For sale: a remate ₵140 mil millones en activos estatales para abonar a la deuda

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  • Este proyecto es una forma solapada de privatización y supone un saqueo de bienes públicos.

Johan Madriz

Un proyecto de ley que, ya votado afirmativamente en primer debate en la Asamblea Legislativa, propone poner en venta activos, principalmente terrenos, del Estado para destinar los recursos al pago de la deuda pública.

El proyecto obliga a todas las instituciones publicas a realizar un inventario anual de sus bienes muebles e inmuebles “ociosos” y remitir un informe al Ministerio de Hacienda. Las instituciones tendrán que traspasar los activos a ese ministerio para que proceda con el remate de estos.

Se entendería como activo ocioso “aquel bien mueble o inmueble que, estando disponible para su uso, en la ubicación y en las condiciones esperadas, requeridas y necesarias para utilizarlo, no genere utilidades, beneficios o rentabilidad alguna, ni se le pueda dar el uso previsto para el que fue adquirido o algún otro que sea en función de su naturaleza”.

De esta forma, los activos públicos quedarían sujetos a una definición mercantil de generar “utilidades, beneficios o rentabilidad” y expuestos a los criterios políticos de los gobiernos de turno.

La iniciativa también abre la puerta a la venta de bienes de dominio público al establecer: “En caso de que los bienes públicos declarados como ociosos se encuentren afectados por el uso o dominio público, el jerarca del órgano o entidad de la Administración Pública centralizada podrá solicitar al Poder Ejecutivo la presentación del respectivo proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para su desafectación”.

Según el Código Civil (art. 261) “son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público”.

Según el diputado Jonathan Prendas, durante los primeros 14 meses de vigencia de la ley se venderían activos por ₵60 mil millones y en cuatro años la cifra ascendería a ₵140 mil millones. Dinero que no será para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, sino que “ingresará íntegramente al erario público y será destinado, en su totalidad, al servicio de la deuda pública”.

Este proyecto es una forma solapada de privatización y supone un saqueo de bienes públicos, colocados al mejor postor en un remate y sujetos a los términos comerciales de los precios ofertados. Además, todo el dinero irá directo a pagar una deuda que en nada benefició a los sectores populares. En lugar de esto el Estado debería invertir en utilizar todos sus activos y colocarlos al servicio de la clase trabajadora para paliar las condiciones de desempleo y pobreza que sufre la gran mayoría.

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