• Hay que entender que el gobierno deja pasar los aumentos de precios como una consecuencia más de los ataques dispuestos en el acuerdo con el FMI.

Johan Madriz

Recope anunció que realizó una nueva solicitud para aumentar los precios de los combustibles debido a las variaciones internaciones de los precios del crudo y del tipo de cambio. La gasolina super aumentará ₵42 (+4,7%), la plus ₵38 (+4,3%) y el diésel tendrá una variación de 7,1% (₵59). Este será el primer ajuste tarifario del mes y se suma al alza de marzo que cerró como el mes con el incremento mensual más alto en los últimos 15 años. El diésel tuvo una suba de 25,9% con respecto al precio fijado a principios de ese mes, la gasolina regular tuvo una variación de +18,9% y la super de +18,8%.

Estos ajustes presionan el Índice de Precios al Consumidor que, ya de por sí, venia mostrando una tendencia alcista desde el año pasado. A marzo el indicador tuvo una variación positiva de 5,79% con respecto al mismo mes de 2021. Este aumento tiene, en gran parte, una motivación en los precios de los combustibles, ya que, afecta los costos de toda la cadena productiva. Además, la depreciación del colon con respecto al dólar continúa escalando y en un mes el tipo de cambio aumentó ₵25, encareciendo aún mas las importaciones.

De la mano de los combustibles van las tarifas de transporte público (cuya metodología de ajuste es más lenta, pero su incrementó será acumulado) que son un componente muy delicado en las economías familiares de la clase trabajadora. Al respecto el Consejo de Transporte Publico aseguró que los incrementos en los precios de las gasolinas podrían “paralizar” los servicios de transporte. Su director, Manuel Vega, señaló que “consideramos que un aumento tal y como se está proponiendo podría traer eventualmente, para el caso de Costa Rica, una paralización a nivel productivo, iniciando principalmente en el transporte público”.

Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara de Transportes, expresó que las autobuseras estarían “prácticamente en un paro técnico y esto obligaría a las empresas a reducir sus esquemas de operación y frecuencia de servicios”. Además, señaló que, desde mayo de 2020 hasta ahora, el costo de llenar el tanque de una unidad se incrementó entre un 111% y 136%, por lo que advierte que se requerirán incrementos en las tarifas de autobuses de por lo menos un 16% para compensar los gastos en combustibles. En la misma línea, la Arecep aprobó la semana pasada un aumento en la tarifa de taxis, cuyo primer kilómetro pasa de ₵645 a ₵850 (+₵205).

A pesar de esto, el gobierno y la Asamblea Legislativa se enfrascaron en una discusión sobre las medidas a tomar para paliar estas alzas sin llegar a ningún acuerdo. En medio los sectores populares sufren las consecuencias de ver cada día como su salario alcanza para menos. Presidencia envió una propuesta para la suspensión de la actualización trimestral del impuesto único a los combustibles por 12 meses, es decir, congelar el monto actual. Esto fue rechazado por el Congreso y propusieron una reducción del impuesto de ₵100 por litro, lo que implicaría una rebaja de entre 11% y 12% del precio actual. Esta medida estaría vigente por seis meses y sería prorrogable por un periodo igual.

Además, se exoneraría completamente del pago del tributo a los operadores de transporte público y al sector agrícola. El monto de esa reducción tributaria tendría que ser compensada con nuevos recortes del gasto y Hacienda estimó que sería por un monto cercano a los ₵200 mil millones. Esta medida beneficia, principalmente, al sector empresarial con la atenuación del costo por combustible y la exoneración fiscal, lo cual no tendrá una correspondencia con la baja en las tarifas del trasporte público.

Tanto el Ministerio de Hacienda como el presidente electo, Rodrigo Chaves, han expresado su rechazo a la aprobación de ese proyecto por la afectación en las finanzas públicas. El ministro Elian Villegas señaló que “es un garrotazo terrible” y que “el problema no se puede resolver internamente, es un problema que viene de fuera”. Desde su perspectiva burguesa esa rebaja impositiva genera un hueco fiscal que afecta el proceso de “equilibrio de las finanzas” y eso es algo que no se pueden permitir. En ningún momento se les pasa por la cabeza que, ante el faltante de recursos, en lugar de realizar recortes aumenten la carga impositiva a las grandes empresas y fortunas.

Esta renuencia se debe a la defensa incondicional del pago de la deuda publica que es el gran lastre en las finanzas y que consume prácticamente la mitad del presupuesto. El sustento de esa posición es que hay que cumplir a cabalidad el plan de ajuste, por lo que hay que entender que en última instancia que el gobierno simplemente deje pasar los aumentos de precios es una consecuencia más de los ataques dispuesto en el acuerdo con el FMI. Como no podía ser de otra forma, lo último que tienen en consideración son los efectos sobre las y los de abajo que siempre terminan pagando.