• Todas las medidas propuestas por la UCCAEP apuntan a favorecer las ganancias capitalistas, eliminar controles ambientales y reducir derechos laborales.

Por Deby Calderón Vega

En tiempos de pandemia los grandes empresarios buscan acelerar sus planes con el objetivo de engrosar sus ganancias a costa de la mayoría del pueblo trabajador. El pasado 5 de junio, la Unión de Cámaras Empresariales (UCCAEP), presentó al gobierno de Carlos Alvarado la propuesta “Un Pacto por el Empleo” que, según ellos, busca “generar confianza, inversión, reactivación económica y elevar el empleo”. (1)

La mayoría de estas medidas fueron planteadas por estos sectores antes de la emergencia por el Covid-19, pero con aprovechan la crisis actual para acelerar su implementación. Todas las medidas propuestas apuntan a favorecer las ganancias capitalistas, eliminar controles ambientales y reducir derechos laborales, de manera que la crisis la pague el pueblo trabajador y la naturaleza, nunca el gran capital ni las ganancias.

Algunas de sus propuestas son:

-Detener el “acoso ambiental” y flexibilizar el “exceso de normativa” que afecta la producción.

-Detener el “asedio legislativo” de los proyectos de ley que nos les agrada, como los que tienen que ver con fortalecer la inspección laboral, la reducción de desechos plásticos, regular los precios de los medicamentos o el levantamiento del secreto bancario.

-Reducción de precios de electricidad, agua y combustibles para las empresas.

-Amnistía para cargas sociales y ambientales.

-Flexibilización de jornadas laborales y aseguramiento dependiendo de la jornada.

-Flexibilización para el registro de agroquímicos y semillas.

-Debilitar la Secretaría Técnica Ambiental y los requisitos de los Estudios de Impacto Ambiental.

-Permitir la exploración y explotación de gas natural, así como su importación.

-Más apertura de generación eléctrica.

 

Es evidente que, para el empresariado, la clase trabajadora y la naturaleza no son más que recursos para exprimir y extraer ganancias. Quieren un país con una legislación más endeble, que les permita destruir, pagar salarios de hambre, contaminar sin costo, reducir sus gastos en energía, agua y gestiones legales y administrativas. Con la excusa de la pandemia pretenden debilitar las garantías laborales y mecanismos de inspección ambiental que garantiza condiciones mínimas de vida.

Buscan reducir significativamente las evaluaciones de impacto ambiental como denunció la FECON recientemente (2), así sobreponen los criterios económicos por encima de los ecológicos y científicos.

Tienen al gobierno de su lado que, mediante Decreto N°42262-S, flexibilizó el registro de agroquímicos, incluso antes de que las cámaras patronales se lo propusieran (3), medida que claramente beneficia a los importadores de agrotóxicos y a las agroindustrias contaminantes; además afecta la salud de la clase trabajadora, los consumidores, la fertilidad de la tierra y la salud del recurso hídrico.

No les importa contaminar nuestros alimentos con tal de producir más rápido y a un menor costo, en el país que consume más agroquímicos por hectárea del mundo. La apariencia de “país verde” en beneficio del empresariado turístico es una gran mentira, pues 65% de nuestros alimentos frescos contienen residuos de agroquímicos y el 19,5% tienen niveles por encima de lo permitido. (4)

Mientras impulsan sus políticas contrarias al ambiente, se aprovechan del desempleo y la falta de oportunidades para sobreexplotar a la clase trabajadora. Las piñeras, naranjales y bananeras de la zona norte y caribe, aprovechan el abandono estructural del Estado en las regiones fronterizas, lo que dota de un privilegio a estas empresas para pagar salarios de hambre, no cotizar al seguro social y aprovecharse de la vulnerabilidad social de las personas migrantes. Sumado a esto, no quieren que se fortalezcan los mecanismos de inspección laboral, buscan reducir “cargas sociales y ambientales”, así como la flexibilización de las jornadas laborales para poder explotar a su antojo sin obligación de pagar salarios mínimos.

La crisis evidencia que para los capitalistas la clase trabajadora y la naturaleza somos mercancías

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