• La Sala Tercera declaró inadmisible el recurso de casación de Mario Cerdas contra la condena de 8 años que se le impuso por el cultivo de mariguana.

Heidy Valencia Espinoza

Mario Cerdas Salazar es un activista por el uso de cannabis medicinal, víctima de persecución y criminalización por parte del Ministerio Público y el Estado costarricense, quienes le obligaron a cumplir con 6 meses de prisión preventiva en el 2015 y allanaron su casa en cinco ocasiones. Además, la Fiscalía montó una persecución con agentes encubiertos que trataron (sin éxito) comprarle cannabis.

A pesar de que fue declarado inocente en primera instancia, la Fiscalía apeló la sentencia en varias instancias judiciales. Aunque la Sala III emitió un fallo en el 2018 asegurando que el cultivo de cannabis para consumo personal no es un delito, el Estado se ensañó contra el activista violentando los derechos a la intimidad y el domicilio a través de la intervención de su teléfono y la vigilancia continua.

El Ministerio Público y el Organismos de Investigación Judicial han perseguido y criminalizado a Mario Cerdas Salazar, activista referente del movimiento cannábico en el país, generándole costos económicos, psicológicos y físicos a él y su familia durante años. Ha enfrentado dos juicios porque el Ministerio Público continúa la criminalización, por lo que se encuentra en prisión preventiva desde el 8 de agosto del 2019 y fue sentenciado el 6 de noviembre del 2020 a 8 años de cárcel.

Esta sentencia es que hoy la Sala de Casación Penal deja en firma tras declarar inadmisible el recurso de casación de la defensa.

Esta actuación del sistema judicial revela que para implementar protocolos de búsquedas de mujeres desaparecidas es totalmente inoperante, así como para el proceso y condena de femicidas, quienes incluso no obtienen prisión preventiva a pesar de las múltiples pruebas, son dejados libres o buscan cómo bajar las penas, es decir imperan la impunidad y la misoginia. Pero cuando se trata de un activista cultivador de cannabis para uso medicinal, el sistema judicial se vale de artimañas para su continua persecución y criminalización, aunque no sea un delito en la legislación costarricense.

La persecución y criminalización de Mario deja en evidencia el rol represivo y prohibicionista del Estado y el sistema judicial que amparados en la “guerra contra las drogas” no combate al narcotráfico, sino que criminaliza a las personas cultivadoras y encarcela a un activista por el cannabis medicinal. Asimismo, es debido a la ilegalidad que existen organizaciones criminales, violencia de los mercados ilícitos y represión del Estado contra las personas cultivadoras y consumidoras.

Por eso, es necesaria la regulación de las drogas, incluido el cannabis, para evitar el mercado ilícito y la alteración de sustancias por intereses lucrativos. También, se requieren políticas públicas para que no se criminalice el uso del cannabis ni ninguna sustancia en respeto a la autonomía personal y el derecho al desarrollo libre de la personalidad. La mejor manera de combatir el narcotráfico y respetar los derechos de las personas consumidoras es la regulación para un cultivo responsable y el uso sin riesgos, tanto para las personas enfermas como para el uso recreativo.