• Se rechazaron algunos recortes a la Educación Superior Pública en Hacendarios.

  • Se aprobó obligar a las instituciones públicas a subejecutar, al menos, un 10% del presupuesto.

Sthefanny Zúñiga

El día lunes 20 de julio se discutió en la Asamblea Legislativa el expediente 22.080 del presupuesto extraordinario de la República, el cuál fue dictaminado positivo por la Comisión de hacendarios y ahora pasará a discutirse en el plenario legislativo.

Este presupuesto saldrá con fuertes recortes a distintos sectores, dentro de la comisión se propusieron varias mociones para recortarle presupuesto a las universidades públicas, una de parte de Liberación Nacional y que buscaba recortar 7.5 mil millones al presupuesto, otra del independiente Harllan Hoepelman que buscaba recortar 5.672 millones. Estas mociones no se concretaron, la primera fue retirada antes de votarla y la segunda fue rechazada.

Uno de los momentos más surrealistas de la sesión ocurrió cuando el mismo equipo técnico de la Asamblea Legislativa dijo que este poder podía recortarle fondos al FEES, contradiciendo la misma Constitución Política, aunque luego tuvieron que rectificar -a medias- ya que nunca dejaron en pie que la Asamblea no puede recortar el FEES.

Además, las justificaciones de los diputados para estos recortes sólo dejan ver su odio y desprecio por las Universidades Públicas, el mismo Hoepelman se dejó decir que ellos sólo buscaban “Desvestir un santo para vestir otro” ni tan siquiera le importaba qué áreas se verían afectadas con el recorte, llegando a excusarse en que “las universidades están con teletrabajo, ya no tienen que gastar en papel y tinta” (1) para hacer el recorte.

Sin embargo, uno de los recortes que sí pasó fue el propuesto por Pablo Heriberto Abarca (PUSC) cuya moción buscaba que:

Durante el año 2020 todos los ministerios y sus entes adscritos (…) y las entidades que reciben transferencias a través del Presupuesto de la República vigente, quedan obligados, a partir de la vigencia de está ley, a realizar una subejecución de al menos un diez por ciento (10%) de su presupuesto disponible en cada programa presupuestario (…) esta subejecución no podrá ser considerada para reducir posteriormente el presupuesto de las subpartidas o partidas subejecutadas” (Subrayados nuestros) (2).

En pocas palabras, la Asamblea Legislativa estaría obligando a las instituciones públicas a no utilizar (dejar guardado) todo su presupuesto para “ahorrar más” ¡Todo un disparate austericida! Y, por si fuera poco, como mecanismo para evitar la aplicación de este esperpento lo que propone el diputado es lo siguiente:

“… la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) podrá autorizar el incumplimiento de está norma, cuando estrictamente:

Se verifique la imposibilidad de cumplirla

Se demuestre que su aplicación resultaría en un mayor costo para el Estado” (2)

Lo cuál es imposible, ya que, “la imposibilidad” de algo no se puede demostrar de igual forma ¿Cómo se demostraría que el no suebjecutar es deteriorar el Estado? Las distintas instituciones ocupan ejecutar al máximo sus presupuestos para atender a la población.

Por poner un ejemplo, con está nueva norma la Caja Costarricense del Seguro Social tendría que “guardar” parte de su presupuesto ¿Qué debería dejar de financiar? ¿Compras de equipos? ¿Atención a las personas? Igualmente las Universidades Públicas ¿Qué debe reducir? ¿Becas? ¿Acción Social? ¿Infraestructura? ¿Investigación? Y la respuesta, para ambos casos (y para cual otra institución), es: nada.

Las instituciones públicas, que hemos alcanzado luego de tantas luchas, no tienen por que verse obligadas a “guardar” sus presupuestos todo por las ideas irracionales de los diputados. Tan irracional que están obligando a las instituciones a hacer lo que tanto les han criticado.

Otra de las discusiones importantes que se dieron hoy fue sobre la reforma al artículo 85 de la Constitución Política, el cuál buscaba modificarse para asignarle a las sedes y recintos un 30% -una reforma que se agarra de un elemento progresivo, como lo es darle más financiamiento a Sedes y Recintos Regionales para continuar violentando la autonomía universitaria y justificar recortes al FEES- esta discusión terminó con la aprobación de un informe de mayoría negativo sobre la reforma, y su traslado a plenario para ser votado. Y de ser aprobado por el plenario la reforma no procedería.


1. Parafraseo de las palabras del diputado Hoepelman. Sesión de Hacendarios. Lunes 20 de julio.

2. Moción No. 2-13. Sesión No. 13. Comisión de asuntos hacendarios. Diputado Pablo Heriberto Abarca. Ver discusión de la sesión del día lunes 20 de julio. La moción también excluye las partidas de remuneraciones.

 

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