• Un aumento del desempleo incide directamente en incrementos de la pobreza, en momentos en que el gobierno aplica recortes al presupuesto que reducen las transferencias sociales.

Por Redacción

El dato es una estimación del presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez: “nosotros hemos estado analizando proyecciones que nos podrían llevar a un 25%”.

La última encuesta del INEC, en febrero, arrojó una tasa de desempleo del 12.4%, lo que equivale a unas 309 mil personas, sin embargo, hay marcadas diferencias ya que la tasa para hombres es de 9.6% y para mujeres de 16.7%.

En el supuesto de mantener la tasa de desempleo anterior y sumar las más de 360 mil personas que están solicitando el Bono Proteger la tasa de desempleo no solo llegaría al 25% sino que lo superaría e incluso podría ser del 30%. Claro que el bono no es solicitado solo por personas desempleadas, pero ante la falta de información del gobierno sobre el tema es la mejor aproximación posible.

Esta estimación está en sintonía con la publicada días atrás por el BID que pronostica varios escenarios, en el último y más severo se perderían 336 mil plazas (un 22.4%). Esta categoría, según el banco, implica una recesión prolongada sin recuperación en el mediano plazo.

Por su lado, las estimaciones del Ministerio de Trabajo son que un 40% de las personas ocupadas del sector privado se vean afectadas, lo que se traduciría en 789 mil personas.

Estas proyecciones son críticas por sí mismas, pero están incompletas, ya que solo contemplan la pérdida de empleos formales en el sector privado. A estos datos se le deben añadir la contracción en el empleo informal (cerca de 1 millón de personas en la informalidad) y la afectación parcial de empleo (suspensiones y reducciones) que rondarían las 75 mil personas.

Un aumento del desempleo incide directamente en incrementos de la pobreza, de hecho, ya una encuesta del CIEP de la UCR estima que el 57% de la población está teniendo problemas para vivir con los ingresos de su núcleo familiar. Esta problemática es agravada por la aplicación de la regla fiscal y el estrujamiento del presupuesto que reducen las transferencias sociales.

Ante esto son necesarias varias acciones de urgencia: la prohibición de despidos, suspensiones y reducciones, el no pago de la deuda para destinar esos recursos a la atención sanitaria y económica de la emergencia e impuestos al gran capital. No es de los salarios, del presupuesto de la CCSS o del INAMU de donde se deben sacar estos recursos para atender la emergencia.