• Con niveles de desempleo récord y más de 900 mil personas solicitando el bono Proteger el gobierno propina un saqueo de ¢29 mil millones.

Por Redacción

En medio de la grave situación económica que está atravesando el país, con niveles de desempleo récord y más de 900 mil personas solicitando el bono Proteger el gobierno continua su plan de ajuste contra la clase trabajadora con la entrada en vigor de una nueva disposición del Plan Fiscal que grava los productos de la canasta básica con un 1%. Es un saqueo de ¢29 mil millones, según las estimaciones del gobierno.

Si bien este ajuste proviene de un transitorio del Plan Fiscal aprobado en 2018 lo cierto del caso es que al afectar principalmente a los sectores populares no encontró la celeridad en la Asamblea Legislativa para evitarlo, como si la tuvieron los proyectos para suspender el pago de impuestos a los empresarios.

Según el Ministerio de Hacienda los ingresos tributarios decrecerían en cerca de ¢1 billón este año, producto de la desaceleración económica, la suspensión del pago de tributos a los empresarios (y su difícil recuperación posterior) y el aumento en el desempleo.

Ante esto el plan del gobierno y la UCCAEP es reponer estos recursos golpeando a los sectores más desfavorecidos para no tocar las ganancias empresarias. Esto implica la reducción del presupuesto, la aplicación a rajatabla de la regla fiscal, el congelamiento de los salarios y ahora más impuestos indirectos al consumo. Según los últimos informes económicos en el primer trimestre (parcialmente afectado por la cuarentena) el consumo final de los hogares tuvo un aumento apenas de 1%, mientras que el gasto del gobierno bajo al -1.5%.

Como “justificación benevolente” del impuesto el presidente Alvarado afirma que un 15% de lo recaudado se destinará a financiar pensiones del régimen no contributivo de la CCSS, aunque esta es una obligación que el gobierno ya de por sí debería cubrir, no a costa de sacarle mas plata del bolsillo a quienes menos tienen.

Por otro lado, la burguesía negocia una posible moratoria de un año del impuesto a cambio de un gravamen permanente de renta al salario escolar del sector público, un ataque más en línea a los ya golpeados ingresos de este sector, que ha sido uno de los principales blancos de las políticas de ajuste.

Es necesario pararle la mano al gobierno y los empresarios que con la excusa de la pandemia están avanzando a pasos de gigante en una agenda antiobrera y contra los sectores populares, hay que retomar las calles y exigir la derogatoria del IVA y más impuestos al capital que cubra las necesidades de los sectores más golpeados por la crisis y la reactivación económica.

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