Este martes el Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José condenó a la iglesia católica (en la figura de la Conferencia Episcopal y las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José) y al arzobispo Jose Rafael Quirós Quirós por encubrir los abusos sexuales cometidos por el exsacerdote Mauricio Víquez contra un hombre.

Esta es la primera resolución de las tres causas interpuestas por igual número de víctimas en un proceso civil ordinario por daños y perjuicios. Los tres hombres eran monaguillos y denunciaron que los abusos sucedieron entre 1993 y 2003 dentro de instalaciones y vehículos de la iglesia. También interpusieron un proceso penal pero los tribunales determinaron que los casos estaban prescritos.

José Rafael Quirós, arzobispo de San José, durante décadas fue el vicario general de la Curia Metropolitana, puesto en el cual recibió los reportes sobre las acciones de Víquez, sin embargo, permitió que el sacerdote siguiera sus labores trasladandolo de una parroquia a otra. Los denunciantes alegan que las autoridades eclesiásticas fueron “permisivos, complacientes y cómplices”. En la demanda, además, se les acusa de que “han hecho caso omiso de las mismas [acusaciones], teniendo una conducta arbitraria, negligente y absolutamente contraria a la tutela de los derechos humanos”.

En marzo pasado el Tribunal Penal de Desamparados dictó una sentencia de 20 años de prisión contra Víquez. Se le impusieron 14 años por violación agravada y 6 años por abuso sexual contra persona menor de edad. Se le encontró culpable de abusar sexualmente de un niño en 2003 cuando era cura párroco de una iglesia en Patarrá de Desamparados, en ese momento el menor tenía 11 años (actualmente tiene 30).

En respuesta a la sentencia la iglesia simplemente comunicó que apelará la sentencia: “Ante la Sala reiteraremos la existencia de la prescripción y pediremos a la Sala la correcta aplicación del derecho”. Ni una palabra sobre los abusos del sacerdote y el encubrimiento de la alta jerarquía. 

Aunque esta resolución es positiva en el reconocimiento de la responsabilidad de la iglesia como institución por la permisividad ante los abusos sexuales, hay que tener en claro que este proceso se da en la vía civil y no penal, por lo que solo se impuso el pago de un monto económico. Esto es así debido a que el Poder Judicial cómplice se encargó de “minimizar los daños” al individualizar la causa. El amparo de la confesionalidad del Estado es un garante de privilegios e impunidad para la iglesia por lo que es necesaria la lucha por el Estado laico.