• La pandemia es el pretexto de recortes a los ministerios, instituciones y personas trabajadoras estatales.

Marcela Ramírez Aguilar, Coordinadora de la regional 15 de APSE

Con la excusa de la alerta sanitaria, el gobierno ajusta por todo lado a la gente de abajo y beneficia solo a los grandes empresarios. La pandemia es el pretexto de recortes a los ministerios, instituciones y personas trabajadoras estatales pero aun así el COVID-19 parece extenderse por el país. El sector educativo está en el centro de los ataques en este momento.

El Ministerio de Educación Pública informó que no pagará este año el incentivo salarial conocido como Zona de Menor Desarrollo a quienes trabajen en sitios de escasos recursos principalmente en zonas rurales. El gobierno ataca el salario de las personas trabajadoras del MEP que en una gran parte sostienen la maltrecha economía en las distintas regiones del país. Para seguir llevando adelante la labor educativa, muchas personas han debido comprar equipo como impresoras, escritorios y dispositivos tecnológicos, y pagan Internet de su propio bolsillo y aun así el MEP insiste en no pagar el incentivo.

En días anteriores, el Ministro de Hacienda Elián Villegas planteó al Ministerio de Educación el recorte de más de 223 mil millones de colones en su presupuesto institucional. En vista de esto, se elimina el monto para pagar las plazas vacantes y congeladas por lo cual ya muchas personas trabajadoras recibieron el cese. Ya se cierne la amenaza de no pagar otros componentes salariales que son conquistas en el sector y que dignifican el empobrecido salario base en el MEP.

Además, a partir del próximo año el MEP inicia el cierre técnico del Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar (CNVMTS) que tiene 79 sedes a lo largo y ancho del país donde estudian 16.000 estudiantes y trabajan cerca de 1300 personas. El MEP alega que la modalidad tiene falencias pero las mismas son responsabilidad de la falta de soporte del ministerio y se podrían subsanar para posibilitar la vinculación con el sistema educativo de una población estudiantil con características socioeconómicas particulares como ser personas trabajadoras, madres y padres de familia, escasez de recursos, entre otras.

Otra propuesta gubernamental es el recorte de 48 mil millones de colones al presupuesto de las universidades públicas para reducir la crisis fiscal. Es de esperar recortes en gastos operativos colocando en riesgo la apertura de cupos y salarios especialmente de las personas trabajadoras interinas. Además se plantea el ataque a la autonomía universitaria mediante reformas constitucionales para reducir el presupuesto universitario. (Stephany Zúñiga, (2 de julio, 2020) https://izquierdaweb.cr/universidades/gobierno-le-receta-martillazos-a-las-universidades-publicas/)

Estos recortes afectan directamente el derecho a la educación del estudiantado y el derecho al trabajo de muchas personas en medio de la pandemia. Además, las universidades públicas brindan un sinnúmero de servicios al país. Muchos de estos tendrían problemas de funcionamiento ante la escasez presupuestaria.

El ajuste y los recortes se extienden a todas las instituciones públicas. Por ejemplo, a las y los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social que están en primera línea de combate al COVID-19, las y los diputados de la Asamblea Legislativa pretenden recortarles las pensiones y otros derechos modificando la Ley Constitutiva de la CCSS.

Agregar la intención del gobierno de vender instituciones públicas como Kolbi, INS, RECOPE, etc.

Probablemente muchas personas se queden sin trabajo y se precarice aún más las condiciones laborales y de vida en el país ante los ajustes que ya de por sí el gobierno tenía como intención aplicar siguiendo los mandatos del Fondo Monetario Internacional, y la OCDE. Pero estas amenazas no pueden normalizarse. La gente de abajo podemos organizarnos y pararle la mano al gobierno y los empresarios neoliberales. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo atacan nuestras condiciones de vida.

Ante este panorama proponemos:

1. ¡Basta de ataques a la clase trabajadora! Por impuestos al gran capital y las grandes fortunas. Además hay que acabar con la evasión y elusión fiscal, lo cual representa (según datos del ex ministro de Hacienda Rodrigo Chaves) 3800 millones de dólares al año.
2. Por la defensa de la educación pública en todos sus niveles. No se pueden permitir recortes al FEES y precarización laboral en el MEP.
3. Por el recorte al salario de los altos jerarcas, como el presidente, ministros, diputados y directivos de empresas estatales.
4. Organizarnos y luchar contra estos ataques del gobierno. Cuidar la salud no es exclusivamente evitar el contagio por coronavirus. También debemos proteger y mejorar las condiciones laborales que hoy este gobierno está atacando. La dignidad tiene estrecha relación con la salud mental y en general con el bienestar de las personas trabajadoras que aún en medio de la pandemia siguen sus labores.
5. Retomemos las calles. Se puede luchar y organizar concentraciones con distanciamiento físico así como organizar caravanas en vehículo empleando medidas sanitarias.
6. Luchar por un modelo sindical con dirigentes que luchen y motiven al sindicato a pelear contra los ataques del gobierno. Subrayamos que los sindicatos son espacios de organización política y de movilización para defender las condiciones laborales y mejorarlas por medio de la movilización.
7. La dirigencia de APSE no presenta un plan a seguir ante estos ataques. Por ejemplo, esperan que negociando con diputados (los mismos que aprobaron el plan fiscal y la ley antihuelgas) se pueda mejorar el proyecto de empleo público. Es necesaria una dirigencia que quiera luchar y organizar a la gran afiliación apsina para detener y revertir estos ataques.