• Para acabar con la corrupción es necesario sacar a los burgueses y sus gobiernos del poder.

Johan Madriz

Hace unas horas las autoridades judiciales y el OIJ iniciaron una serie de allanamientos y detenciones en el caso denominado Operación Diamante. Este implicaría a al menos ocho municipalidades con presuntas acciones de corrupción en la licitación de obras públicas.

Los allanamientos se realizaron en las municipalidades de San José, Cartago, Alajuela, Escazú, Osa, Siquirres, Golfito y San Carlos. Además, en las oficinas del MOPT y en varias empresas dedicadas al procesamiento de asfalto.

Al momento se han detenido a 11 personas: Johnny Araya, alcalde de San José; Mario Redondo, alcalde de Cartago; Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos; Humberto Soto, alcalde de Alajuela; Alberto Coles alcalde de Osa; funcionarios de MECO y empleados municipales.

Según la información del caso brindada hasta el momento se investigan delitos de cohecho propio, cohecho impropio, tráfico de influencias y peculado de estos funcionarios que estarían vinculados con MECO para que la empresa obtuviera licitaciones, se le pagaran facturas por adelantado o se diera un inicio anticipado de las obras.

Walter Espinoza, director del OIJ, señaló que: “El punto concéntrico de la actividad es la empresa MECO, que es la que participa en las licitaciones, la que genera acomodos en los carteles, la que hace sugerencias, la que cancela dadivas y las municipalidades funcionan como puntos de interés, como áreas en las que se puede obtener dinero más allá del que produciría normalmente una licitación”.

Justamente MECO es una de las empresas que también está involucrada en la mega trama de corrupción Cochinilla que hace unos meses destapó las redes de trafico de influencias entre el gobierno y varias empresas para la obtención de licitaciones de multimillonarias obras a través de la figura de concesión de obra pública.

La justicia burguesa no es nada confiable y en los procesos de corrupción usualmente se garantiza la impunidad de los grandes empresarios y los altos funcionarios públicos. Es por esto por lo que es necesario que desde abajo nos organicemos y movilicemos para exigir cárcel efectiva a las personas investigadas. Además, se requiere la expropiación de los bienes y las cuentas de las empresas corruptas.

Uno de los fundamentos de la multiplicidad de casos de corrupción con la construcción de obra publica es el modelo de concesión vigente que fomenta estos negociados, mientras que las obras desarrolladas son de baja calidad y con altos precios. Es por esto por lo que desde el Nuevo Partido Socialista planteamos la derogatoria inmediata de la Ley de Concesión de Obra Pública. Deben ser el MOPT, el AyA y el ICE los que construyan la infraestructura del país y generen empleo genuino, orientado especialmente a la juventud y las mujeres, sectores con las mayores tasas de desempleo en el país.

La corrupción se encuentra en todos los niveles y le cuesta cientos de miles de millones al país, agudizando el faltante de recursos. Luego el gobierno le achaca la crisis fiscal a los salarios y las pensiones, ajustando a las y los de abajo con impuestos indirectos y precarización laboral. Lo cierto es que es la deuda, la corrupción y la evasión lo que drena las arcas estatales y todo al amparo de un gobierno que favorece a los de arriba con exoneraciones, privilegios y tráfico de influencias.

Para acabar con la corrupción es necesario sacar a los burgueses y sus gobiernos del poder, que gobierne la clase trabajadora en unidad con los sectores explotados y oprimidos para que el gobierno no esté en función de empresarios, sino de las y los de abajo.

¡Cárcel efectiva para empresarios y funcionarios corruptos!

¡Expropiación inmediata de empresas corruptas!

¡Derogatoria inmediata de la Ley de Concesión de Obra Pública!