• Mes a mes su empleador le rebajó las cuotas obrero patronales mediante una sociedad que no existe y, además, no las reportó a la Caja. 

Mercedes Agüero R.

Compartimos parte de la nota de Costa Rica Medios

“Vengo a denunciar al señor Rodrigo Alberto García y al contratista puesto por él, el señor Juan Luis Barboza Pilartes, por lo que abajo indico”.

Así encabeza el extrabajador de una piñera, de apellido García, un documento de 50 páginas donde describe las precarias condiciones laborales en uno de los grupos empresariales de piña más fuertes en la zona norte del país.

El trabajador detalla diversos abusos en materia laboral, pero el corazón de su denuncia es que mes a mes su empleador le rebajó las cuotas obrero patronales mediante una sociedad que no existe y, además, no las reportó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El peón afirma que fue despedido con responsabilidad patronal el año anterior, después de reclamar por sus vacaciones, y ahora pretende que le devuelvan a él y otros trabajadores el dinero de las cuotas no reportadas.

La denuncia formal la hizo ante la oficina regional de la Caja en Los Chiles de San Carlos, el 20 de mayo, poco antes de que empresas agrícolas de la zona norte concentraran la atención del gobierno y de la prensa luego de detectarse brotes del nuevo coronavirus entre sus trabajadores.

García es nicaragüense radicado en Costa Rica y asegura que laboró como peón en la finca Santa Fe de la piñera Exportaciones del Norte S.A, entre el año 2012 y el 2019. La finca se ubica en Los Chiles, zona limítrofe con Nicaragua.

Ahí desempeñó diversos trabajos relacionados con la atención de las plantaciones de la llamada fruta de oro como: cosecha, deshija, desyerba y cizaña.

Primero lo hizo directamente con la empresa, que pertenece a Rodrigo Alberto García, pero luego su patrón pasó a ser Juan Luis Barboza, un reconocido contratista de la zona dedicado a buscar mano de obra para atender las plantaciones de piña, yuca y otros cultivos.

Barboza da este servicio de contratista a varias compañías, entre ellas, las del conglomerado empresarial de Rodrigo Alberto García.

“La empresa que usa Juan Barboza Pilartes para pagarnos es la 3-102-706614 S.A. Esa empresa no existe y no está registrada como patrono, pero nos rebajan a todos el monto de la Caja Costarricense de Seguro Social. No entiendo cómo le rebajan ese monto al trabajador si la empresa que nos contrata no existe en ningún lado”, cuestionó el peón en su denuncia.

Las boletas aportadas como prueba evidencian los rebajos del 9,34% del monto devengado, lo que implicaba disminuciones a su salario desde poco más de ¢10.000 y hasta ¢13.000 por quincena. Por ejemplo, entre el 5 y el 18 de marzo del 2017 a García le reportaron 82,5 horas laboradas para un salario de ¢112.329. A este monto le rebajaron ¢11.007 de la CCSS.

No obstante, cuando requirió ser atendido por la Caja la respuesta fue la misma: no aparecía asegurado. “Siempre me pedían que llevara la boleta donde consta que sí estaba asegurado pero yo no la tenía”, comentó el trabajador a este medio.

En la denuncia indica que hace unos años tuvo un accidente en el brazo y le pagaron poco más de ¢30 mil por esa semana que no pudo trabajar pero nunca lo vio un médico. “Todavía tengo problemas permanentes en mi brazo. Nadie me atendió mi accidente. Les dije que yo pagaba mi seguro y me dijeron que no jodiera porque si no perdía mi trabajo y nadie más me contrataba en piñeras”, detalla el denunciante.

Empresa no está registrada

Costa Rica Noticias constató que efectivamente la empresa a nombre de la cual aparecen los rebajos en la colilla salarial de García no está registrada ni como patrono ante la Caja, ni en el Registro Nacional. La que sí está registrada es la 3-101-706614 S.A., presidida por Barboza y que expresamente indica dedicarse a la contratación de personal.

La diferencia entre en el número de cédula jurídica de la sociedad inexistente y la que realmente está registrada es de solo un dígito.

La sociedad 3-101-706614 S.A., que sí está inscrita y es presidida por Barboza, adeudaba a la Caja ¢10,5 millones, al 30 de junio, y está en cobro administrativo. El contratista preside otras cinco sociedades, tres de las cuales fueron inscritas en un mismo día: el 27 de noviembre del 2015. Su nombre figura en otras cinco empresas.

Este medio consultó a la Caja sobre las cuotas a nombre de García pero la entidad informó que no aparece registrado como contribuyente en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere). De acuerdo con la oficina de prensa de la Caja, se le buscó tanto por nombre y apellidos como por el número de identidad migratoria. Si García hubiera estado asegurado en algún momento el sistema debería reflejarlo.

Tanto el presidente de la empresa, Rodrigo Alberto García, como su administrador, Luis Mejía, y el contratista, Juan Luis Barboza, rechazaron la denuncia de García y afirmaron que tienen los documentos probatorios.

Así lo hicieron ver en una videoconferencia el lunes 6 de julio en la cual se comprometieron a remitir los documentos de prueba, pero al cierre de esta nota no lo habían hecho.

Respecto inexistencia de la sociedad, el contratista dijo que la diferencia en el número de la cédula jurídica impreso en las boletas de pago, fue un error en el sistema informático de la empresa. Añadió que eso en nada afectaba porque él sí había trasladado los pagos a la Caja.

En la videoconferencia, Barboza mostró rápidamente unos documentos que, según dijo, eran de la Caja y donde constan las cuotas del denunciante.

Dijo que ante la denuncia me apersonó a la Caja porque pensó que quizá habían cometido un error, habían rebajado y no lo reportaron. “Tengo en mi poder unos respaldos de la Caja del 2016, del 2017 y del 2018 que corroboran de que yo sí le pagué a la Caja Costarricense del Seguro Social lo que se le rebajó al empleado”, agregó.

También dejó ver otro documento con el logo del INS. Afirmó que era la prueba de que el seguro de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS) cubrió la incapacidad de García cuando se accidentó el brazo y fueron especialistas de esa entidad quienes lo atendieron.

El martes se le insistió al presidente de la empresa, Rodrigo Alberto García sobre el compromiso de remitir los documentos y afirmó que se encargaría de hacerlos llegar, pero no fue así.

El contratista también señaló que García solo trabajó para él, solo en el periodo que va del 1° de abril del 2016 al 28 de mayo del 2018. No del 2012 al 2019, como dice la queja del trabajador.

Se le preguntó si en algún momento este empleado le solicitó la orden patronal, a lo que respondió:

“No solo nunca me las pidió, sino que nunca ha conversado conmigo. Yo al empleado ni siquiera lo conozco, visualmente. Lo contraté por medio de una de mis oficinas”.

-¿Entonces usted trabajó dos años con un empleado que no conoce? 

– Tengo varios empleados que no conozco.

-¿Cuántos empleados?

– Actualmente tengo 110… yo me encargo más de la parte de oficina y tengo encargados de área.

El caso de García no es único. Feliciano Cano, quien dijo haber trabajado en la misma piñera, denunció al Semanario Universidad el 17 de junio, que la empresa no le reportó 16 cuotas a la Caja a pesar de que sí se las rebajó. Esto le ha impedido pensionarse.

Barboza dijo que nunca había escuchado el nombre de Cano, pero que si se le debía dinero se le podía pagar.

Insistió en que la empresa Exportaciones Norteñas no tiene ninguna relación con estas denuncias, ni con la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, luego de las inspecciones por el contagio con Covid-19 de 21 trabajadores.

En el mismo sentido se pronunció el administrador de la empresa, Luis Mejías, quien afirmó que la responsable del cumplimiento de las normas sanitarias y ante las demás entidades es la sociedad Piñas de Exportación Mundial S. A., y no Exportaciones Norteñas-dedicada al empaque de la fruta- como erróneamente se consignó por el Ministerio de Salud, los medios de comunicación y los denunciantes.

Mejías aportó una aclaración del Ministro de Salud donde hace ver que Exportaciones Norteñas no fue inspeccionada.

Por tanto, a la que se le giró una orden sanitaria de cierre temporal por el contagio de 21 personas con coronavirus fue Piñas de Exportación Mundial, la cual forma parte del mismo grupo de interés económico.

Previamente, el 21 de febrero, se le previno porque no contaban con lavatorios, tal como lo establece el artículo 282 del Código de Trabajo. Una revisión posterior corroboró la enmienda de este incumplimiento y así fue notificado a la empresa el 20 de marzo, informó el Ministerio de Trabajo.

Aparte de los casos de Covid-19, en algunas de estas compañías se encontraron otras irregularidades. Del 16 de junio al jueves 25 de junio, las autoridades visitaron 249 empresas y a 23 de ellas fueron clausuradas temporalmente por problemas sanitarios.

Adicionalmente, las autoridades detectaron trabajadores sin seguro social, personas subcontratadas a quienes no se les paga el salario mínimo, incumplimiento en el pago de horas extras, contratación de extranjeros en condición irregular y plantas físicas sin condiciones sanitarias mínimas.

Trabajadores sin papeles

Otro de los asuntos expuestos por García en su extensa denuncia es que el contratista Juan Luis Barboza es la persona que el empresario utiliza para llevar hasta la finca extranjeros en condición migratoria irregular, sin que la piñera sea expuesta.

Según indica, todos los días llegan chapulines y carretas cargadas con mano de obra nicaragüense para trabajar en la piñera. “En cada carreta llegan hasta 50 nicas como si fuéramos animales”, dice la denuncia.

Como las fincas de la piñera colindan con la frontera, los trabajadores nicaragüenses nada más cruzan en la madrugada, lo cual ocurre aún en tiempos de pandemia, puntualiza.

Añade que a la empresa prefiere no contratar costarricenses porque es mano de obra más cara y deben pagarle todos los derechos laborales.

Barboza reconoció que para unas fincas de yuca sí había contratado personal en condición migratoria irregular, en el 2018, pero negó haberlo hecho para las piñeras.

La queja del trabajador también hace referencia a supuestas  estrategias para evadir las inspecciones de la Caja, Migración y del Ministerio de Trabajo.

Cuando se dan estas inspecciones, afirma, el contratista lo sabe desde unos tres días antes, pues al parecer tiene contactos en esas entidades. Entonces, esconden a los trabajadores: los mandan para la casa y les pagan media jornada a cambio de que se mantengan a distancia y no hablen con las autoridades.

“Nos tienen amenazados con matones. Ya eso salió en unos medios de comunicación. Yo pido desde ya responsabilizar al “Chino” García (Rodrigo)  y a Barboza si algo me llega a pasar a mí por esta denuncia. Cuando se van las autoridades todo sigue igual. Ahí nunca pasa nada”, detalla.

El miércoles 7 de julio, vía telefónica, García reiteró que teme sufrir algún perjuicio por esta denuncia y por dar declaraciones a la prensa.

La práctica de “esconder” o enviar a los trabajadores para evadir las inspecciones también fue denunciada recientemente cuando las autoridades de gobierno desplegaron un operativo para detectar posibles focos de contagio del nuevo coronavirus en empresas agrícolas y revisar las condiciones de trabajo.

Ligia Solís, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo  con base en reportes de los trabajadores, de que algunos fueron cesados o los mandaron para la casa los días en que las autoridades hacen las inspecciones.

Para este peón, mientras en las empresas y sus dueños todo es un ganar ganar para los empleados es todo lo contrario. Por ejemplo, cita que algunos patronos pagan con cheques, pero muchos de los trabajadores no tienen documentos migratorios, cuenta bancaria, ni posibilidad de ir a cambiarlos por miedo a ser detenidos.

Entonces,  llega hasta la finca un cambista con un rollo de billetes y es cambia los cheques. Una fuente de la zona indicó a Costa Rica Noticias que cada peón paga entre ¢4.000 y ¢10.000 por cada cheque.

Usualmente, los trabajadores también pagan el transporte hasta la finca, alimentación y una covacha donde dormir-hasta 25 personas en un cuarto de 40 metros cuadrados-, con lo cual la suma de gastos muchas veces puede superar los ingresos, relata.

Jouseth Chaves, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (Sitrasep), respaldó las versiones dadas por García y añadió que desde hace varios años han denunciado a esta empresa por la semiesclavitud de sus trabajadores y las políticas antisindicales, pero no pasa nada.

Chaves lidera  un movimiento para intentar establecer un sindicato en la piñera a fin de defender los derechos de los trabajadores. Después de varias huelgas finalmente el 1° de mayo del 2016 se fundó el sindicato. Según dijo, un año después, él y muchos de los trabajadores sindicalizados fueron expulsados de la finca.

En su caso recibió amenazas de muerte al punto que debió acudir a las instancias judiciales en el 2017. La denuncia contra uno de los encargados de la finca de apellido Picado se tramitó bajo el expediente 17-000195-0801-PE, pero ese mismo año fue desestimada.

Según explicó desde el 2016 se han desarrollado siete procesos de huelga de los trabajadores donde intervenía el Ministerio de Trabajo. Ahí se hablaba de todo eso: no pago de los aguinaldos, ni salarios mínimos, horas extras y contratación de extranjeros indocumentados quienes no tienen ninguna posibilidad de hacer valer sus derechos.

“El Ministerio de Trabajo conoce todo desde hace tiempo, pero alegan que no pueden hacer nada porque la ley no se lo permite. Ellos a lo sumo sancionan al patrono con una multa, pero para que el trabajador pueda hacer valer sus derechos debe ir a los tribunales de justicia y son procesos tan largos y complicados que la gente prefiere perder todo”, comentó.

Según dijo, en una oportunidad  se hizo una denuncia sobre todos los atropellos laborales, con la firma de 150 trabajadores, sin embargo, el Ministerio les pidió información que no lograron presentar. Por ejemplo, pedían números de teléfono y dirección de cada denunciante, lo cual era imposible considerando que una gran parte eran extranjeros o ilegales sin una residencia fija en el país.

El dirigente sindical contó que es conocido que muchas piñeras mantienen dos planillas, una pequeña donde todos los trabajadores tienen garantizados sus derechos laborales que es la que presentan ante los inspectores y otra más amplia del personal llevado por contratistas y sin garantías laborales.

“Por supuesto, no se puede generalizar porque también hay empresas con toda la planilla a derecho”, puntualizó.

 

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