En la Asamblea Legislativa se discute el proyecto de ley 21.049 que, en caso de aprobarse, impondría fuertes restricciones para que los trabajadores y trabajadoras puedan ejercer la huelga en defensa de sus derechos laborales y contra políticas públicas que afecten sus condiciones de vida.

 

Desde Profes en Lucha y el Nuevo Partido Socialista (NPS) llamamos a todas las bases sindicales para que se sumen a la lucha en defensa del derecho a huelga.  A pesar de eso, no podemos dejar de señalar que la convocatoria a la lucha es tardía y en un escenario muy complejo, pues el proyecto está próximo a ser votado y cuenta con el apoyo de los partidos de derecha (PAC, PUSC, PLN) y conservadores (RN, NR), aliados de las patronales aglomeradas en la UCCAEP.

 

Las dirigencias sindicales burocráticas, antes que preparar la huelga contra el 21.049, priorizaron el “lobby” parlamentario para lograr cambios parciales. Incluso las dirigencias de APSE, ANDE y SEC suscribieron el acuerdo para que se incluyera la educación como servicio “estratégico” (limitando la realización de las huelgas en el sector), sin realizar ninguna consulta democrática en sus organizaciones.

 

Esto fue un error gravísimo, pues no preparó a tiempo a las bases para organizar la lucha en las calles contra este proyecto anti-democrático y nos dejó en un escenario bastante complejo, pues el proyecto está próximo a votarse. Por eso insistimos en que las dirigencias sindicales deben convocar de urgencia a un Encuentro Nacional de Lucha, con el objetivo de unir a todo el movimiento sindical para fortalecer la huelga e impedir con medidas de presión radicales la aprobación del proyecto 21.049.

 

Por últimos, muchos compañeros y compañeras están desafilándose de los sindicatos, debido a la desmotivación por las constantes derrotas que nos conducen esas dirigencias burocráticas. Creemos que esa no es la solución al problema, la cual pasa por organizarnos desde las bases sindicales para luchar por la dirección de los sindicatos, porque son necesarias nuevas direcciones sindicales democráticas, combativas y clasistas.

 

¿Qué plantea el proyecto 21049?

 

  1. Prohibición explícita de las huelgas políticas, de forma tal que no se podrían hacer huelgas contra proyectos de ley o medidas del gobierno que atenten contra las condiciones de vida de la clase trabajadora o representen un retroceso en materia de libertades democráticas.
  2. Agregar como causal para la disolución de sindicatos aquellos que organicen o inciten a sus afiliados a realizar bloqueos como medida de presión. De esta forma se abre un portillo antidemocrático para disolver sindicatos en caso de realizar un corte de ruta, inclusive la disolución de éstos por el accionar individual de un solo afiliado.
  3. Prohibir la huelga en servicios esenciales. En Costa Rica se emplea la categoría de servicios esenciales de forma abusiva, incluso por fuera de los criterios establecidos por la OIT, pues se incluyen actividades que no ponen en peligro la vida de las personas.
  4. Fuertes restricciones en los servicios “trascendentales”. El proyecto incorpora la esta figura, donde la huelga se puede realizar solamente por diez días y garantizando un funcionamiento mínimo de las instituciones; es decir, se puede hacer una huelga por tiempo limitado y sin parar por completo el servicio, lo cual resta por completo fuerza a la huelga como medida de presión contra la patronal.
  5. Tipificación de la educación como un servicio “estratégico” con limitaciones del derecho a huelga. En el sector magisterial las huelgas no podrán ser totales, pues se prohíbe que se sumen quienes realizan labores de aseo y seguridad; además se exige que la institución tenga un funcionamiento mínimo con un plan acordado con la representación patronal. Además las huelgas podrán ser, como máximo, de 21 días naturales si son continuas, o 10 días naturales discontinuos cuando son intermitentes.
  6. Rebajos salariales retroactivos en caso de que la huelga sea declarada ilegal. Sin importar que la organización de la huelga se realice con “buena fe” y acatando el debido proceso, se permitiría que la parte patronal rebaje salarios a quienes participen en una huelga declarada ilegal tomando como punto de partida el momento de solicitud de declaratoria por la parte patronal.

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