En los últimos días se produjeron una serie de bloqueos comunales en diferentes zonas del país, producto de problemas con servicios públicos básicos y de infraestructura educativa

El 02 de mayo, la comunidad de Hatillo 6 bloqueó de forma intermitente la carretera de Circunvalación en horas de la mañana, exigiendo al gobierno una solución inmediata ante el recurrente desabastecimiento de agua. Este problema es crónico en la zona, pues todos los veranos se realizan cortes del servicio; para esta ocasión, los vecinos denuncian que, los cortes en el suministro de agua, se extiende hasta por 19 horas diarias. Ante eso, exigieron que el AyA cumpla con los horarios anunciados de racionamiento. Sin duda alguna, el calentamiento global es una causante de la escasez del líquido vital, pero también se produce por la falta de inversión en infraestructura por parte del AyA, pues, de acuerdo informes técnicos, en el país se pierde hasta el 51% del agua potable por fugas en tuberías dañadas u obsoletas.

Ese mismo día, la comunidad de La Trinidad realizó un bloqueo ante la suspensión del servicio de autobuses en la localidad. De acuerdo a los protestantes, desde febrero se sabía que eso podía suceder, pero en el Consejo de Transporte Público (CTP) no se avanzó en evitar el problema. La situación es sumamente compleja para los vecinos y vecinas de la zona, pues dependen del transporte público para asistir a citas médicas, desplazarse hasta los centros de trabajo y estudio, mantener a flote los “emprendimientos” locales, entre otras cosas.

Por último, en la noche del 31 de abril se realizó un bloqueo sobre la ruta 32, protagonizado por la comunidad de Batán en Limón. En su caso, la molestia que generó la protesta son las pésimas condiciones de infraestructura en la escuela de la comunidad, lo cual había provocado manifestaciones en años anteriores. Un conglomerado de madres y padres de familia, estudiantes y personal que labora en la institución, exigen al gobierno la entrega de nuevas instalaciones educativas para este año, porque ya están cansados del reiterativo incumplimiento de las autoridades.

Para el caso de Costa Rica, las luchas comunales son sintomáticas del malestar social acumulado; es un sector que actúa como “caja de resonancia” de los problemas sociales, por lo cual es de los primeros en salir a luchar. Sin ir más lejos, eso aconteció durante el gobierno de Laura Chinchilla, cuando las luchas comunales antecedieron a la reactivación de las luchas que se produjo entre 2012-2014.  Es factible que se realicen más de estas movilizaciones en lo venidero, pues a partir de este año se aplicará ferozmente la regla fiscal y los recortes al presupuesto.

Por otra parte, es llamativo que estas protestas se realizaron en torno a la marcha del 1° de mayo, lo cual denota la potencialidad de la clase trabajadora para centralizar el malestar de toda la población explotada y oprimida, pero eso es constantemente bloqueado por las burocracias sindicales que promueven un gremialismo burdo y, además, no llaman a sus bases a movilizarse.

El progresivo retorno a la “normalidad” tras dos años de pandemia, facilita la reconstrucción de vínculos de socialización y resistencia. Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) insistimos en que la tarea del momento es retomar las calles contra al ajuste del gobierno y el FMI. Por eso, impulsamos –en conjunto con otros sectores- la marcha durante el traspaso de poderes del 08 mayo, con el objetivo de preparar la resistencia contra los ataques de este gobierno y la Asamblea Legislativa desde el primer minuto.