• La Uccaep expresó su oposición a que se fortalezcan las competencias de las personas que realizan inspecciones laborales y amenazan con despidos e informalidad.

Johan Madriz

El sector empresarial, a través de la Unión de Cámaras (Uccaep), expresó su oposición a que se fortalezcan las competencias de las personas que realizan inspecciones laborales. Les aterra lo que se puede destapar.

Actualmente quienes realizan inspecciones laborales del Ministerio de Trabajo solo pueden hacer el reconocimiento de la situación, prevenir a las patronales sobre los incumplimientos y en caso de que no se solucionen las anomalías remitir el asunto al Juzgado de Trabajo. Además, para poder realizar la inspección de los centros de trabajo deben coordinar previamente con los empresarios.

Un proyecto de ley pretende que sean estas mismas personas las que impongan sanciones y que tengan “la potestad de visitar e inspeccionar cualquier centro de trabajo, sin previo aviso, ingresando a todas las áreas donde las personas trabajadoras realizan sus labores, cualquiera que sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante ésta”.

Además, podrán “requerir información en el ámbito del desarrollo del ciclo inspectivo a las personas empleadoras tanto físicas como jurídicas, revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias de acuerdo al ámbito de competencia, que eficazmente les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos trabajos”.

De esta forma, además de realizar las “actas de prevención” podrán desarrollar un “procedimiento sancionador administrativo”, siguiendo todas las normas del debido proceso, en caso de que “se compruebe la violación de normativa internacional suscrita y ratificada o de normativa nacional de trabajo o de previsión social”.

Asimismo, podrán ordenar el cierre de negocios ante el incumplimiento del pago de salarios mínimos y cuando se “detecte que existe una situación de trata de personas, trabajo infantil o trabajo forzoso”.

Esta reforma es progresiva en el tanto se lograría mejorar el acceso a la justicia para las personas trabajadoras y el cumplimiento de la legislación laboral. Esto sin tener bien claro que una cosa es lo que dice el papel y otra la realidad, por ejemplo, en el marco jurídico dice que en el país hay libertad sindical, pero en la practica existen miles de obstáculos para impedirla.

La Uccaep informó que se opone rotundamente a este proyecto y amenazó, como siempre que está en desacuerdo con algo, con que “de aprobarse afectará el clima de negocios del país y esto podría traducirse en mayor desempleo e informalidad”, además, “estamos en un letargo y no es de recibo que en lugar de promover la inversión local y extranjera se le pongan mas trabas a un sector empresarial que le urge respirar en beneficio de los costarricenses”[i].

La única forma en que mejorar la inspección de las condiciones laborales conlleve despidos e informalidad seria si se están incumpliendo las normas laborales, en caso contrario, no deberían tener nada que temer. Por otro lado, es demasiado hipócrita decir que necesitan “respirar” cuando el gobierno hace todo para asegurar sus negocios.

Antes de la aprobación de la Reforma Procesal Laboral, que simplificó los juicios laborales, un proceso judicial en este ámbito tardaba entre 4 y 5 años. Ahora se estima que requiere entre uno y dos años. Actualmente un 44% de las personas con un trabajo lo realizan en condiciones de informalidad y de estas el 50% no recibe ni siquiera el salario mínimo

Estos procesos y esos tiempos son extremadamente largos y complicados para una persona trabajadora. A la patronal le beneficia alargar lo más que pueda los juicios para tratar de que se desista de los reclamos. Las personas trabajadoras necesitan que sus reclamos se atiendan rápidamente, se les pague el aguinaldo a tiempo no en dos años, que se cumplan con las condiciones de seguridad e higiene en el momento no cuando ya tengan algún accidente o enfermedad, que se paguen los salarios que corresponden en el periodo que corresponde. De eso depende su subsistencia y no pueden esperar uno o dos años, en el mejor de los casos.

[i] “Plan de Inspección Laboral preocupa a Uccaep”. En www.nacion.com