La vivienda es un tema que desde hace años es una preocupación no resuelta para los sectores populares. El acceso a una casa propia es cada vez más difícil y quienes si la tienen no logran mantenerla en buenas condiciones.

Estimación del Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi) indican que el déficit habitacional el año pasado fue de 308 mil viviendas, de estas 16 mil corresponde al déficit cuantitativo (faltante de viviendas) y 292 mil al déficit cualitativo (136 mil estructuras en mal estado y 156 mil en condición regular). Es decir, el 42% de las 700 mil viviendas en el país requieren reparaciones.

Realmente hay una crisis en el sector que se explica por la conjugación de un aumento en los precios de los materiales de construcción, el bajo ingreso de los hogares, un alto desempleo, un incremento en las tasas de interés y una inflación rampante. Todas condiciones que golpean en mayor medida a las personas de menores ingresos y que bloquen su posibilidad de acceder a una vivienda sea mediante ahorros o endeudamiento.

Datos del Inec señalan que el índice de precios de vivienda de interés social tuvo una variación mensual en abril de 3,82% e interanual de 17,26%, este es el aumento más alto en la última década. Además, el gobierno de Carlos Alvarado se encargó de desfinanciar al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) que sufrió un recorte de ₵16.500 millones en el presupuesto del 2020 y de ₵20.800 millones en el de 2021. Esto condujo a la institución a suspender la recepción de nuevas solicitudes de bonos de vivienda.

Ante esta situación es necesario un plan de construcción masiva de vivienda social para solucionar el déficit que existe en el país que afecta a la clase trabajadora y los sectores populares. Es el Estado el que debe asumir la tarea de construirlo y debe ser financiado a través de impuestos a las grandes empresas y fortunas.