• Los agroexportadores no admiten a cualquier persona, es necesario que “acepten” un régimen de explotación esclavista: jornadas de 12 horas, sin descansos, sin pago de horas extras, sin seguro social y sin condiciones de higiene que eviten la propagación del coronavirus.

Por Johan Madriz

La cuarentena y las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la pandemia han hecho más evidentes aun cientos de contradicciones del régimen capitalista: desde la importancia de instituciones públicas que centralicen acciones a nivel nacional hasta la precarización laboral de las y los repartidores de apps, pasando por la explotación de las y los trabajadores agrícolas.

Uno de los primeros mandatos fue el cierre de las fronteras, que distorsionó los flujos de migrantes temporales que ingresan al país durante ciertas épocas para trabajar en las cosechas agrícolas y luego retornan a sus países. Es el caso, principalmente, de indígenas ngobe-bugle de Panamá y nicaragüenses.

Tras varios meses del desembarco de la pandemia al país la zona fronteriza norte se convirtió en uno de los principales focos de contagio. Ante esto la burguesía y los medios de comunicación atizaron una campaña xenofóbica que culpa a las personas migrantes por este aumento.

Este ejercicio “malintencionado” tiene por objetivo no exponer las causas reales de esta situación que son: por un lado el actuar del gobierno que sigue los dictados patronales de que la producción no puede detenerse, a costa de la salud de las personas trabajadoras; y por otro la avaricia del empresariado agroexportador que, aprovechando esto, no ha parado ni un minuto y mantiene en condiciones deplorables a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, muchos migrantes, hacinados y sin las mínimas medidas de higiene.

Pero en una de esas situaciones tan trágicas pero tan absurdas la burguesía descubrió el agua tibia: sin trabajadores y trabajadoras no son nada. De esta forma tras azuzar una y otra vez contra las personas migrantes ahora este sector empresarial urge la “ayuda de 74.000 migrantes para recoger cosechas”.

El vehemente llamado lo hace la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) que expone esta cifra como la necesaria para cubrir la recolección de la producción agrícola. Según sus registros, de esa cantidad un 60% son personas migrantes, principalmente nicaragüenses. Abel Chaves, representante del sector piñero, dice que “dependencia si existe en algunos sectores agrícolas” y completa  pidiendo “a las instituciones públicas encargadas de los procesos migratorios facilitar la mano de obra extranjera, ya que cada día hay menos fuerza laboral para hacerle frente a las cosechas”.

Estos clamores, de un empresario que ve en peligro sus ganancias, son respondidos por la Ministra de Trabajo, Geannina Dinarte: “comprendiendo que hay una gran necesidad para el sector productivo de no perder las cosechas y también que las personas están requiriendo ingresos, pues vemos que hay una circunstancia que puede propiciar en mayor medida la participación de los nacionales en las actividades agrícolas”.

Hasta aquí parece simple, el mercado, como dictan los preceptos del capitalismo, se va a autoregular. Los empresarios necesitan trabajadores y trabajadoras, al mismo tiempo muchas personas se quedaron sin trabajo, por tanto estas personas van a aceptar estas labores. Pero… no es tan fácil, los agroexportadores no admiten a cualquier persona, es necesario que “acepten” (ante ninguna otra alternativa) un régimen de explotación esclavista (es una exageración pero funciona a modo de ilustración del punto).

Y para evitar acusaciones de “desviación discursiva izquierdista” dejamos las palabras de los propios empresarios. Así, a la ministra le responde un cafetalero de Tarrazu “el tico es un poco complicado porque es delicado, no le gusta el trabajo pesado y se pone a pedir muchos gustos. En cambio el nicaragüense trabaja si hay que trabajar, donde sea y como sea”.

Puede ser que esta persona no se supo explicar, entonces remitimos a German Serrano, gerente de la consultora Grand Thornon, que tal vez exprese lo que realmente quieren decir. Él trata de explicar por qué estas empresas contratan principalmente a personas extranjeras señalando que “son jornadas muy duras, de muchas horas, que empiezan muy temprano […]. El costarricense está muy mal acostumbrado a que por los niveles de educación que tenemos aquí, ignora esas posibilidades laborales”. Y agrega “también hay que considerar las condiciones en las cuales esta gente vive. Usted pone a un tico a vivir en pisos de tierra y en condiciones que no son las más idóneas y no lo acepta, porque los costarricenses somos bastante chineados […] en comparación con estas personas de las fronteras, quienes hasta viven en condiciones insalubres”.

Al parecer ya quedó claro, tan claro que hasta La Nación, de quien nadie sospecha de “izquierdista”, dice que “era un secreto a voces, pero la pandemia se encargó de develarlo. La explotación laboral que sufren miles de trabajadores en fincas agrícolas de cantones fronterizos quedaron al descubierto con la atención de los brotes de covid-19”.

De parte del gobierno el Viceministro de Trabajo, Ricardo Marín, aclara que “muchos jornaleros no reciben salarios mínimos ni les pagan las horas extras. Además, deben soportar extensas jornadas y no cuentan con seguro social debido a que muchos empresarios delegan la contratación de trabajadores en un tercero”.

De aquí salta la pregunta ¿y por qué si el propio Ministerio de Trabajo sabe de la situación no hace nada? Simple. El viceministro responde que “la débil legislación en materia de inspecciones laborales y la constante movilización de contratistas son factores que dificultan establecer sanciones”. Esto es llamativo, no porque sea una novedad (es de sobra conocido que la legislación laboral está en función de las patronales) sino porque justamente la UCCAEP en su más reciente pliego de exigencias al gobierno solicita “detener el asedio legislativo” (¿?) y menciona expresamente su oposición a los proyectos de ley relativos a fortalecer la inspección laboral.

Ya dejando la chota hacia el gobierno y los empresarios, la situación de las personas trabajadoras en la agroindustria es barbárica. Una investigación de Oxfam Alemania en fincas del país señaló que “tres firmas piñeras visitadas para la investigación cancelaban entre ¢216.000 y ¢231.000 mensuales a sus trabajadores, sin embargo, la remuneración por medio de los contratistas caía a ¢157.000 por mes. También hallaron que solo les pagaban por día laborado, es decir, el día de descanso no estaba incluido dentro del pago”. A saber, en 2016, año del informe, el salario mínimo era de ¢231.912 para jornaleros. Más adelante concluyen que “se omite el pago de horas extras, seguridad social y del aguinaldo, y que además se contratan a trabajadores indocumentados con el fin de no pagarles prestaciones ni cargas sociales”.

Este es el tipo de trabajo esclavo que están pidiendo a gritos los empresarios del sector agroexportador, no es un tema de si nicas o ticos son “delicados” o “emponchados” para el trabajo, es un tema de un Estado que sistemáticamente reproduce políticas xenofóbicas y clasistas en función de permitir la maximización de ganancias a partir del trabajo de personas extranjeras, algunas indocumentadas, que ante la necesidad y la falta de opciones laborales se ve sumergida en el pantanal que son las plantaciones agrícolas con niveles de explotación superiores.

Y recién es en estas semanas que los grandes medios volvieron la cámara al tema, pero, repetimos, no es nada nuevo, es parte de la dictadura patronal que impera en el país donde la clase trabajadora no es más que un accesorio descartable, hasta que sus ganancias se ven en peligro.

A inicios de mes trabajadores y trabajadoras de la finca 3 en Cariari de Pococi se declararon en huelga ante el aumento de casos de covi-19 y la despreocupación de la patronal, donde los empresarios exigen la continuidad de las labores y no les brindan elementos de protección ni de higiene.

Poco después trabajadores y trabajadoras de la empresa Piñas de Bosque, subsidiaria de la gigantesca transnacional Dole, denunciaron la arbitrariedad de las medidas de la patronal y su preocupación ante posibles contagios. “Existe miedo entre los compañeros de que nos podamos contagiar, en media pandemia nos transportamos hasta 20 en un camión, eso aumenta el riesgo de contagio (…) pero no es solo el riesgo de enfermarse también está la incertidumbre de qué pasaría con el trabajo si nos infectamos”, dice uno de estos trabajadores.

Más recientemente, denunciamos el caso de un empresario en Pococi que mantenía a migrantes hacinados en un corral. “La estructura, de ocho metros por ocho metros, estaba completamente tapada con plástico, lo cual provocada [sic] altas temperaturas en su interior. Entre ellos también había dos menores de edad, uno de ellos con días de nacido. La mayor parte de estas personas dormía en el suelo en medio del excremento de los animales, aunque había por lo menos tres hamacas. En el centro improvisaron un fogón para cocinar. Afuera, había un baño improvisado y cubierto con plásticos”. Una de estas personas expresaba que “estamos aquí para recolectar miles de kilos de yuca en esta finca. Pagan ¢25.000 a ¢30.000, las 50 cajas recolectadas de yuca. Es a ¢600 por caja recolectada. La verdad, le digo, los [empresarios] ticos nos utilizan pues nos dejan trabajando de cinco de la mañana hasta las siete u ocho de la noche”.

La pandemia sacó a flote las diferencias de clase en la sociedad capitalista, donde las posibilidades de resguardarse ante un virus potencialmente mortal son menores para los trabajadores y trabajadoras, en particular para quienes laboran en los sectores más precarizados y sin organización sindical.

El gobierno y la UCCAEP aprovechan la crisis de la pandemia para imponer su agenda contra la clase trabajadora. Sus llamados para “apretarnos la faja para sacar avante el país”, significa más ataques contra los de abajo para mantener (y profundizar) los privilegios de los de arriba. Este es el insoportable capitalismo del siglo XXI que no tiene nada que ofrecer a los sectores explotados y oprimidos por lo que la única opción es: ¡retomar las calles para pararle la mano al gobierno y los empresarios, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias!

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