• Llamamos a realizar una campaña anti-imperialista contra el acuerdo con el FMI, que parta de rechazar la intromisión de este organismo en el país y exigir impuestos a las fortunas y grandes empresas, para que la crisis de la pandemia la paguen los capitalistas y no la clase trabajadora.

Víctor Artavia

El 28 de setiembre arrancan las negociaciones entre el gobierno de Carlos Alvarado y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo es acordar las condiciones para la entrega de un préstamo por 1.750 millones de dólares por los próximos tres años, a cambio de realizar enormes ajustes estructurales que afectarán las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

Las consecuencias de este acuerdo recaerán principalmente sobre la clase trabajadora, dejando intactas las ganancias de las principales empresas capitalistas nacionales y transnacionales.

¿Qué es el FMI?

El FMI es un organismo financiero internacional, cuyo origen se remonta a 1944 (aunque entró a funcionar hasta 1945) como parte de los acuerdos de Bretton Woods, donde se delineó el nuevo orden mundial proyectado tras el término de la segunda guerra mundial.

Debido a esto, se caracteriza por aplicar los lineamientos económicos establecidos por las potencias imperialistas, en particular de los Estados Unidos, país que emergió como la superpotencia hegemónica en la segunda posguerra. En las últimas décadas adecuó sus políticas al “Consenso de Washington”, el cual contiene diez puntos que sintetizan el programa neoliberal.

Fue el artífice de los planes de ajuste estructural en América Latina en los años ochenta y noventa, cuyos resultados fueron el aumento de la desigualdad social y la precarización de las condiciones de vida de los sectores trabajadores, particularmente con la promoción de impuestos al consumo (como el IVA) y la reducción de los impuestos sobre la renta.

La historia es clara en señalar que, donde se aplican los planes de ajuste estructural del FMI, es como si cayera una bomba atómica social por sus nefastas repercusiones sobre los sectores explotados y oprimidos. Por eso la oposición rotunda al FMI es una bandera anti-imperialista histórica de la izquierda.

¿Qué tipo de acuerdo negociará el gobierno con el FMI?

El gobierno solicitó negociar un préstamo bajo la modalidad de “Servicio de Crédito Ampliado” de la deuda (SCA), por medio del cual percibirá 1.750 millones de dólares por los próximos tres años (con la posibilidad de extenderlo a cuatro). El objetivo es “subsanar” las deficiencias fiscales del país, para lo cual se compromete a realizar los ajustes pactados con el FMI, es decir, aplicar contra-reformas en detrimento de las instituciones estatales y contra las condiciones de vida de la clase trabajadora.

De acuerdo a la información brindada por el gobierno, la meta es alcanzar un superávit primario (que no incluye los intereses de la deuda) de 2.2% del PIB para 2024, para lo cual será necesario vender activos y cerrar empresas estatales, realizar despidos masivos en el sector público y golpear los salarios por la vía de impuestos, entre otras medidas que veremos en el siguiente acápite.

Además, los reembolsos del préstamo se extienden por un período relativamente largo, el cual oscila entre 4,5 y 10 años, con pagos de doce cuotas semestrales iguales. Así, el gobierno va entrar a una negociación de dos semanas a partir del 28 de setiembre, de la cual el país saldrá –¡literalmente! – embargado por los próximos diez años, comprometiendo a las dos administraciones siguientes a seguir bajo la tutela del FMI, un argumento que la burguesía utilizará para justificar la continuidad de medidas de ajuste contra los trabajadores y trabajadoras.

En los hechos, el gobierno de Carlos Alvarado va ceder la soberanía del país en políticas fiscales y económicas a un organismo del imperialismo, el cual va tutelar durante años el cumplimiento de las metas acordadas sin importar sus consecuencias sociales.

¿Cuáles son las propuestas del gobierno para la negociación?

El pasado 17 de setiembre, a falta de once días para iniciar las negociaciones, el gobierno comunicó las propuestas que presentará ante el FMI. Esto denota el carácter anti-democrático de este proceso, el cual se hizo a espaldas de las amplias mayorías de la población y en beneficio de los grandes grupos empresariales del país y las empresas transnacionales (las zonas francas quedaron por fuera de la negociación). El gobierno habilitó unas sesiones virtuales para que los diferentes sectores sociales presentaran propuestas, una pantomima para darle un “barniz democrático” a la negociación.

Veamos en detalle las principales propuestas del Poder Ejecutivo, planteadas en el documento “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia. Propuesta para negociar con el FMI”.

Acciones permanentes para aumentar los ingresos: En esta sección se proponen acciones administrativas y legales para garantizar nuevos ingresos de forma permanente. En cuanto a las acciones administrativas están aplicar el cobro del IVA en los servicios digitales transfronterizos (compras por internet), así como la NO aplicación de aumentos salariales en el sector público hasta que la deuda pública baje del 60% del PIB.

Las acciones legales son propuestas de reformas para el futuro. Por ejemplo, aprobar una ley que transforme al Estado en el único beneficiario de las utilidades de los bancos comerciales estatales, las cuales actualmente se distribuyen a diferentes instituciones como destinos específicos (CONAPE, INFOCOOP, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, etc.). También se propone aumentar el impuesto sobre Bienes Inmuebles en 0,50 puntos porcentuales, lo cual afectará sensiblemente a las personas propietarias de casas y apartamentos al triplicar el monto a pagar por este rubro, mientras que las empresas de zona franca recientemente fueron exoneradas del pago de este.

Además, plantea la eliminación del gasto tributario, es decir, de varias exoneraciones y no subjeciones fiscales. Pero en vez de gravar a las zonas francas (históricas beneficiarias de las exoneraciones fiscales), las propuestas apuntan contra las organizaciones de economía solidaria, como obligar al pago del impuesto sobre las utilidades a la Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE (sector magisterial) y las cooperativas (a grandes y pequeñas por igual). Otro caso absurdo es la creación de un impuesto del 25% a los premios de lotería que excedan medio salario base.

La única propuesta progresiva es la introducción de la renta global, bajo la cual se cobrarían impuestos según el total de ingresos de un contribuyente (no de forma fragmentada como en la actualidad, lo cual facilita la evasión y elusión). Pero esto queda como una aspiración de deseos para entrar en vigencia hasta el 2023: ¡en medio de la peor crisis económica en la historia del país, el gobierno de Alvarado sugiere que esta medida progresiva aplique hasta el segundo año…del próximo gobierno!

Acciones permanentes para reducir y contener el gasto público: Las propuestas de esta sección apuntan a reducir de forma permanente el gasto público, por medio de recortes al presupuesto y la aplicación estricta de la regla fiscal a partir de dicho presupuesto. Esto abre el portillo para que, cuando la deuda pública alcance el 80% le PIB (escenario probable en el futuro inmediato) se congele el presupuesto nacional, incluso para rubros tan sensibles como la salud y educación, las cuales estarían sujetas a recortes presupuestarios.

Junto con esto, plantea la aprobación de la “Ley Marco de Empleo Público”, con la cual se van a precarizar las condiciones salariales en el Estado por medio del salario único y otras medidas contra la clase trabajadora. A esto hay que sumar la eliminación de las nuevas anualidades durante cuatro años y el cierre, transformación y/o fusión de órganos desconcentrados y la eliminación de personerías jurídicas.

Acciones temporales para aumentar ingresos: Son una serie de impuestos temporales con una vigencia de dos años para la renta y cuatro años para las transacciones financieras. Las medidas en concreto son:

1. Impuesto extraordinario sobre Renta: aunque se presenta como una parte progresiva de las propuestas de negociación del gobierno, a la hora de analizar con detenimiento su contenido, es claro que apunta a saquear los bolsillos de la clase trabajadora (en particular a las personas profesionales) y los sectores explotados del país. Veamos los tres tipos de impuestos propuestos:

a. Impuesto a las utilidades: Se establece un impuesto extraordinario a las utilidades de personas físicas y jurídicas que va del 2,5% al 10% adicional. Para el caso de las empresas privadas en realidad el impuesto prácticamente no aplica, porque el gobierno también incluyó en sus propuestas eliminar la carga social del 5% sobre sus planillas para el fondo de desarrollo social y asignaciones familiares (FODESAF). Además, en la propuesta el gobierno dejó por fuera las zonas francas, las cuales concentran a las principales empresas trasnacionales que amasan fortunas sin pagar impuestos.

b. Rentas del trabajo personal dependiente: Se trata de un aumento al impuesto al salario y pensiones, las cuales son asumidas por el gobierno como una ganancia equiparable a las utilidades de las empresas. En caso de aprobarse, se gravarían los salarios y pensiones de la siguiente manera: 2.5% adicional para ingresos mayores a ¢840,000 (12,5% en total); 5% adicional para ingresos entre ¢1,233,000 y ¢2,163,000 (15% en total); 10% adicional para ingresos mayores a ¢4,325,000 (20% en total).

c. Remesas al exterior: Establece un impuesto de un 5% adicional para las remesas al exterior, el cual abarca a todas las rentas de fuente costarricense por parte de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en el país. Esto afecta a muchos trabajadores y trabajadoras migrantes, quienes utilizan estos servicios para enviar dinero a sus familias en los países de origen.

2. Impuesto a las transacciones de pagos electrónicos y cheques: se cobraría un impuesto por cuatro años sobre las transacciones bancarias y de valores. Los primeros dos años sería del 0,3% y los últimos dos años del 0,2%. La expectativa es que, por cada 0,1% de impuesto, se recauden 410 mil millones de colones, equivalente al 1,25% del PIB. Entre las transacciones sujetas a cobro están las operaciones cambiarias en ventanilla y en cajeros automáticos, las realizadas con tarjetas de pago (crédito y débito) y las transferencias de fondos (Sinpe e intrabancarias). Es un golpe al bolsillo de la población asalariada del país, pues actualmente prácticamente toda la actividad económica se realiza de forma digital, desde el retiro de salarios (o becas estudiantiles) del banco hasta el pago de servicios.

Acciones temporales para reducir el gasto público: En este caso, las medidas tienen por objetivo recortar el gasto estatal de forma rápida, por medio del “proceso de movilidad voluntaria” de 7 mil funcionarios públicos, lo que en realidad será una campaña de despidos masivos en varias instituciones públicas, pues según el análisis de la ANEP esto va quedar sujeto a los criterios arbitrarios de las autoridades, quienes designarán los puestos que deberán acogerse a dicha “movilidad voluntaria” . Asimismo, incorpora la venta de activos del Estado, con lo cual se espera recaudar el equivalente a un 0.57% del PIB, producto de la venta de FANAL, BICSA y varios terrenos estatales. Por último, plantea la reducción de la deuda política en un 50%.

¡Por campaña anti-imperialista contra el FMI!

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) nos oponemos rotundamente a cualquier acuerdo con el FMI, el cual representa los intereses directos del imperialismo. Rechazamos la tutela de cualquier organismo imperialista sobre las decisiones soberanas de cualquier país, pues esto se traduce en el atropello de los sectores explotados y oprimidos. No dudamos en afirmar que, los resultados de la negociación, sean cuales sean, van a ser perjudiciales para las enormes mayorías del país.

No se puede esperar ningún “giro progresista” de la administración de Carlos Alvarado, caracterizado por gobernar en función de los grandes consorcios empresariales, como la UCCAEP y Horizonte Positivo. El contenido de las propuestas que llevan a la mesa de negociación da cuenta de esto, pues el énfasis está en atacar los salarios de la clase trabajadora y reinstalar la venta de empresas estatales (clásica medida neoliberal) en la palestra política nacional.

Asimismo, la oposición que manifiestan los partidos burgueses y conservadores representados en la Asamblea Legislativa no es ninguna garantía para los sectores trabajadores, pues sus críticas a las medidas del gobierno son por la derecha, dado que exigen menos impuestos y más recortes, entendiendo por esto la venta de activos primordiales (BCR, ICE, RECOPE), despidos masivos y precarización laboral en el sector público. Ante el fuerte rechazo a la propuesta inicial del gobierno, es muy probable que en las próximas semanas el Ejecutivo negocie y modifique los planteamientos que llevará a la mesa de negociación con el FMI.

Por otra parte, es desastrosa la postura del Frente Amplio (FA) y su diputado José María Villalta, la cual consiste en llamar al diálogo sereno en la Asamblea Legislativa y analizar punto por punto las propuestas del Ejecutivo. Esto es un reflejo del cretinismo parlamentario propio del reformismo, el cual llama a confiar en el parlamento para alcanzar acuerdos “racionales”, obviando que es una cueva de bandidos en función del gran capital y los sectores conservadores. Es asombroso que el FA no sostenga la bandera histórica de la izquierda contra el FMI, la cual hace parte del programa anti-imperialista en Latinoamérica, fundada a partir de la experiencia histórica desempeñada por este organismo en la región.

Para el FA el debate pasa por analizar cada una de las propuestas del gobierno y, a partir de esto, diferenciar entre las que son progresivas y regresivas. Esta orientación confunde al activismo de izquierda, porque no parte de rechazar categóricamente la injerencia imperialista del FMI en el país (y de paso cuestionar el sometimiento del gobierno de Alvarado, donde está Patricia Mora), enfrascándose en el terreno de debate más favorable para los partidos burgueses: no cuestionar al FMI, tan sólo oponerse a las propuestas del gobierno para exigir más recortes presupuestarios, algo factible de lograr con la suma de votos en la Asamblea Legislativa.

No menos despreciable es el accionar de las dirigencias sindicales burocráticas que, en su enorme mayoría, no llaman a preparar la resistencia contra el acuerdo. Este es un reflejo más de la grave crisis del sindicalismo en el sector público, restringido a reivindicaciones gremiales, despolitizado e incapaz de organizar alguna lucha victoriosa en casi dos décadas: ¡las dirigencias sindicales burocráticas son organizadoras de derrotas!

Ante esto, desde el NPS llamamos a todo el activismo de izquierda y de los movimientos sociales (sindical, estudiantil, feminista, ecologista) a realizar una campaña anti-imperialista contra el acuerdo con el FMI, que parta de rechazar la intromisión de este organismo en el país y exigir impuestos a las fortunas y grandes empresas, para que la crisis de la pandemia la paguen los capitalistas y no la clase trabajadora. Es imprescindible exigir la supresión de los privilegios fiscales a las zonas francas, un sector que genera cerca de la mitad de las exportaciones del país (en 2016 fueron $7.982), pero prácticamente no paga impuestos. También es necesario atacar la evasión fiscal que, según el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, es de $3.800 millones al año (¢2.22 billones), lo cual es mucho más que los recursos que va girar el FMI.

Las negociaciones con el FMI se extenderán durante las dos primeras semanas de octubre y el acuerdo tendrá que votarse en la Asamblea Legislativa en los próximos meses. Nuestra propuesta es utilizar este tiempo para realizar volanteos informativos, pega de afiches, mítines e impulsar pronunciamientos de las organizaciones sociales contra el FMI y llamando a preparar la lucha contra la aprobación del acuerdo. Invitamos a todos nuestros lectores y lectoras a sumarse a esta campaña, para instalar una alternativa desde abajo y a la izquierda en el debate sobre el plan de ajuste del FMI, el gobierno y los partidos burgueses.

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