• Un informe del BID estima que el país perdería hasta 336 mil empleos formales producto de la crisis

Por Redacción

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el país perdería hasta 336 mil empleo formales producto de la crisis económica agudizada por la pandemia.

El documento contempla tres escenarios:

  1. Crisis de corto plazo: supone que la emergencia finalice en el segundo semestre del año y la recuperación inicie hacia los últimos meses.
  2. Crisis de mediano plazo: estima que la recesión se prolonga por tres trimestres y mejora en el cuarto.
  3. Recesión prolongada: presume una contracción de gran magnitud sin recuperación en el mediano plazo.

Para el primer planteamiento se esperaría una reducción del empleo de 7.9% (118.500), en el segundo escenario se perderían 219 mil puestos (14.6%) y en la última proyección la perdida sería de 22.4%, o sea, 336 mil plazas.

 

Fuente El Financiero

 

Esta proyección es crítica ya que por sí misma es enorme pero está incompleta, ya que solo contempla la pérdida de empleos formales en el sector privado. A estos datos se le deben añadir la contracción en el empleo informal (cerca de 1 millón de personas en la informalidad) y la afectación parcial de empleo (suspensiones y reducciones) que rondarían las 75 mil personas.

Las estimaciones del Ministerio de Trabajo son que un 40% de las personas ocupadas del sector privado se vean afectadas, lo que se traduciría en 789 mil personas.

Ante el panorama de pérdida de empleos el BID aconseja varias medidas: reducción de jornadas, diferimiento de pagos, impuestos y cargas sociales, préstamos, subvenciones, digitalización o teletrabajo. Todos mandatos para facilitarle las cosas al empresariado.

La respuesta del gobierno va es esa línea, medidas que son parte de las contra reformas con las que se venía poniendo al país en tono con las exigencias de la OCDE y que tienen como fin cargarle la crisis a la clase trabajadora y los sectores populares. La crisis no es causada por la pandemia sino potenciada por ella y las medidas que se han tomado para paliar sus efectos se colocan de espaldas a las y los trabajadores.

Ante esto son necesarias varias acciones de urgencia: la prohibición de despidos, suspensiones y reducciones, el no pago de la deuda para destinar esos recursos a la atención sanitaria y económica de la emergencia e impuestos al gran capital. No es de los salarios, del presupuesto de la CCSS o del INAMU de donde se deben sacar estos recursos para atender la emergencia.

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