26 de febrero de 2020, de los Territorios Indígenas de Térraba y Salitre, Costa Rica:

El Gobierno de Costa Rica no nos ha protegido y no está protegiéndonos. Ningún otro ciudadano en Costa Rica sufre este tipo de violencia sin control. El Gobierno sólo permite que esto suceda a sus pueblos indígenas. Como todas las administraciones antes que él, la administración de Carlos Alvarado Quesada nos ha abandonado. Sergio Rojas fue asesinado y las autoridades no han encontrado a su asesino. Mainor Ortíz Delgado fue baleado por tercera vez la semana pasada por los ocupantes ilegales, y el día siguiente su atacante fue liberado por las autoridades. Anoche usurpadores de tierras indígenas y sus aliados intentaron matar a Yehry Rivera por segunda vez, y finalmente lo hicieron.

No sabemos qué es peor, que las autoridades​no pueden protegernos o que​no quieren protegernos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno en 2015 y nuevamente en 2016 que tome medidas especiales para protegernos de la violencia y las amenazas viniendo de las ocupantes ilegales en nuestro territorio. El Presidente dice que está cumpliendo con estas medidas.

Respondemos enfáticamente: ¿En qué mundo está viviendo el Presidente? ¿Si se han producido dos asesinatos de pueblos indígenas y otro líder indígena hospitalizado con un herido de bala, si hay cada vez más incidentes de violencia en nuestros territorios con una impunidad total, y el Gobierno no ha desalojado ni uno de los ocupantes ilegales hostiles de nuestros territorios, cómo puede ser considerado por nuestro Presidente ​protección? No estamos más seguros que cuando la Comisión emitió sus medidas por primera vez. El Presidente lo sabe. El actual Viceministro a cargo de las Medidas Cautelares (y los cuatro ministros que lo precedieron) lo saben. El mundo lo sabe.

En su último pronunciamiento público, la primera medida que el Presidente anunció fue una llamada a nosotros de terminar luchando para nuestros derechos (parar las recuperaciones pacíficas de las tierras ocupadas ilegalmente). El Presidente quiere que dejemos de hacer el trabajo que el Gobierno está legalmente obligado a hacer, pero durante décadas ha optado por no hacerlo.

Señor Presidente, su primera llamada debería haber sido a los que nos atacaron. Deberías haberles dicho firmemente que su gobierno no toleraría tal violencia y castigaría a los responsables en la mayor medida de la ley, y luego: hacer esto. En su lugar, el Presidente no mencionó que el Estado desestima muchas de nuestras quejas y siempre deja nuestros atacantes impunes. El Presidente debería haber mencionado que, hasta la fecha, el Gobierno de Costa Rica no ha encarcelado ni una de nuestras atacantes que nos mató, nos disparó, nos amenazó de muerte con machetes, garrotes, pistolas y piedras; quemó nuestras casas, nos rocía con pesticidas, o nos obligó a huir de nuestras casas. ​La inacción del Estado posibilita esta violencia.

El Presidente anunció que el Gobierno había aumentado las operaciones de seguridad en Térraba y esto hizo posible detener el asesino de Yehry Rivera. Primero, señor Presidente, la buena seguridad no es arrestar a un asesino, sino prevenir el asesinato en primer lugar. Además, para aclarar, desde que las Medidas Cautelares fueron emitidas en 2015, y a pesar de las recientes negociaciones con el Gobierno, el estado ​nunca ha aumentado la presencia policial en Térraba. Además, a pesar de las “alertas tempranas” emitidas hace dos noches sobre los grupos armados que estaban acumulando y preparando para hacer daño en Térraba, el Gobierno no hizo esfuerzos para proporcionar la seguridad adecuada.

Es cierto que lo que el Presidente no menciono es cómo un oficial de policía permaneció de pie mientras el cuerpo de Yehry yacía muriendo en el camino mientras sus atacantes lo pisaron, gritaron hija de puta, continuaron arrojando piedras y blandiendo sus garrotes. El presidente no mencionó que la noche anterior, dos patrullas policiales permitieron que un grupo armado de más de 100 personas retirara por la fuerza a indígenas Brörán de sus tierras tituladas y las oficiales no tomaron medidas para detener o arrestar a nadie. ​¿Esta es la protección policial que nos ofrece el Presidente?

El Presidente dijo que su gobierno ejecutó 8 órdenes de desalojo en Salitre. Esto es categóricamente falso. Durante más de 5 años, los Bribri han pedido al Gobierno que haga esto. En junio de 2019, el Gobierno puso en posesión de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) dos fincas que ya han sido recuperados previamente por personas indígenas –es decir, ​no desalojaron físicamente a nadie ​ . Los otros órdenes de desalojo siguen sin ejecutados, sus usurpadores siguen instigando violencia contra los Bribri, y hasta la fecha, el Estado nunca ha desalojado a nadie de Salitre. En Térraba, ningún desalojo ha sido ejecutado y su territorio está ocupado 80% de ocupantes ilegales.

El Presidente además pronunció sobre el plan nacional de recuperar los territorios indígenas. El Presidente omitió a mencionar que este plan está atrasado por más de dos años y que​no es un “plan de sanear”, sino ​otro estudio de los territorios de Salitre y Brörán. Hasta la fecha, el Estado no ha respondido a nuestras solicitudes de explicar cómo van a convertir los resultados de estos estudios a órdenes de desalojos ejecutados.  No es una cuestión de fondos, sino voluntad política.

El Pronunciamiento del Presidente hoy día nos quedó preocupados porque piensa que listando actividades y presuntos acuerdos es lo mismo de describir resultados. Las actividades no significan nada si no resultan en nuestra protección y el cumplimiento de la ley. Los presuntos acuerdos no significan nada si no hay implementación del Estado y la restauración de paz en nuestros territorios.

Condenamos y repudiamos el asesinato de nuestro hermano líder comunitario Yehry Rivera, tanto la tentativa de homicidio de nuestro hermano Mainor Ortíz Delgado, y ciertamente el asesinato de nuestro compañero Sergio Rojas y el fracaso del Estado de sancionar los responsables. Exigimos acciones inmediatas para sanear nuestros territorios y poner fin a la impunidad que nos trae más inseguridad.

Con urgencia solicitamos que la comunidad internacional y todos los ciudadanos de Costa Rica que cree en la dignidad humana, la no discriminación y en el Estado de derecho, para exigir que el Gobierno proteja a sus defensores y defensoras de los derechos humanos. Hoy somos víctimas, pero mañana puede ser otro grupo que defiende los derechos de los maestros, los trabajadores, u otros.

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