• El gobierno presentó esta semana varios proyectos de ley en detrimento de los derechos laborales.
• Carlos Alvarado demuestra una vez más que gobierna para empresarios, en detrimento de la clase trabajadora.

Por Heidy Valencia Espinoza, 18 de marzo, 2020

El presidente Carlos Alvarado, junto al Ministro de Salud, Daniel Salas y la Ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, presentó una serie de proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa alegando que es necesario tomar medidas para mitigar el impacto de la pandemia por Covid-19 en la economía costarricense. Sin embargo, como veremos, esas medidas restringen derechos laborales tutelados por el Código Trabajo y pretenden salvaguardar a los empresarios ante una recesión económica, pero comprometen enormemente el derecho al trabajo y las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras del sector privado.

Moratorias para empresarios, ataques para trabajadores

Una de las medidas expuesta en un proyecto de ley presentado el pasado lunes consiste en cuatro moratorias de impuestos en beneficio de los empresarios. Estas moratorias aplican para los próximos tres meses, con lo que quedarían pendientes para el resto del año: 1. El impuesto al valor agregado (IVA), 2. Impuesto selectivo de consumo, 3. Impuesto sobre la renta y 4. Impuestos de importación de productos. Además, queda abierta la posibilidad de ampliar las moratorias por un mes.

Con el pretexto de que los empresarios “no se vean en la obligación de prescindir de los servicios de los y las trabajadoras” y de aplacar los riesgos ante una eventual recesión económica, el gobierno está aplicando medidas de ajuste en beneficio de los grandes empresarios y en detrimento de las y los trabajadores del sector privado, o sea, son medidas que fortalecen aún más la dictadura de las patronales que impera en el sector privado. Una vez más, Carlos Alvarado muestra que gobierna en función de los de arriba.

Según Carlos Alvarado, estas moratorias buscan que los recursos de los empresarios puedan ser utilizados para el pago de salarios y cargas sociales, pero esta es una gran farsa, dado que al mismo tiempo les permite a los grandes empresarios que puedan despedir y rebajar salarios.

COVID-19: Gobierno y UCCAEP aprovechan la pandemia para impulsar la precarización laboral

Socializar las pérdidas, privatizar las ganancias

En momentos de posible recesión, el gobierno se posiciona para que la clase trabajadora cargue con la situación y se minimicen las pérdidas de los grandes empresarios, aunque no sepamos con exactitud las dimensiones de sus ganancias o pérdidas. Por eso, en continuidad con la lógica burguesa, aunado a lo anterior, la ministra de trabajo, Geannina Dinarte, propone un proyecto de ley que permita reducir la jornada laboral al 50% con la excusa de evitar despidos masivos en las empresas que sean impactadas por la pandemia.

Esta aplicación de contratos con menos horas laborales reduce significativamente el salario y la capacidad de consumo de la clase trabajadora, por lo que se atacan las condiciones de vida y se promueve el endeudamiento. Bajo esta misma lógica, también pretenden flexibilizar los requisitos del artículo 75 del Código de Trabajo, que permiten suspender los contratos laborales de forma temporal para agilizar el proceso y que los patrones puedan interrumpir el pago de salarios cuando decidan cerrar la empresa. Asimismo, la Ministra de Trabajo, insiste en que las personas trabajadoras que tengan días de vacaciones disponibles pueden utilizarlos durante este periodo de cierres preventivos o pueden solicitar el adelanto de días de vacaciones.

Este conjunto de medidas demuestra que Carlos Alvarado y su gabinete están cerrando filas para que en esta coyuntura que vaticina recesión económica, las ganancias de los grandes empresarios no se reduzcan enormemente, pero sí se atacan los salarios, empleos, derechos laborales y las condiciones de vida del grueso de la clase trabajadora del país.

Un programa de emergencia para enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus repercusiones económicas

¿Qué proponemos frente al ajuste del sector privado?

Ante estas medidas que precarizan las condiciones laborales, es necesario que impulsemos medidas de emergencia que velen por las condiciones de vida de las y los de abajo:

1. Prohibición de despidos, suspensión de contratos laborales de forma temporal y reducción de la jornada laboral al 50% mientras dure la emergencia provocada por la pandemia. No se puede permitir que la crisis provocada por el COVID-19 sea recargada sobre la clase trabajadora. Por eso hay que exigir que se prohíban los despidos, la suspensión y la reducción de la jornada laboral mientras dure la pandemia.
2. Aislamiento preventivo que incluya a la empresa privada. Las personas trabajadoras están en muchos casos en condiciones de hacinamiento y expuestas al contagio. Una posible salida es la rotación de personal sin reducción de salario y generar comités sanitarios para vigilar por las condiciones sanitarias.
3. La suspensión inmediata del pago de la deuda para fortalecer los servicios de salud. Proponemos re-direccionar inmediatamente estos recursos para fortalecer la CCSS y las instituciones estatales que hacen parte del proceso de contención de la pandemia.