemplo, está estrechamente ligado a las tarifas de transporte público que son un componente muy importante en las economías familiares de la clase trabajadora.

La respuesta del gobierno es nula y simplemente esta dejando pasar la inflación, con lo cual cada día los salarios alcanzan para menos. El país es uno de los más caros en la región y a contramano los ingresos de los sectores trabajadores vienen en picada, siendo hoy día menores, en términos reales, a los de hace una década.

Hay que tener claro que el proceso inflacionario en el país viene de previo y tiene causas tanto internas como externas y el estallido del precio del petróleo implica una presión más (sin demeritar la grave afectación que significa). Estos procesos tienen un componente económico, pero, no por ello dejan de responder a políticas públicas.

El gobierno de Chaves esta comprometido en “sanear” las finanzas públicas (en términos burgueses), aunque esto implique aplastar a los sectores populares. Dejar el proceso inflacionario a la libre, al “libre mercado”, no es mas que parte del plan de ajuste neoliberal que impulsa. La única forma de hacerle frente es mediante la organización y la lucha en las calles, teniendo claro que hay que apuntar contra el gobierno no contra Recope, ya que, los ataques a esta institución provienen de los sectores de derecha con la intención de cerrarla y privatizar el suministro en el país.