• La CCSS, ICE, FANAL y otras instituciones para contener la pandemia son conquistas de las luchas sindicales de la clase trabajadora.
• Hay que suspender el pago de la deuda para reorientar estos recursos al fortalecimiento de las instituciones involucradas en atender la emergencia por el COVID-19.

Por Graciela Mora Padilla

En este contexto, donde la pandemia del COVID-19 escaló hasta convertirse en un fenómeno mundial con todas sus repercusiones sociales, económicas y políticas, nos parece de suma importancia recalcar el papel de las instituciones públicas y sus trabajadores y trabajadoras, como pilares fundamentales en la atención, tratamiento y prevención de la emergencia en Costa Rica.

En primer lugar, a partir del primer caso de coronavirus, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) inició las pruebas y diagnósticos necesarios para identificar el coronavirus, por medio de una prueba molecular que está a disposición únicamente de las autoridades de Salud.

Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) activó una serie de acciones desde la prevención hasta la atención ante los casos con COVID-19. Previamente al ingreso del coronavirus, integró un equipo técnico intergerencial que trabajó en los lineamientos y los planes de contingencia.[1] También, se modificó, ante la emergencia, los reglamentos que rigen el otorgamiento de licencias e incapacidades para asegurados activos, de manera que se pueda conceder este beneficio a contactos asintomáticos, pero que tienen una orden sanitaria para aislamiento domiciliar indicado por el Ministerio de Salud, en relación con COVID-19. Al ser un asunto de salud pública, la CCSS atenderá casos a personas sin seguro que tengan síntomas de coronavirus. Además, recalcar el papel de las personas trabajadoras de salud que están al frente de la atención de la emergencia.

También, instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que, ante la medida del teletrabajo, trabajo remoto y estudios por modalidad virtual en universidades públicas y privadas, amplió las velocidades a clientes de internet fijo de manera gratuita por un mes. Para los clientes de los servicios móviles postpago y prepago del ICE, se habilitó la navegación en los sitios web de la CCSS y del Ministerio de Salud sin que se consuman datos o saldo principal, con el objetivo de facilitar el acceso a la información oficial.

Hace poco más de un mes, se anunció con bombos y platillos la venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), como medida para reducir el déficit fiscal.  Actualmente, la FANAL juega un papel fundamental en la atención de la emergencia, dado que duplicó su producción de alcohol envasado para atender la demanda institucional para el público en general, ante la alerta por el COVID-19.

Por otro lado, mientras las aseguradoras privadas se niegan a cubrir seguros por accidentes y enfermedad laboral ante casos de coronavirus, el Instituto Nacional de Seguros (INS) garantiza cubrir con el seguro a los trabajadores y trabajadoras, siempre y cuando, el contagio se dé por consecuencia de su trabajo.

Correos de Costa Rica también se une a la atención, implementa todo un proceso mediante el cual se administra los inventarios de productos sanitarios, recibiendo las órdenes a través de una plataforma en línea, alista los pedidos y los distribuye en todo el territorio nacional.

Por último, la Universidad de Costa Rica (UCR) puso a disposición el Laboratorio Clínico y Banco de Sangre para procesar pruebas de coronavirus y así agilizar el proceso.

Todas estas instituciones públicas son conquistas sociales de la clase trabajadora y sectores populares de Costa Rica; no son regalos de la burguesía costarricense. Planteamos su defensa en tanto conquistas obreras y no porque rindamos culto al “Estado Social de Derecho” (al estilo del Frente Amplio que lo presenta como un aparato institucional sin carácter de clase burgués).

En los últimos años se intensificó la amenaza contra estas instituciones por parte de los gobiernos de turno y sus políticas neoliberales, bajo sus intereses de clase, quienes intentan desmantelar muchas de estas instituciones con la excusa de la regla fiscal, el pago de la deuda o para hacerlas más “eficientes”.

Ante esto, se hace evidente la necesidad de defender estas conquistas sociales, que además cuentan con trabajadores y trabajadoras que están al frente de la emergencia, poniendo su cuerpo para atender la crisis del COVID-19.

Desde el Nuevo Partido Socialista consideramos necesario suspender el pago de la deuda (que consume el 38% del presupuesto nacional) para reorientar estos recursos al fortalecimiento de las instituciones públicas.

[1] Ver https://www.ccss.sa.cr/noticias/salud_noticia?ccss-integro-equipo-tecnico-intergerencial-de-preparacion-frente-a-riesgo-de-introduccion-de-coronavirus