• La incorporación del país a este organismo no puede ser entendida más que como parte de la avanzada reaccionaria contra la clase trabajadora y los sectores populares.

Redacción

Hoy se oficializó el ingreso del país a la OCDE, así culmina el proceso iniciado en 2015 durante la administración de Laura Chinchilla.

Este proceso implicó el examen de los 22 comités de la organización, la conformación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa que conociera los requerimientos y la aprobación de cientos de leyes, reglamentos y decretos.

En este proceso los diferentes comités han exigido cambios sustanciales en la legislación nacional para colocarla a tono con sus estándares. Si observamos los antecedentes de los países que integran este grupo, es fácil encontrar lo que los asemejaː son países con visiones afines de desarrollo y promotores del libre comercio a costa de desfavorecer a los sectores populares.

Dentro de la legislación afectada esta la relativa a la competencia, seguros de depósitos bancarios, equilibrio fiscal (Plan Fiscal), regla fiscal, contratación pública, zonas francas, mercado de seguros, educación, reformas al Banco Central, el INEC, RECOPE, INCOPESCA, etc. Prácticamente no hay un solo ámbito que no haya sido ajustado según las “recomendaciones”.

Durante el camino Enrique Egloff de la Cámara de Industrias había expresado que “la adhesión a tan importante grupo de países nos permitirá avanzar en reformas institucionales necesarias para hacer un Estado más eficiente, siguiendo las mejores prácticas de los países desarrollados” (resaltado editorial).

La OCDE es un organismo que aglutina a un grupo de países, en su mayoría ricos, que pretende uniformar las políticas públicas de sus miembros, colocándolos a tono con las exigencias de los mercados y las “mejores” políticas del capitalismo mundial. Es un club que pretende actuar en conjunto, siendo punta de lanza, en la defensa y preservación del capitalismo.

A tono con la incorporación el gobierno viene aplicando al pie de la letra los dictados del FMI para que la crisis (fiscal, económica y sanitaria) recaiga sobre los hombros de los sectores populares y la clase trabajadora. Porque los dictados de estos organismo son los de la burguesía mundial.

La inclusión del país a este organismo no puede ser entendida más que como un momento más (aunque medular por sí mismo) en la avanzada reaccionaria contra la clase trabajadora y los sectores populares, es un organismo injerencista que define las políticas del país de acuerdo a las necesidades del capitalismo mundial.

Esta adhesión simplemente viene a agudizar la concentración de la riqueza y el empobrecimiento de la clase trabajadora. La salida frente al crecimiento de la desigualdad social, la pauperización de las condiciones de trabajo y vida de la clase obrera no es con más capitalismo –“capitalismo verde, rosa o con rostro humano”. Por eso es necesaria una salida anticapitalista y socialista que refunde el país y coloque como prioritarias las necesidades de las mayorías.