Por Redacción

El presidente Carlos Alvarado atizó los tambores de guerra contra las y los de abajo: “habrá que hacer un severo recorte del Presupuesto de la Republica” para hacerle frente a la crisis fiscal y económica que vive el país.

Estas declaraciones se dan mientras el gobierno cumple a pie puntillas el plan de ajuste solicitado por el sector empresarial, principalmente por la UCCAEP, para recargarle a la clase trabajadora la crisis. Hace algunas semanas las cámaras empresariales le “solicitaron” al gobierno cumplir con un pliego de demandas, todas regresivas en cuanto a derechos laborales y en materia ambiental.

En esta lista, de más de cien puntos, exigen la reducción del gasto público mediante la aplicación estricta de la regla fiscal, la reforma al INA, la revisión de los recursos para la educación pública (FEES) y la aprobación de la ley de empleo público.

Bajo la justificación de la pandemia el gobierno ha tomado todas las medidas solicitadas por la burguesía: readecuación de deudas, mejoras en las condiciones del crédito, suspensión del pago de impuestos, reducción de la cargas sociales, posibilidad de reducción de jornadas laborales y suspensiones, simplificación de trámites basados en declaraciones juradas, reducción de costos de servicios públicos, aplicación a raja tabla de la regla fiscal, reducción del gasto público, congelamiento de salarios del sector público, etc.

De esta forma es más que evidente que el recorte presupuestario no provendrá de la declaratoria de no pago de la deuda, elemento que consume más de un tercio del presupuesto y real causante de la asfixia presupuestaria.

Asimismo, en estos momentos el gobierno se encuentra negociando un préstamo Stand-by Arrangement (SBA) con el FMI, adicional a los $508 millones ya obtenidos mediante un Instrumento Financiero Rápido (RFI). Con este préstamo ya se adquirió el compromiso de alcanzar un superávit primario de 2.2% del PIB al 2024. Si tomáramos los datos al 2019 el ajuste prometido seria por cerca de ¢1.8 billones (¢782 mil millones del +2.2% de superávit y ¢1 billón del -2.78% del déficit registrado). Sin embargo, las previsiones del Ministerio de Hacienda son que el déficit podría llegar al 10% del PIB (el 2019 cerro en 6.96%) así que el ajuste promete ser aún más brutal.

Otra de las promesas fue reducir la deuda publica un 50% al 2034, el año pasado esta cerró en 58.5% del PIB y se estima que este año sería entre 67-70%.

El plan del gobierno de Carlos Alvarado es utilizar la deuda externa para sostener las finanzas estatales y esgrimir la incorporación a la OCDE como justificación para cualquier medida de ajuste. Su tarea prioritaria es cumplir la agenda que le dicta la UCCAEP y cumplir colon tras colon con los ¢4.01 billones de pago de deuda que están presupuestados este año.

Por eso es necesario plantear el no pago de la deuda y rechazar la injerencia del FMI, porque esto significa defender los intereses de las mayorías trabajadoras, porque hay que tener claro que pagar es imponer un ajuste fiscal sobre las y los de abajo.

El no pago debe ir acompañado del ataque a la evasión y fraude fiscal que representan el 8% del PIB y el establecimiento de una nueva estructura fiscal donde sean los sectores capitalistas los que más paguen en lugar de gravarse el consumo: impuestos a las exportaciones y las zonas francas (quienes mayores beneficios obtienen y menos tributan). Revisar las exoneraciones fiscales (6% del PIB) y derogar las que benefician al capital. Con estos recursos se debe iniciar un plan de construcción de obra pública que genere empleos y dinamice la economía.

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