El gobierno y las patronales aprovechan la emergencia nacional por la pandemia para recargar el costo de la crisis sobre las personas trabajadoras.

En el sector privado a decenas de miles les redujeron las jornadas de trabajo (y los salarios) y, en otros casos, les suspendieron los contratos (algo así como un despido temporal pero sin pagar la cesantía). Según los datos del Ministerio de Trabajo (al 03 de julio) 3.599 empresas suspendieron contratos, lo cual afectó a 43 mil trabajadores y trabajadoras; otras 4.349 rebajaron las jornadas de trabajo, afectando a 97 mil personas.

Junto con esto, el gobierno ataca los salarios del sector público. Primero, congeló los aumentos salariales por los próximos cuatro años para ahorrar 92 mil millones de colones; segundo, pretende cobrar el impuesto de renta a los salarios escolares

Esto es injusto, porque las personas trabajadoras dependen por entero de sus salarios para sobrevivir y afrontar los gastos de comida, alquileres, pago de servicios, etc. Por otra parte, los grandes empresarios, aunque vean afectadas sus ganancias temporalmente por las medidas de cuarentena, es NO VAN A PASAR HAMBRE PORQUE SON MILLONARIOS. Pero antes que solidarizarse con la clase trabajadora, los patronos optan por atacar los salarios: ¡SUS GANANCIAS VALEN MÁS QUE LAS VIDAS DE MILES DE PERSONAS TRABAJADORAS!

Es necesario retomar las calles (con las medidas sanitarias apropiadas) para detener estos ataques y exigir que sean los grandes capitalistas quienes más aporten para enfrentar la crisis económica.

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